Pedro Sánchez parece empezar a retomar su programa todavía en plena desescalada. Tras la reactivación de los trámites parlamentarios de la ley de Educación, el Consejo de Ministros aprueba este martes 19 de mayo por fin el primer texto nuevo tras la crisis del coronavirus: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Y según el documento, al que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno facultará a Baleares y Canarias a imponer "restricciones a la circulación de turismos y furgonetas" desde su misma entrada en vigor, lo más probable, en 2021. Así se recoge en el artículo 12.4) de la norma elaborada por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que trata sobre la Promoción de la movilidad sin emisiones.
Concretamente, el párrafo dice: "De acuerdo con la normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden, las comunidades autónoma insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas".
La medida se encuadra en un título dedicado a la Movilidad sin emisiones y transportes que, además recoge las polémicas medidas ya confirmadas el viernes pasado por EL ESPAÑOL.
10% del PIB
A pesar de las presiones de los fabricantes de automóviles, y de que el sector en su conjunto supone alrededor del 10% del PIB anual español, Ribera mantiene la redacción inicial del artículo 12.1) en el sentido de que “se adoptarán las medidas necesarias para que los turismos [...] reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos cero emisiones”.
Además, la ley -prevista para la legislatura de la moción de censura pero que decayó al quedarse Sánchez sin Presupuestos- establece todas las reglas para fomentar la movilidad eléctrica, obligando a las gasolineras a instalar suministradores. E incluso pone en cuestión el modelo actual del sector del transporte de mercancías, dedicando el artículo 14.3) a fomentar "el impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos".
El sector del transporte por carretera ha sido especialmente afectado en esta crisis del coronavirus. La profesión fue una de las protegidas como "esenciales" en todo momento para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Sin embargo, el cierre de otros negocios, como el de las estaciones de servicio y alojamientos de hostelería, los dejó desamparados. Al punto de que el Ministerio de José Luis Ábalos se vio obligado a dictar normas sobrevenidas en el momento más duro de la epidemia.
La ley, de este modo, pone fecha a la prohibición a los vehículos que no sean cero emisiones en 2040 y establece objetivos para alcanzar la "neutralidad climática a más tardar en 2050". La neutralidad de carbono se consigue cuando la resta de los gases de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera menos los capturados por la naturaleza es igual a cero.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de la vicepresidenta Teresa Ribera, se remitirá para su posterior debate en el Congreso. Esta norma, una de las prioridades del Ejecutivo de Sánchez, cuyo compromiso era remitirla a las Cortes durante los 100 primeros días de mandato, ve ahora la luz tras el retraso motivado por la crisis sanitaria del Covid-19.
Vehículos cero emisiones
Así, el texto que obra en lugar de este periódico señala que en materia de movilidad sin emisiones, "se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2".
En su título cuarto, el anteproyecto explica que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima "establecerá para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2 en el parque nacional de vehículos según sus diferentes categorías".
Para ello se prevén medidas "de acuerdo con la normativa de la Unión Europea", para que "los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que, no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0g CO2/km". Así, los vehículos matriculados a partir de 2040 no podrán emitir dióxido de carbono.
Descarbonización en 2050
Con todo esto, el objetivo principal de la ley es sentar las bases para la descarbonización del país en 2050, cuando el 100% de la generación de electricidad deberá ser renovable.
Un balance cero de dióxido de carbono es esencial para que el irreversible aumento de la temperatura del planeta, generado principalmente por las emisiones del hombre de gases de efecto invernadero, se quede en 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales a final de siglo, lo que supondría un marco seguro. Éste es el principal objetivo del Acuerdo de París, firmado por cerca de 200 países. De seguir emitiendo como hasta ahora, las previsiones científicas señalan un aumento de tres a cinco grados para el año 2100.
El texto, que debe permitir que España cumpla estos compromisos internacionales, incorpora dos herramientas fundamentales de gobernanza de clima y energía: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050, ambas determinantes para asegurar los objetivos y metas para el año 2030 y para el largo plazo.
Ni prospecciones ni licencias
Respecto a la exploración de combustibles fósiles, el borrador señala que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación. Se contempla el fomento de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros biocombustibles, además de impulsa objetivos de combustibles alternativos sostenibles en el transporte aéreo.
La ley apuesta por la transición justa y prevé también crear un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que será encargado de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático
El documento, que consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos, recuerda que la Comisión Europea ha propuesto una Ley del Clima europea y establece un proceso de transparencia y rendición de cuentas en línea con los ciclos de revisión del Acuerdo de París.
Para cumplir con esos objetivos en el año 2030, la Unión Europea estima que debe movilizar unas inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de euros.