El pasado noviembre, inmediatamente después de constituirse la nueva Comisión Europea, desde Bruselas se mandó un mensaje a Moncloa: en cuanto se forme Gobierno hace falta que éste mande unos Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas de 2018, elaboradas -ya entonces con retraso- por el ministro popular Cristóbal Montoro, han seguido vigentes en 2019 y todavía rigen hoy, entrado 2020. La misiva le llegaba a un presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ya se había abrazado a Pablo Iglesias prometiendo gasto, gasto y más gasto.
El vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni reclamaban entonces a España un ajuste adicional de unos 8.000 millones de euros sobre la senda de gasto 2019-2022 presentada en Bruselas unos meses antes. La Comisión se hacía cargo de que los Presupuestos eran una ley prorrogada por la inestabilidad política, pero exigían a Sánchez -y, por ende, a Nadia Calviño y María Jesús Montero- rigor, en previsión de lo que se venía: millones para la dependencia y contra la violencia de género, más gasto en sanidad y en Educación, alzas en los sueldos de los funcionarios...
Las promesas de gasto social del entonces incipiente gobierno de coalición no casaban con los números. Y, en realidad, siguen sin hacerlo. Tanto que fuentes parlamentarias de Unidas Podemos admiten que "si hay que bajar el déficit y hemos dicho que vamos a subir el gasto, de algún lado habrá que sacar el dinero".
María Jesús Montero, durante una comparecencia parlamentaria.
Más aún teniendo en cuenta el entorno de desaceleración económica a nivel global que ya ha hecho bajar las previsiones de crecimiento un par de veces desde que se envió el primer documento a Bruselas: hoy, el Ejecutivo ya dice que el PIB no subirá más de un 1,6% este año y un 1,5% el que viene.
El Ministerio de Hacienda de Montero anunció a Bruselas que preveía subir su recaudación de ingresos para el estado en más de 5.654 millones de euros para este año con la aplicación de la primera de las "reformas fiscales" que, todo hay que decirlo, no ocultó ni el PSOE ni Unidas Podemos en la campaña electoral.
En total, el Gobierno prevé una batería de al menos 13 actuaciones sobre los impuestos en estos primeros meses de 2020. Algunos de ellos ya han sido lanzados, y otros se han anunciado. En todo caso, todos ellos han hallado respuesta.
Sociedades: 1.500 millones
El Gobierno quiere armonizar esta figura impositiva por la vía de la limitación de las exenciones y estableciendo un suelo de tributación mínima. La idea es retirar los estímulos "artificiales" que se introdujeron durante la crisis para facilitar la vida a las compañías y evitar una mayor destrucción de empleo y de tejido empresarial.
Representantes de los sindicatos y la CEOE con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Además, el acuerdo de coalición recoge "muy claramente" el establecimiento de una tributación mínima del 15% sobre la base imponible. Con esta medida, que se aplicaría en empresas con una facturación anual de más de 20 millones de euros, el Gobierno pronostica lograr una recaudación adicional de 1.776 millones.
Adicionalmente, Hacienda ha anunciado una rebaja del tipo para las pymes que prevé que haga caer su recaudación en este sector en unos 260 millones. Es decir, el saldo entre alzas y bajas: unos 1.500 millones más para el erario.
IRPF: 328 millones
Lo único que está claro es que las rentas más altas deberán afrontar una subida del Impuesto sobre la Renta (el IRPF). A pesar de que el PSOE negara que fuera a contemplar esta medida en los prolegómenos de la campaña electoral, las presiones de Unidas Podemos -y la propia realidad económica- han surtido efecto y finalmente los próximos Presupuestos Generales del Estado incluirán un incremento de dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro para las que estén por encima de 300.000.
En todo caso, el modelo, muy progresivo hasta los 60.000 euros de ingresos, pasa a serlo menos en adelante, sin tramos intermedios entre los dos saltos aplicables a "los más ricos", ésos a los que, según Pablo Iglesias, "no les molestará contribuir un poco más con su país".
Patrimonio: 339 millones
En su afán por "conseguir que los ricos paguen más", el Ejecutivo se fijó en el Impuesto sobre el Patrimonio, cuantificando en 339 millones su objetivo de alza en la recaudación.
La vía sería el incremento de un punto en el tipo aplicable a patrimonios de más de 10 millones de euros, tal y como indicaba el Programa de Estabilidad de 2019.
"Armonización autonómica"
La modificación normativa se topará con la firme oposición de los populares, tanto a nivel nacional en el Congreso, como a nivel regional, con recursos legales a esta "recentralización forzada" y este "ataque a la autonomía fiscal", en palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
'Tasa Tobin': 850 millones
Aquí no se trata de tocar una figura fiscal ya existente, sino de directamente crearla. El Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, pretende gravar con un 0,2% las compraventas de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Hoy en día, unas 60 compañías.
El tributo por ahora sólo ha sido anunciado, hace falta ver su letra pequeña para confirmar si la previsión de 850 millones de recaudación es demasiado optimista, como dicen todos los analistas consultados por EL ESPAÑOL.
José Luis Escrivá, nuevo ministro de Seguridad Social.
De hecho, quien hoy es ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de hecho rebajó esta previsión cuando hasta hace mes y medio presidía la Airef, alertando de que se podría quedar en no más de 420 millones.
'Tasa Google': 1.200 millones
Otro tributo nuevo, que en este caso gravará con un 3% a las empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y cuyos ingresos en España sean mayores a los tres millones. La verdad es que el impuesto ya se ha anunciado como aprobado por el Consejo de Ministros, pero en diferido. El Gobierno ha cedido a las presiones de Estados Unidos y ha aplazado hasta diciembre el cobro del impuesto. "Se liquidará a final de año", explicó Calviño el lunes pasado.
La realidad es que el Ejecutivo ha puesto sus barbas a remojar tras la experiencia de Francia, donde Emmanuel Macron hubo de dar un paso atrás tras activar su propia tasa Google tras la advertencia de nuevos aranceles por parte de Washington. EEUU considera que este tributo es discriminatorio, puesto que afecta sobre todo a empresas de raíz estadounidense como Facebook, Amazon o Google.
Además, el Gobierno ya admitió esta misma semana que sus pronósticos de recaudación eran equivocados al menos en el caso de la tasa Google. El Ejecutivo ha reducido el vaticinio de ingresos por este tributo de nueva creación en unos 232 millones de euros. Esto supone un descenso de más del 4% los 5.654 millones de recaudación adicional presupuestados.
Fiscalidad verde: 670 millones
Se vende como una medida para desincentivar el uso de combustibles fósiles, sobre todo los de mayor potencial contaminador. Pero en la senda de gasto enviada a Bruselas se incluye la subida del impuesto al diésel como la cuarta mayor vía de nuevos ingresos por su capacidad de generar ingresos estables.
El modelo impositivo anunciado que "tenga en cuenta el impacto ecológico", tendrá pues la consecuencia inmediata de llevar a cabo lo que el Gobierno llama la equivalencia fiscal de este combustible -hasta ahora bonificado tributariamente para facilitar las ventas de los vehículos diésel- con la gasolina.
Teresa Ribera y María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, ya ha asegurado que esta "senda verde" que se desarrollará durante toda la legislatura, incluirá que "no habrá" nuevos subsidios a combustibles fósiles, como la gasolina o el gas, "salvo cuestiones sociales justificadas".
Lucha contra el fraude: 828 millones
Según el discurso de Unidas Podemos el mayor problema para la "justicia fiscal" en España, además de "los privilegios de los que llevan toda la vida enriqueciéndose a costa del trabajo de los demás" -en palabras de Ada Colau, este mismo sábado- es "la enorme bolsa de defraudadores". Así, el Ejecutivo ha diseñado un plan con tres pilares principales en este campo: la limitación de los pagos en efectivo, el refuerzo contra la listas de morosos y la adopción de mejores prácticas internacionales.
Los Presupuestos decaídos de 2019 preveían un límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo, rebajando la limitación desde los 2.500 aún vigentes. En el caso de que fuera un pago entre empresas se bajaba de los 15.000 a los 10.000 euros. El BCE alertó de lo exagerado de la medida, que podría alentar la economía sumergida más que hacerla aflorar. Habrá que ver en el proyecto de 2020 si Hacienda mantiene su plan.
En todo caso, esta medida preveía recaudar 218 millones, que se unirían a los 110 que Montero busca en su refuerzo contra los morosos y los 500 de las mejora de la coordinación impositiva con los países de nuestro entorno.
Otras medidas: IVA y cotizaciones
El Gobierno prevé subir sus ingresos para la Seguridad Social en más de 247 millones como consecuencia de la subida de las cotizaciones producto del alza del Salario Mínimo Interprofesional, según la memoria que acompañaba al real decreto. Además, una de las ideas que se manejan es la de ‘destopar’ las bases máximas de cotización, una receta que permitiría paliar el déficit galopante de la Seguridad Social (equivalente al 1,5% del PIB).
Es decir, volver a subir las cotizaciones que pagan las empresas por cada trabajador después del alza del 7% que fue aprobada para estas aportaciones para 2019, lo que la CEOE cifró ya en un sobrecoste de 1.500 millones de euros para los empresarios.
Yolanda Díaz (Trabajo); María Jesús Montero (Hacienda) e Irene Montero (Igualdad).
En otro orden de cosas, el Gobierno sí prevé alguna rebaja fiscal, esencialmente en los impuestos indirectos como el IVA y con una orientación claramente ideológica. Así tanto Pablo Iglesias como Irene Montero han anunciado la inminente caída del Impuesto sobre el Valor Añadido en sus dos ámbitos de actuación.
El vicepresidente, que tiene en sus competencias la protección animal, afirma que pronto se bajará el tipo a los servicios veterinarios. Esta medida reduciría la recaudación general en unos 35 millones de euros. Y la ministra de Igualdad llama medidas de fiscalidad de género y desigualdad, entre otras, a la reducción al tipo de primera necesidad del IVA a los productos de higiene femenina (-18 millones). Finalmente, se igualará el impuesto al libro electrónico con el de papel, lo que hará caer los ingresos en unos 24 millones de euros.