El discurso oficial fue muy otro. "Confiamos", "todos a una", "no hay cuestión territorial en la crisis del coronavirus", "el president Torra y el lehendakari Urkullu tienen el mismo problema que el presidente de Murcia, la de Madrid o el mismo presidente del Gobierno"...
Pero el mismo tono con el que Pedro Sánchez se dirigió a la ciudadanía y las explicaciones que dieron fuentes del Gobierno después dejaban entrever el enfado enorme que hay dentro del Ejecutivo con los movimientos de los gobiernos vasco y catalán en este sábado histórico.
Eso sí, el texto del Real Decreto del estado de alarma esconde una bomba nuclear para quien desafíe al presidente: Torra, Urkullu o cualquier autoridad que no obedezcan, perderán sus competencias.
"Todos deberán dejar de lado sus diferencias y situarse detrás del presidente del Gobierno; aprendamos de la constitución", en un momento en que los verdaderamente importante son los ciudadanos, subrayó Sánchez. El presidente aseguró que "a partir de este domingo", en la relación con los presidentes autonómicos "no hay colores políticos, no hay ideología, y mucho menos territorio; nuestros ciudadanos son lo primero".
En Moncloa se confía en que uno y otro hayan entendido bien que la ceremonia de una rueda de prensa por la mañana del vasco, una llamada del catalán al primero, después desvelada, y una comparecencia de la portavoz del Govern amenazando con una declaración de independencia sanitaria, no venían a cuento. Ni tampoco las acusaciones de "155 encubierto" de otros dirigentes separatistas. Ni muchísimo menos la acusación de que se les están "usurpando competencias".
Fuentes de Moncloa reprochan a ambos esta actitud. "El estado de alarma se decreta específicamente por una situación de emergencia sanitaria", explican fuentes del Gobierno, "más allá de que cada cual lo pueda aprovechar para lo que quiera".
Competencias autonómicas
De hecho, en Presidencia del Gobierno se aclara que no se han invadido las competencias de las CCAA. "Todas siguen siendo competentes en cada uno de sus campos", aclaran, "simplemente deben cumplir las órdenes del Ministerio de Sanidad, que es la autoridad delegada competente en todo a partir de ahora".
Las citadas fuentes, con mucho énfasis, insistían en que "ambos", catalanes y vascos, "tienen en su territorio la misma situación que cualquier otro presidente autonómico: es una crisis sanitaria, y hay que proteger la salud pública de las personas, somos compatriotas, esto se trata de proteger la vida de la gente".
Para el Gobierno no caben diferencias territoriales "porque el virus no entiende de género, ni de región". Y por eso, dicen en Moncloa, "el Gobierne se ha acogido al modelo constitucional para protegerse de una emergencia".
Las sanciones
¿Y si no cumplen? En eso, el Gobierno no es nada específico. "No hemos innovado en nada", explican las fuentes del Ejecutivo. "Nos remitimos a la ley que regula el estado de alarma, que es de 1981". Así, el artículo 20 del Real Decreto explica que el régimen sancionador se remite a esa norma: "El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes".
Peor el artículo 10 de esa norma, el que habla de las sanciones, simplemente remite a que "las leyes lo regularán".
Pero sí dice una cosa, que termina por ser un mensaje velado para Torra y Urkullu: se precisa que si el incumplimiento es por parte de una autoridad, ésta puede perder parte de sus facultades, que serían asumidas por la autoridad competente, es decir "la superior dirección del Presidente del Gobierno", como reza el decreto del estado de alarma. Y ahí sí que el nacionalista vasco y el separatista catalán podrían perder sus competencias.