La política no ha sido amable con Fernando Grande-Marlaska. Como Fernando Simón y José Félix Tezanos, dos profesionales de prestigio que han dilapidado en sólo unos meses el respeto acumulado a lo largo de su carrera, el ministro del Interior ha visto como su aura de juez de referencia en la lucha contra ETA se desvanecía poco a poco hasta su conversión en el ministro más quemado del gobierno de Pedro Sánchez.

Al cese del jefe de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por una supuesta pérdida de confianza se suma la destitución en 2018 de otro coronel de la Guardia Civil, el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Manuel Sánchez Corbí, por motivos similares. También la sustitución en enero de este mismo año del director del Cuerpo, Félix Vicente Azón, por una vieja conocida del PSOE andaluz, María Gámez.

La mala relación de Marlaska con los destituidos era un secreto a voces en la Guardia Civil. Sus ceses han convertido a Marlaska en el ministro del Interior más repudiado por el Cuerpo desde los tiempos de Luis Roldán. También en uno de los que más comunicados de protesta por parte de las asociaciones de la Guardia Civil acumula desde su llegada al cargo el 7 de junio de 2018.  

Pero la fulminante destitución de Pérez de los Cobos, cuyo motivo no es otro que la negativa del coronel a desobedecer las órdenes de la juez que investiga las manifestaciones del 8-M, no ha sido el único escándalo del ministro del Interior en las últimas 48 horas. Sí el más grave y el que ha provocado una inmediata petición de comparecencia por parte del PP, pero de ninguna manera el único relevante.  

El sábado 23 de mayo, el Ministerio del Interior emitió un salvoconducto excepcional, que violaba las prohibiciones del estado de alarma decretadas por el mismo Gobierno, para que dos familiares del terrorista etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo pudieran visitarlo en la cárcel de Picassent, en Valencia, donde cumple una condena de 14 años de prisión por pertenencia al Comando Vizcaya y depósito de armas. 

El permiso se extendió a la pareja del terrorista, María Lizarraga Merino, condenada asimismo por pertenencia a ETA, y que cumple su pena en la misma cárcel de Picassent, en el módulo de madres. 

La excusa dada por el ministerio al insólito privilegio concedido a Gutiérrez Carrillo fue la muerte del padre del terrorista. Una circunstancia inservible para cualquier otro preso desde que las comunicaciones en locutorios entre reclusos o entre reclusos y familiares quedaron prohibidas a raíz de la declaración del estado de alarma. 

Gutiérrez Carrillo y Lizarraga Merino son dos de los tres presos etarras que Interior decidió acercar al País Vasco el pasado 18 de mayo a raíz de las movilizaciones convocadas por los radicales abertzales en algunas localidades de la comunidad. El tercero de los presos beneficiados por Interior es José Ramada Estévez.

Los dos primeros serán trasladados desde Valencia al centro Madrid VI, en Aranjuez. El tercero, desde Murcia a una prisión en Pamplona. 

Este domingo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, negó que el privilegio concedido al terrorista fuera un trato de favor. "El decreto del estado de alarma especifica en qué casos se permite la movilidad entre distintas provincias. No hay trato específico de favor a nadie, es de los casos tipificados en el decreto" afirmó Illa antes de derivar la respuesta hacia el ministerio del Interior.

Marlaska no se ha separado de la polémica desde su nombramiento como ministro del Interior. Tras las marchas del Orgullo LGBTI de Madrid del 6 de julio de 2019 en las que los manifestantes de Ciudadanos fueron agredidos por radicales, el Ministerio del Interior fabricó un informe sin firmar que culpaba de las agresiones a Inés Arrimadas y otros líderes del partido por "desobedecer" las órdenes de la Policía. 

Según las informaciones de varios medios de prensa, el informe falso fue cocinado por Interior sin recoger el testimonio de ninguno de los agentes que ese día acompañaban a la comitiva de Ciudadanos. El documento fue posteriormente filtrado a la prensa y utilizado para cargar la responsabilidad sobre las víctimas de las agresiones.

Los altercados fueron de tal intensidad que llegaron a provocar la petición de los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por parte de los policías que protegían a Ciudadanos. La delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García-Vera, se negó a ello, obligando a los ocho únicos agentes presentes a hacer frente a la multitud sin ayuda.  

Pocas horas antes de las agresiones, Marlaska había criticado a Ciudadanos por "pactar de forma descarada y obscena con quien trata de limitar derechos LGBTI", en supuesta referencia a Vox. "Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro, podría calificarse de irresponsable" dijo el ministro. Sólo unas horas después, los líderes de Ciudadanos eran atacados por la muchedumbre. 

Monitorización del pensamiento

Marlaska se convirtió de nuevo en noticia hace ahora un mes cuando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de brigada José Manuel Santiago Marín, afirmó durante una rueda de prensa a cuenta del coronavirus que sus agentes "trabajan en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen los bulos. Otra, minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno".

La evidencia de que ni la "creación de estrés" es un delito ni la minimización "del clima contrario al Gobierno" una tarea que le corresponda a ninguna institución de un Estado democrático, sumado a  la sospecha de que el Gobierno andaba a la caza y captura del discrepante en las redes sociales, provocaron una fuerte polémica. 

El escándalo no amainó ni siquiera cuando el propio ministro del Interior centró el tiro durante una de sus comparecencias parlamentarias en los bulos. Y, más concretamente, en las "estafas, falsas alarmas, falsas recetas médicas y vacunas inexistentes o manipulación de documentos oficiales" con motivo lucrativo. Sus explicaciones no convencieron a la oposición. 

Como muchos de los escándalos que han rodeado a Marlaska, este también se cerró en falso y con una encendida defensa del general Santiago por parte del Gobierno. En realidad, las instrucciones para la monitorización de las redes sociales habían surgido de un correo de la Guardia Civil remitido a las diferentes comandancias el pasado 15 de abril.

Ese correo llegó hasta manos de la cadena SER, filtrado por algún poseedor del mismo, en el momento en que el escándalo amenazaba con salpicar personalmente a Marlaska. Quién y por qué hizo llegar ese correo, que ponía a los pies de los caballos al general Santiago, hasta una cadena de radio afín al Gobierno no ha sido respondido todavía por nadie.