El presidente del Gobierno se derrumbó el 10 de marzo en Moncloa. Aquel martes fue el último día en el que le vio la cara a los periodistas que cubren la información del Gobierno y, tras un Consejo de Ministros en el que tuvo que pararle los pies a Pablo Iglesias y un Consejo Europeo en el que se los pararon a él, compareció entrada la noche en la sala de prensa con sudores fríos: "Haremos lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta" contra la crisis del coronavirus, fue su único mensaje.
Pero en realidad no sabía nada de lo que se le venía encima. Sólo que la legislatura, tal como él la había soñado, se le iba por el sumidero.
Habló de que venían "semanas duras" por culpa del coronavirus. Y ahora habla de que no veremos la luz en la economía hasta 2023. Aún no daba su brazo a torcer ante la insistencia de su vicepresidente y socio de Gobierno: se negaba a decretar el estado de alarma, que este miércoles irá por su cuarta prórroga de 15 días y que no tiene visos de acabar... es más, el propio presidente, ya admite que no tiene "un plan B, el único plan es el estado de alarma", mientras PP y Cs han anunciado que no tienen claro que este miércoles vayan a dar su sí.
Sánchez avisa a partidos "no hay plan B" al estado de alarma y debe continuar.
Este mismo sábado, los populares le acusaban incluso de "mentir" cuando Sánchez aseguraba que llama a Pablo Casado cada lunes antes de que se prorrogue el estado de alarma. Fuentes oficiales de la dirección del PP aseguraban a este periódico que "la última vez que llamó fue hace 13 días".
En términos muy parecidos se expresaba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Según la líder liberal, "Sánchez pide adhesiones a la oposición pero hace 16 días que no llama a Ciudadanos". En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Arrimadas asegura que el presidente "dice que 'no hay plan B' pero lo que tendría que hacer es buscar el consenso para acordar un verdadero Plan A. Para exigir 'responsabilidad'", cierra la presidenta de Cs, "primero hay que practicarla".
Pero si recordamos el inicio de todo este periplo que ya cumple siete semanas de confinamiento, aquel 10 de marzo, Pedro Sánchez ya hablaba de que la oposición le aprobara unos nuevos Presupuestos Generales "para la reconstrucción". Aquel día prometió que atenderá "las propuestas de la oposición" en ambos campos.
Desde entonces, lo único que ha ocurrido es que las prórrogas de la alarma se han ido aprobando cada vez con menos apoyos, los nuevos Pactos de la Moncloa se han convertido en una comisión parlamentaria que ha nacido casi muerta, por la unilateralidad con la que PSOE y Podemos registraron -y aprobaron en la Mesa- su calendario y estructura, y que los nacionalistas e independentistas han sacado de nuevo su discurso reivindicativo como condición al Gobierno para no dejarlo caer.
Débil y solo
Lo cierto es que Sánchez sólo cuenta con el apoyo de su socio, Pablo Iglesias, como seguro. Casado y Arrimadas se desgañitan acusándolo de que "ni negocia, ni informa ni llama" para tomar decisiones. "Y además las que toma nos llevan al abismo económico", añade el líder popular. Vox, que aprobó la primera prolongación de la alarma ya se ha subido al monte -acusándolo de engañar con las cifras de muertos y llamándole "Pedro el sepulturero"-.
Y, sobre todo, los grupos minoritarios que le apoyaron la investidura están aprovechando para mostrar su debilidad, aprovechando que le contemplan 25.100 muertos y 216.582 contagiados... según las cifras oficiales. El presidente lidera el Ejecutivo más débil de la democracia, con sólo 155 diputados de sostén, en el peor momento desde que se aprobaron aquellos verdaderos Pactos de la Moncloa.
Débil y solo, con esos mimbres, Sánchez ya ha renunciado a los Presupuestos de 2020 y ha lanzado los de 2021 con el envío a Bruselas, esta semana, de sus nuevas perspectivas, nada alentadoras. Y confía en que las cuentas le salgan -y los apoyos no le falten- para llegar a 2023 en plena recuperación para presentarse de nuevo a las elecciones generales.
Las cuentas
Las heridas que el coronavirus va a provocar en la economía española van a ser profundas y van a requerir de mucha “resistencia y moral de victoria" para superarlas. Los cálculos del presidente Sánchez dicen que no recuperaremos el nivel de renta y el empleo que teníamos hasta ahora, por lo menos, hasta 2023.
Una previsión que indica la magnitud de la “catástrofe”, según sus palabras, que va a provocar la hibernación a la que se ha sometido a la economía española durante las últimas seis semanas. Sánchez da así un paso más en reconocer que la recuperación económica no va a ser en V como venía sosteniendo y que se aproxima más a lo que el Gobierno ha denominado “V asimétrica”, es decir, una L prolongada. Más claro aún: una caída dura y profunda seguida de un estancamiento.
Con la previsión del 2023, Sánchez pone encima de la mesa un escenario que hasta ahora no se había hecho público. El pasado viernes el Gobierno comunicó a Bruselas el Plan de Estabilidad con las previsiones para 2020 y 2021. En él estimaba que este año el Producto Interior Bruto (PIB) caerá hasta el 9,2% de forma “histórica” y la tasa de paro alcanzará el 19%.
No sólo eso, es que se prevé también que el consumo privado descienda un 8,8%, aunque el público aumentará un 2,5% por los recursos que el Gobierno está empleando en la crisis sanitaria, así como para paliar la económica. Sin embargo, la inversión caerá un 25,5%.
Ayuda de Bruselas
El impacto se va a dejar sentir también en el déficit público. Aunque ha estado por debajo del 3% durante los últimos dos años, los números rojos se van a disparar. Al cierre de 2020 alcanzará el 10,7%, una cifra que no se veía desde la pasada crisis financiera. También aumentará la deuda pública. Habrá que recurrir a ella para financiar las medidas contra la crisis económica y financiera, lo que hará que se eleve al 115% del PIB a finales de 2020.
No es de extrañar que con estas cifras el Presidente del Gobierno también haya optado por reconocer que va a necesitar ayuda de Bruselas. Si el viernes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, evitaron descartar que el Gobierno no esté pensando en pedir asistencia económica a Europa.
Ahora, Sánchez lo deja claro: “España utilizará los mecanismos que Europa pone a su disposición”, para referirse a continuación al programa de financiación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha puesto en marcha Bruselas. En el caso de España, el coste total para este año asciende a cerca de 18.000 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno.
También se refirió Sánchez al programa de apoyo a pymes que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha puesto a disposición del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El rescate del MEDE
No hizo mención, en cambio, a la posibilidad de acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que también podría estar sobre la mesa de cara a las próximas semanas. Sobre todo la línea que se ha abierto para financiar la factura de la crisis sanitaria.
Sin embargo, las posibilidades de acudir a ese mecanismo son más lejanas y sería un último recurso. Como ha contado Invertia, sólo se recurriría a él en caso de problemas mayores ya que acudir al MEDE tiene connotaciones negativas pues fue el sistema empleado durante el rescate a Grecia y, aunque rebajadas, sigue conllevando fuertes condicionalidades para recibir el préstamo.
A la espera de que se pida esa ayuda, serán clave los comentarios que haga la Comisión Europea en las próximas semanas. El 7 de mayo presentará sus propias previsiones económicas actualizadas y el 20 de mayo formulará sus recomendaciones de política económica a todos los países de la UE.