La evolución de la pandemia no da tregua al Gobierno. Según el calendario oficial, el estado de alarma debería levantarse el 11 de abril a medianoche. Sin embargo, las cifras récord día tras día solo aventuran un camino: que el Ejecutivo apruebe y pida al Congreso una nueva prórroga de quince días más de confinamiento. Para ello, el presidente del Gobierno tendrá que aprobarla en un Consejo de Ministros extraordinario y, a continuación, pedir su aprobación en el Congreso de los Diputados. Si se respeta el calendario festivo, el jueves 9 empezaría oficialmente la Semana Santa, por lo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería convocar a sus señorías para que se votara en pleno el miércoles, como fecha límite.
El Ejecutivo, de momento, no ha comunicado oficialmente que no le quedará más remedio que obligar a todos los españoles a seguir confinados en sus casas, como pronto, hasta el 26 de abril. Sin embargo, está previsto que se tome la decisión este mismo viernes, "después de analizar los datos", aseguran fuentes de Moncloa. Desde el Gobierno se baraja ampliar el confinamiento general pero estudian que el parón empresarial no sea total. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abonaba este jueves el terreno: "Quedan semanas duras", pronosticó en la comisión del ramo en la que fue a rendir cuentas por la crisis sanitaria más dura de la historia reciente. La decisión final podría anunciarse este mismo sábado.
De momento, el calendario del Parlamento para la próxima semana está totalmente despejado, pero Batet podría convocar el pleno en apenas unas horas, en cuanto recibiera la llamada oficial de Moncloa con la aprobación del Consejo de Ministros. El Parlamento todavía tiene pendiente convalidar los últimos decretos leyes aprobados en los dos últimos consejos de ministros, de gran trascendencia para la vida de millones de españoles: el que se autoriza a trabajar solo a los sectores esenciales y el paquete de medidas económicas para paliar los devastadores efectos de esta crisis, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Los grupos de la oposición ya se han mostrado contrarios a dar el apoyo sin fisuras al Gobierno y quieren debatir para poder enmendar sus propuestas e incluir algunas de sus medidas, como más apoyo a pymes y autónomos o incluir sectores que en determinadas autonomías se consideran esenciales y el Gobierno no. Es Meritxell Batet quien tiene la potestad para fijar el orden del día del pleno, de acuerdo con la Junta de Portavoces, por lo que este debate podría ir en otro pleno distinto al de la segunda prórroga del estado de alarma, precisamente por las fuertes discrepancias que existen a día de hoy en el seno de los grupos.
Un mes de plazo
Fuentes de la Cámara recuerdan que el reglamento del Congreso otorga el plazo de un mes para convalidar los reales decretos del Gobierno, por lo que el Ejecutivo todavía dispone de dos semanas más de margen para pedir a los grupos de la oposición su apoyo para que estas medidas sean plenamente efectivas.
El Gobierno ha pedido a la oposición estar a la altura de las circunstancias. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habló de reeditar los "pactos de la Moncloa", un consenso generalizado entre todas las fuerzas políticas ante la gravedad de la situación actual. Sin embargo, desde los grupos que no forman parte del Ejecutivo la queja suena igual: "El Gobierno nos pide el apoyo incondicional ante la emergencia sanitaria, pero ni nos informa ni admite sugerencias".
De momento, el Gobierno no tiene garantizado sacar adelante este nuevo paquete de medidas, que necesitaría más síes que noes en el Parlamento para que tuviera plenos efectos en la ciudadanía. El rechazo de la Cámara es algo que no se plantean desde el Ejecutivo, pero fuentes de la oposición insisten: "Hay muchos matices que queremos introducir y se nos debe escuchar".
Sin enmendar
Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, denuncia que "el legislativo está totalmente supeditado al Ejecutivo: el Congreso está al servicio del Gobierno". De hecho, critica que desde Moncloa se extienda la idea de que se puede seguir ejerciendo control al Gobierno. "¿Podemos registrar preguntas? Sí, pero en estado de alarma no se responden. Ni siquiera han abierto los plazos de enmiendas de los reales decretos ya aprobados para que los grupos podamos presentar aquellas modificaciones que consideremos oportunas", se queja, en conversación con EL ESPAÑOL. Fuentes de la Cámara justifican esta paralización con que "se acordó que no corría el plazo para ninguna iniciativa".
Además, Álvarez de Toledo recuerda a Sánchez que tiene obligación de rendir cuentas ante el Parlamento para explicar los últimos Consejos Europeos a los que ha acudido. "Tiene la obligación de acudir: he pedido la comparecencia y ni se ha calificado", continúa. Además, la popular recuerda que también se rechazó crear una comisión de seguimiento de la crisis para que no diluya en la comisión de Sanidad, que es donde se está dando tratamiento ahora. "Es una ofensa democrática que tengamos el Congreso en cuarentena y al servicio del Gobierno. Una burla", zanja.