Edmundo Bal riñó este miércoles a los diputados y sorprendió a un Congreso muy acostumbrado a las trifulcas dialécticas, pero no tanto a las reprimendas pedagógicas.
"¿Ven esto? Se llama mascarilla. Está para ponérsela. No veo a nadie en este espacio cerrado, salvo unos pocos, que nos pongamos la mascarilla", dijo el portavoz de Ciudadanos.
Edmundo Bal, que llevó la voz cantante de su grupo parlamentario ante la ausencia de Inés Arrimadas, tenía razón. Sólo unos pocos diputados llevaban puesta la mascarilla. Algunos llegaron con ella al Congreso, pero se la quitaron de inmediato. Otros, como Gabriel Rufián, ni siquiera la habían traído. El rapapolvo de Bal no era gratuito. Las mascarillas serán obligatorias para todos los ciudadanos a partir de este jueves en espacios cerrados o en aquellos en los que sea imposible mantener la distancia de seguridad a pesar de ser abiertos. "Se lo hemos pedido a la ciudadanía. A ver si damos ejemplo", dijo el portavoz naranja.
Edmundo Bal: "Se llama mascarilla; está para ponérsela. A ver si damos ejemplo"
Pero el "a ver si damos ejemplo" de Bal va mucho más allá de las mascarillas. Porque si algo ha demostrado esta epidemia es que las reglas que el Gobierno ha impuesto a los españoles han sido desobedecidas una y otra vez por muchos políticos, y especialmente por los miembros del Gobierno, con total impunidad.
Durante los dos meses de epidemia no ha resultado extraño ver corrillos de políticos en los que no se respetaba la distancia de seguridad, reuniones en Moncloa que podrían haberse realizado sin problemas mediante métodos telemáticos e incluso a políticos, como el alcalde de Badalona, saltándose el confinamiento.
Fue también el caso de los dos concejales de Betanzos que rompieron el encierro para celebrar una fiesta, o el del alcalde de Alcoletge, en Lérida, que celebró junto a sus vecinos una fiesta popular mientras su provincia permanecía en fase 0. Incluso Mariano Rajoy fue multado por la delegación del Gobierno por saltarse el confinamiento para salir a correr alrededor de su domicilio.
Funeral de Anguita
El doble rasero sanitario no se ha aplicado sólo a las mascarillas. Los ejemplos abundan.
La imagen del multitudinario funeral del comunista Julio Anguita, con cientos de personas amontonadas alrededor de su ataúd, contrasta con el rigor con el que el Gobierno ha impedido durante semanas que los ciudadanos pudieran despedirse de sus seres queridos.
Durante la Fase 0, decenas de miles de ciudadanos no han podido despedirse de unos familiares que han muerto en soledad. Aún en la Fase 1, los funerales, cremaciones y velatorios se han limitado a un máximo de 15 personas por sala y siempre bajo estrictas medidas de distanciamiento social.
Pero para Anguita y sus seguidores, el baremo fue otro muy diferente.
Excepciones razonables
Si ha habido un miembro del Gobierno que se ha saltado las reglas sanitarias que él mismo ha impuesto a los ciudadanos, ese ha sido Pablo Iglesias. El líder de Podemos rompió varias veces la cuarentena a la que estaba obligado al haber estado conviviendo con un infectado –su pareja Irene Montero– para participar tanto en ruedas de prensa como en las reuniones de Moncloa.
En ninguno de los dos casos era imprescindible la presencia de Iglesias, salvo por motivos de interés propagandístico, y en ambos existían métodos telemáticos alternativos que habrían permitido su presencia virtual. El catálogo de sanciones establecido por el Gobierno para la violación de la cuarentena por parte de un ciudadano cualquiera contempla multas de hasta 600.000 euros.
Cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, fue preguntado por el privilegio concedido al líder de Podemos, respondió que es "la excepción razonable" a la regla general aplicable al resto de los ciudadanos.
Test sin límite
Los miembros del Gobierno, a diferencia de muchos médicos y enfermeras que han trabajado en contacto directo con el virus, han disfrutado de crédito sin límite en la realización de test de detección. Crédito vigente incluso en los primeros momentos de la epidemia, cuando el Gobierno y las comunidades luchaban en el mercado internacional por conseguir test ante la inexistencia de estos en España.
Según diversas fuentes, Irene Montero se habría hecho cuatro veces el test hasta dar negativo. La ministra de Igualdad no ha sido el único miembro del Gobierno que ha disfrutado de dicho privilegio, pero sí la que con más beligerancia se ha negado a dar la más mínima información acerca de ello.
Preguntada al respecto por la diputada del PP Bea Fanjul, la líder morada se negó este lunes 18 de mayo, durante la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Estado en materia de violencia de género, a responder a la pregunta de cuántos test había recibido.
Montero no sólo no respondió a la pregunta, sino que acusó desafiante a Fanjul de "buscar polémicas" y de haber comparecido en la comisión sólo para desacreditarla. "No soy ni su hija, ni su hermana, ni su amiga, soy la portavoz del PP en la Comisión del pacto contra la Violencia de Género, vigile el tono y las formas" le respondió Fanjul.
Manifestaciones
Los criterios utilizados por el Gobierno para permitir algunas manifestaciones y vetar otras son tan desconocidos como los utilizados para determinar qué comunidades pasan o no de fase. La inexistencia de criterios claros induce a suponer que estas se toleran o se vetan en función de los intereses propagandísticos del Gobierno.
Para las manifestaciones de coches de este sábado convocada por Vox, el Gobierno ha autorizado las marchas en lugares como Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Castellón, Cantabria, Cáceres, Guadalajara y La Coruña. Pero las ha prohibido, por medio de las delegaciones del Gobierno, en Cataluña y Castilla y León.
Hay más. Las caceroladas contra el Rey organizadas por Podemos y su entorno fueron toleradas y justificadas por el Gobierno en base al derecho a la libertad de expresión. Pero las organizadas contra Pedro Sánchez han provocado, según medios como El Confidencial y Voz Pópuli, que el Gobierno haya ordenado localizar a los promotores de las caceroladas para llevarlos ante la Justicia.