La Fundación Gentis que permite a Carme Forcadell salir de la cárcel 12 horas diarias durante tres días a la semana ha sido una de las entidades mejor tratadas por ERC durante los sucesivos gobiernos catalanes. Según el Portal de Transparencia de la Generalitat, la entidad dirigida por la exconsejera de Educación Marta Cid recibió 1.927.190,87 euros en subvenciones tan solo en el ejercicio de 2019.
La mayoría de estas subvenciones proceden de departamentos en manos de ERC, como son Trabajo, Educación o Justicia (antes en manos de Carles Mundó, condenado por desobediencia por su implicación en el procés). También del Institut Català de la Dona, presidido por Laura Martínez (concejal de JxSí), y del Servicio de Ocupación Público de Cataluña (SOC), dependiente de Trabajo.
De acuerdo con el Portal, la Fundación Gentis ha recibido un total 92 subvenciones desde 2016. En ese primer año cuentan 10 registros: cuatro de ellas procedentes del SOC (por un valor de 110.000 euros; 292.633,20 euros; 186.094,56 euros y 165.410 euros); otras cuatro de la Consejería de Trabajo (por un valor de 27.884,77 euros; 6.650 euros; 211.272 euros y 193.349,74 euros); y las dos últimas por parte del Departamento de Educación y el de Justicia por 37.963,50 euros y 19.008,07 euros respectivamente.
En 2017, se le concedieron un total de 22 concesiones por parte del Institut Català de la Dona, Trabajo, Justicia y Educación. El de más cuantía alcanzó la suma de 817.503,75 euros, procedente de Trabajo.
En 2018 se llegó a un total de 28 subvenciones, que oscilaron desde una partida mínima de 1.555,60 euros a otra máxima de 565.435,84 euros por parte del SOC. Pero es en 2019 donde el montante total en subvenciones alcanza los 1.927.190,87 euros, repartidos en 28 subvenciones.
Subvenciones recibidas en 2019 por Fundación Gentis
Contratos
En el documento de resolución la fundación donde colabora Forcadell se ubica en el número 26 del total de 321 entidades que reciben una mayor cuantía económica destinada a la realización de “acciones de formación de oferta en áreas prioritarias dirigidas a personas trabajadoras desocupadas que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC)”.
Además de estas subvenciones, desde 2014 han recibido 21 contratos por parte de Presidencia, Trabajo, Justicia, el consorcio local de Salt (Gerona), el consejo comarcal del Alto Ampurdán y el Ayuntamiento de Tortosa. Con estos 21 contratos, la fundación se llevó 1.753.000 euros. Uno de sus habituales contratistas fue el Departamento de Trabajo, con cuatro contratos en 2018 de alrededor de 23.500 euros cada uno.
El pasado 12 de febrero, la junta de tratamiento de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, acordó permitir a Forcadell llevar a cabo labores de voluntariado y cuidar a su madre, de edad avanzada.
Es la primera vez que la política puede salir de la cárcel, aunque el Supremo podrá revisar las salidas diarias de los presos del procés si el Ministerio Fiscal no recurre la decisión del magistrado de vigilancia penitenciaria. Como publicó este martes EL ESPAÑOL en exclusiva, el juez de vigilancia penitenciaria número 3 de Cataluña, José Ignacio Félez, remitirá al Tribunal Supremo, y no a la Audiencia Provincial de Tarragona, el recurso que el fiscal puede interponer contra la decisión de conceder el artículo 100.2 a Forcadell.
Riesgo de repetir conducta
El auto del juez de vigilancia penitenciaria enviado al Supremo esgrime que la Fundación Gentis “está vinculada al entorno penitenciario con carácter previo a la presente oferta de colaboración” y, en este sentido, descarta cualquier “colaboración fraudulenta en la salida” de Forcadell.
En su escrito también reconoce que hay "riesgo de que se vuelva a ver envuelta en situaciones de presión social por el grupo y que reproduzca conductas reprochables relacionadas con las que motivaron la condena de ella", pero prioriza la "reinserción".
El juez no hace ninguna mención al hecho de que la entidad esté dirigida por un cargo de ERC ni las sucesivas subvenciones que ha recibido de la mano de dirigentes nacionalistas. Considera que es la propia implicada la que debe "mantenerse al margen de situaciones que favorezcan la presión externa" para incurrir de nuevo en la conducta por la que fue condenada.