Comparecían la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa, a la vez autoridad delegada durante el estado de alarma causado por la crisis del coronavirus. Y la también titular de Hacienda, responsable de las cuentas del Estado, ha dejado muy claro que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de atender las presiones de Pablo Iglesias para aprobar pronto el Ingreso Minimo Vital Puente que anunció la Vicepresiencia de Derechos Sociales el pasado jueves.
En mitad del pleno en el que Pedro Sánchez trataba de recabar apoyos para la segunda prórroga del estado de alarma, el equipo de Iglesias anunciaba esta iniciativa como si fuera un proyecto común del Gobierno. En una nota se incluían menciones al ministro José Luis Escrivá, de Seguridad Social; a la de Trabajo, Yolanda Díaz, reuniones con sindicatos, ONG y documentos cruzados con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi... que han quedado ahora en nada.
La insistencia de Pablo Iglesias en esa renta mínima vital temporal ha sido descartada por Montero. "El compromiso del Gobierno es dar un salto de rentas serio y bien diseñado", ha dicho, "y el responsable es el ministro Escrivá". La portavoz ha aclarado que "es un compromiso que viene para quedarse y eso es lo que haremos, aunque tardaremos unos meses".
Los ministros Montero e Illa, en rueda de prensa en la sala de prensa de Moncloa.
En plena rueda de prensa, el FMI ha anunciado su previsión de caída del 8% en el PIB español para este año. Y la ministra portavoz lo ha desechado como informe creíble, "es muy precoz y precipitado", ha dicho, "porque cuenta con pocos datos".
Sin embargo, esa cifra que no le valía a la ministra, luego la ha utilizado para defenderse a preguntas de la prensa. Inquirida sobre los 2.500 millones que reclaman las CCAA del IVA no cobrado de 2017, Montero ha respondido recordando que "ya se han adelantado fondos a las autonomías, y se ha hecho con una previsión de PIB del 1,6% positivo... cuando hoy parece que puede caer más del 8%, como dice el FMI".
Montero sobre la renta mínima: "No se puede improvisar"
Medidas
Este martes es el día en el que se cumple un mes de confinamiento, y con una curva de infectados y muertos diarios que "ahora toca doblegar" -ése es el mantra que repite Illa como "objetivo claro" para esta semana- pero que ha repuntado levemente este martes. Hay que incluir entre los fallecidos a un trabajador de Moncloa, Manuel Sánchez, según ha revelado la propia Montero.
El ministro de Sanidad ha confirmado que "hemos pasado el pico y estamos doblando la curva", con cierta satisfacción, a pesar de la leve alza del día. Este martes, la cifra oficial de contagiados en España ha superado los 172.000 y ya ha sobrepasado las 18.000 personas el conteo de muertos.
Salvador Illa, ministro de Sanidad, en Moncloa.
E insistiendo en que hay que seguir en el esfuerzo de la cuarentena, la portavoz ha tirado del artista recientemente desaparecido Luis Eduardo Aute para insistir en que "vivir es el deber de no claudicar". Así pretendía arengar a la ciudadanía en "la obligación del confinamiento".
La ministra ha presentado una serie de medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros: nuevas ayudas a los arrendatarios, como créditos blandos; unas moratorias al pago de IVA, Sociedades e IRPF para pymes y autónomos y la ampliación del bono social eléctrico para las personas más vulnerables durante la crisis.
Además, ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía de defensa del patrimonio histórico "por invadir competencias del Estado y modificar leyes" para las que no tiene competencias.
Este martes ha quedado claro que el ministro de Sanidad se ha convertido en la verdadera voz del Ejecutivo en esta crisis, con su tercera rueda de prensa seguida y a un solo día de ir al Congreso a dar cuenta, esta vez ante los diputados, del seguimiento de la emergencia.
El titular de Sanidad ha explicado, para concluir, la orden ministerial que en la mañana de este martes publicaba el BOE por la que su departamento obliga a los laboratorios privados a ponerse a disposición de las entidades públicas. Asimismo, Sanidad ha forzado a que cualquier empresa o administración que adquiera material sanitario lo ponga en conocimiento del Gobierno.