El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha reprochado esta semana al Gobierno el envío a Cataluña de 1.714.000 mascarillas por ser “una cifra simbólica” y “nefasta” para la región.
“Así tampoco. Si alguien del Gobierno de España se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas o de test tenga que ver con 1.939 no se lo permitiremos. Con la historia de los catalanes no se juega”, dijo en rueda de prensa visiblemente irritado.
Según el dirigente nacionalista, la cifra de 1.714 representa un agravio porque es el año de la derrota de 1714 en la Guerra de Sucesión, que enfrentó a partidarios de la dinastía de los Habsburgo y partidarios de la dinastía de los Borbones.
Esta fecha fue elegida por el Govern de Artur Mas para, en pleno auge del procés, conmemorar el Tricentenario en 2014. Se trataba de una campaña de revisionismo histórico que convertía aquellos episodios en una suerte de guerra "de España contra Cataluña".
Lejos de querer entrar en polémicas, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se limitó a decir ante la pregunta de los medios que era “el momento de estar a la altura” y que no “iban a contribuir” a alimentar la polémica. "En una situación como la que estamos antes de buscar responsables hay que buscar complicidad, entendimiento", añadió.
La búsqueda de un supuesto agravio por parte de Buch fue apoyada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que vio también una mano negra en la cifra elegida: "Quien decidió enviarnos exactamente 1.714.000 mascarillas sabía que jugaba con una cifra que para los catalanes es sensible e importante. La ley 1/1980, aprobada por unanimidad, habla en estos términos".
No es la primera vez que miembros del Ejecutivo catalán o dirigentes catalanes creen en la existencia de rocambolescas conspiraciones españolas para desestabilizar a Cataluña. Ocurrió, por ejemplo, tras los atentados islamistas en Barcelona de 2017. Quim Torra y Carles Puigdemont llegaron a alentar la tesis de que el Estado estaba detrás. Desde la CUP preguntaron directamente: "¿Queréis negociar con un Estado que escoge un atentado para detener un referéndum?".
Pero hay muchos ejemplos. Raül Romeva, cuando era eurodiputado, denunció por carta ante la UE una inminente intervención militar española en Cataluña. Lo justificó por unos "vuelos" de aviones del Ejército. Defensa tuvo que aclarar que estaban de prácticas, como en tantas otras ocasiones.
Tampoco es la primera vez que las autoridades catalanas aprovechan la crisis de la Covid-19 para arremeter contra el “Estado español”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, apareció en la BCC y culpó a España por su decisión de no cerrar Madrid y del alto elevados de infectados en la región. Asimismo, la presencia de efectivos de la Unidad de Emergencias Militares (UME) se ha interpretado por algunos representantes públicos como una suerte de “invasión” bajo el pretexto sanitario.
10 millones
En esta ocasión, sin embargo, han sido pocas la voces que se han sumado a alimentar la polémica. Desde JxCat hubo discrepancia de criterios con las palabras de Buch y sectores del partido creen que fue un error hablar en esos términos del envío de material sanitario.
En la misma línea, personas del entorno nacionalista se han autoenmendado de su inicial desconfianza con el Gobierno de Pedro Sánchez. Si se atiende a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el número de habitantes por población, se observa claramente que la cifra de mascarillas enviada a Cataluña como al resto de Comunidades Autónomas responde a esta variable poblacional.
De los 10 millones y medio de mascarillas que el Ejecutivo central anunció tener en su posesión, a Cataluña le tocaban 1.713.721 (1.714 la cifra redondeada). Del mismo modo que en la Comunidad Valenciana se destinaron 1.118 millones (la cifra redondeada de 1.117.240). Estas proporciones de material sanitario se eligen en función de la población, que en el caso de Cataluña es de 7.675.217 personas.