Ni Podemos intentará abolir los toros desde el Gobierno ni el PSOE dejará resquicios para que Pablo Iglesias lo intente. La Dirección General de Protección Animal, que regirá Sergio García Torres, antitaurino confeso, no dispondrá de competencias al respecto. Por otro lado, el núcleo duro de la formación morada ya ha acuñado su estrategia: "No prohibir, sino dejar languidecer".
Así lo transmite un importante portavoz de Unidas Podemos a este diario: "Estamos claramente en contra de la tauromaquia, pero prohibirla generaría una fuerte reacción a su favor". Entonces, ¿cuál es la intención? Buscar todos los recovecos posibles para "impedir subvenciones".
Con esta premisa, los de Iglesias renunciarán a una parte de su último programa electoral. El texto hablaba, literalmente, de "prohibir los espectáculos que impliquen el maltrato animal". Esta mención ya desapareció del acuerdo de coalición.
No obstante, y por si Unidas Podemos cambiara de opinión, los socialistas han blindado las áreas relacionadas con la tauromaquia, que depende del Ministerio de Cultura. Una cartera a cargo de José Manuel Rodríguez Uribes, hombre perfectamente integrado en el aparato de Ferraz.
A día de hoy, sólo hay un par de subvenciones estables que parten del Ejecutivo: el premio nacional (30.000 euros) y otra que otorga una cantidad similar a la Fundación Toro de Lidia. Ésta última proviene de Cultura, así que también estará lejos del alcance de Podemos.
Los taurinos del PSOE
Para muestra, un botón: en Unidas Podemos ya reconocen que los toros no serán abordados por la Ley de Bienestar Animal. Un proyecto en manos de García Torres, animalista que milita en Podemos desde 2014 y cuyo puesto está adscrito a la vicepresidencia de Iglesias.
Dos pesos pesados del Gobierno se han manifestado taurinos en varias ocasiones. El ministro José Luis Ábalos, al que se suele ver en las plazas, es además hijo de Carbonerito, torero conquense republicano cuya trayectoria se vio frustrada por la Guerra Civil -una biografía que detalló este diario-. Carmen Calvo, en junio del año pasado, habló de "libertad" y aseveró que "los toros son de todos". Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, se postuló en contra y suscitó el malestar de varios compañeros.
En 2018, el PSOE tumbó una propuesta que llevó Podemos al Parlamento de Andalucía para prohibir las subvenciones públicas a los espectáculos taurinos y denegar la entrada a los menores.
La prohibición de la fiesta, al poco de empezar, va camino de convertirse en una de esas renuncias que un partido asimila cuando se trata de coaligarse. Aunque la propia dirección de Podemos ha madurado una estrategia que pasa por 'ayudar a morir en lugar de matar'.
"En el partido, todos estamos claramente en contra. Las pequeñas discrepancias tienen que ver con los plazos, pero Pablo también es consciente de que la apuesta por la abolición es contraproducente. No vamos a ser nosotros quienes lancemos gritos desgarradores. Eso provocaría una reacción en favor de los toros, una tradición que se va muriendo cada vez más rápido", razona una de las mentes pensantes de Podemos en charla con este periódico.
Podemos pondrá las banderillas, pero no blandirá el estoque. O dicho de otra manera: intentará retirar todas las subvenciones que pasen por sus manos. Aunque no serán demasiadas debido a las competencias previamente analizadas.
La clave está en el BIC
Además, los de Iglesias trabajarán para "apartar a la infancia" de las plazas y por tipificar a los animales como "seres sintientes". Así quedó de manifiesto con una proposición que llevaron al Congreso la legislatura pasada.
"Torturar y matar a un toro es algo que pertenece a otro siglo. Decae por su propio peso. Ha reunido historiadores, pintores, poetas, empresas... Pero interesa cada vez menos", arguyen desde Podemos.
En 2013, la tauromaquia fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Una condición que sellaron PP, UPyD y UPN. Esa catalogación blinda la fiesta de muchas estrategias abolicionistas. Por ejemplo, la protege de resoluciones autonómicas y referéndums municipales. Así lo ha considerado el Tribunal Constitucional. Véanse los casos de Cataluña o San Sebastián.
Al tener la categoría de BIC, las Cámaras regionales y los consistorios pierden su potestad para legislar en torno a la prohibición.
El último viraje de Iglesias fue, precisamente, el paso de la abolición a la prohibición previo referéndum. "No se puede hacer por decreto", reconoció en varias entrevistas televisivas. Una postura que, mientras la tauromaquia sea BIC, no tiene demasiado recorrido.