El Gobierno dará luz verde este martes a uno de sus proyectos insignia: la nueva ley educativa con la que se derogará la LOMCE, más conocida como la ley Wert. Lo hará sin el consenso de la oposición y una parte de la comunidad educativa, que ha exigido al Gobierno sentarse a dialogar. Así lo ha pedido también el Partido Popular, que tiende la mano a la ministra de Educación, Isabel Celaá, para poner fin a un texto "sectario" con el que el Ejecutivo "quiere imponer su modelo".
En un entrevista en TVE, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, considera que esta nueva reforma educativa, la novena en 40 años, "no garantiza la pluralidad" y no tiene el "consenso social" que una ley de esta índole necesita.
"Es una ley que los padres consideran imparcial y una imposición", denuncia Gamarra, que ha ofrecido al Gobierno a negociar su apoyo con 10 propuestas que les presentarán en las próximas horas. "El texto de esta ley es sectario", ha advertido.
Entre los principales puntos de la nueva ley se encuentra que los estudiantes de Primaria y ESO cursarán una materia de Educación en valores cívicos y éticos mientras que la Religión no contará en la nota media en el acceso a la Universidad o para becas y no será obligatorio cursar una materia alternativa para quien no la escoja.
Además, desaparecen definitivamente las pruebas de final de etapa o reválidas de la LOMCE pero habrá pruebas de diagnóstico al finalizar Primaria y la ESO. Ante esto, Gamarra considera que esta nueva ley premia "la mediocridad".
Sin embargo, uno de lo puntos más controvertidos es que afecta a la concertada. Para la obtención y el mantenimiento de estos centro se elimina el término "demanda social" y se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual. De hecho, se prevé retirar el concierto a las escuelas que segregan por sexo, muchos de los cuales dependen del Opus Dei.
Ante esto, Gamarra considera que "estamos hablando de no permitir una elección libre porque se control y planifica la demanda" y que lo que debe premiar esta nueva es "la excelencia y la calidad". Recuerda, además, al Gobierno que "hay una libertad de enseñanza y elección" que esta nueva reforma echa por tierra.