La compra de test fallidos a China para la detección rápida del Covid-19 está resultando, junto a la celebración del 8-M, uno de los principales argumentos para señalar los errores del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis sanitaria.
El documento, titulado Defensa ante los principales ataques sobre la gestión sanitaria, elaborado por el PSOE, según ha confirmado EL ESPAÑOL, no es capaz de dar respuesta a la adquisición de más 600.000 tests defectuosos.
El punto 10 del documento, consistente en ofrecer una explicación convincente a la falta de dotación de test rápidos para la ciudadanía y la compra de unidades defectuosas, se limita a decir que la “estrategia” del Gobierno” se basa en “dos acciones”.
Por un lado, “incrementar las PCR, las pruebas de diagnóstico más fiables que se vienen realizando en hospitales” y, por el otro, “complementar con los test de diagnósticos rápidos una vez determinado por el Centro Nacional de Microbiología que tienen una fiabilidad del entre el 64 y el 80%”.
Se trata de un argumentario que tiene como objetivo combatir los argumentos en su contra, pero el documento es débil en la comunicación de algunas de las cuestiones claves. Estos fallos en la política comunicativa del partido ya fueron advertidos por el expresidente socialista Felipe González, cuando criticó la poca brevedad y falta de “empatía” en las comparecencias públicas del Gobierno.
Este documento se suma también al baile de cifras ofrecido durante varios días por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y el ministro Salvador Illa, en relación a los test fraudulentos. En un primer momento hablaron de un paquete de 9.000 pruebas fallidas, hasta la última cifra de 640.000.
En las comparecencias de Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso afirmó, a raíz de las preguntas de la oposición, que las empresas contratadas contaban con la “homologación” de las agencias española y europea del medicamento. Como se ha sabido posteriormente, otros países como Reino Unido o Países Bajos también han incurrido en el mismo error.
Sorprende, sin embargo, que en un documento destinado a confrontar los argumentos como la compra de test fallidos esquiven la controvertida cuestión y solo den información de que “incrementarán” el nombre de pruebas y el porcentaje de su fiabilidad.
Culpan a Madrid
El documento, que tilda de “ataques” los argumentos contrarios a su gestión sanitaria, también se hace mención a la gestión que está haciendo la oposición en la Comunidad de Madrid. En el punto 7, se culpa a la región de “tardar semanas en intentar” comprar material sanitario.
“Unas Comunidades, como Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra o Castilla-La Mancha han realizado estas operaciones de compra superando enormes dificultades. Otras, como Madrid, tardaron semanas en intentarlo y se refugiaron detrás de disculpas como el “cuello de botella”. Nunca se requisó material alguno, ni se bloqueó ninguna importación”, sostiene el documento.
Dentro de la lógica política, hubo críticas por la centralización en un “mando único” de las compras y posterior envío de material sanitario. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), cuestionó las cifras ofrecidas por el Gobierno central respecto a las unidades de mascarillas enviadas a los hospitales de su región.
Aunque el Gobierno esté ahora inmerso en atajar la crisis sanitaria y sus efectos sobre la economía, desde Ferraz no se olvidan de la comunicación. Por un lado, el Gobierno apela a los “grandes pactos” con todas las fuerzas parlamentarias con “compromiso democrático” y “conciencia de país” para lograr salir de la crisis unidos, pero al mismo tiempo la competencia y rivalidad política siguen vivas.