Después de dos meses de tiras y aflojas, el pasado viernes salieron juntos pero no revueltos -la ministra María Jesús Montero tenía su atril en medio- el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a presentar el Ingreso Mínimo Vital. El "día histórico" mereció incluso un Consejo de Ministros extraordinario y exclusivo para el real decreto que creaba "un nuevo derecho", pero al día siguiente el Boletín Oficial del Estado no publicaba nada. Ni al otro... hubo que esperar al lunes. ¿Por qué?
Porque, según fuentes conocedoras cercanas al Gobierno, se reescribió parte del real decreto una vez que ya había pasado por el Consejo de Ministros. Y así enmarcan este retraso, en la batalla interna entre los departamentos de Escrivá e Iglesias. El proyecto se definió desde la toma de posesión del Ejecutivo, en enero, como "responsabilidad de la cartera de Seguridad Social". Eso sí, en colaboración con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que coordina todas las políticas en este campo.
Las citadas fuentes afirman que durante la semana, y a pesar de que el texto legal había sido retrasado varias veces para que llegara como "un proyecto serio y bien armado" al Consejo, aún se estuvieron añadiendo y quitando párrafos al borrador. Y esto provocó reticencias entre varios miembros de los equipos de trabajo que fueron retrasando la presentación del texto.
De hecho, hasta el mismo lunes 24 de mayo por la mañana, las fuentes consultadas aún apuntaban la posibilidad de que el decreto se llevara al Consejo ordinario del martes. Y todo a pesar de que ya en la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios del jueves anterior se había dado cuenta de que el texto no estaba terminado. Otros portavoces oficiales ya aseguraban que el texto se aprobaría en un consejo extraordinario del viernes, como recogió EL ESPAÑOL, dado que la batalla interna no había acabado.
Otras fuentes cercanas al Gobierno apuntan a que no es inhabitual que algún proyecto, decreto u orden ministerial llegue a la reunión semanal del Gabinete sin terminar de precisar en algún detalle. Pero cuando pasa eso, advierten, el ministro o ministra responsable de su presentación lo advierte en alto y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en su papel de ministra de la Presidencia, toma nota y sólo eso se retoca al final de la reunión.
De hecho, fuentes cercanas a Calvo niegan que hubiera ninguna modificación sobre el texto aprobado el viernes en Moncloa. Según esta versión, el retraso en la publicación en el BOE del real decreto lo atribuyen a que debía hacerse oficial en el mismo día de su entrada en vigor. Y ésa es la prueba de que no se reescribió nada: precisamente porque se aprobó con la redacción final "el presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»". Y que una vez visado por el Consejo ya no se podía cambiar.
Prisas y toques finales
Lo cierto es que esta batalla entre los departamentos de Escrivá e Iglesias no es más que un síntoma más del enfrentamiento interno de las dos almas del Gobierno. El vicepresidente urgió en público a Pedro Sánchez y los ministros socialistas a sacar el proyecto de Ingreso Mínimo Vital "de manera urgente", más allá de que fuera un compromiso del programa de Gobierno de coalición asumido por el titular de Seguridad Social.
Este departamento quería trabajar con más tiempo, y el de Iglesias presionó anunciando un supuesto acuerdo para impulsar una renta mínima "temporal". El enfado del lado de Escrivá provocó tensiones que sólo pudo apaciguar el propio presidente con una decisión salomónica: Montero desautorizaría públicamente las prisas de Iglesias pero Escrivá pisaría el acelerador para tener el decreto "antes del último Consejo de Ministros de mayo".
Por esta razón se convocó una reunión extraordinaria del gabinete, tras comprobarse que la redacción no estaba disponible para ir el día 25, martes, a Moncloa. Y que de dentro y de fuera del Gobierno y sus partidos, y una cartera y otra seguían presionando para, por ejemplo, que se abriera una puerta a la atención a "situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad en el mismo ejercicio" en "supuestos excepcionales. Finalmente, esto se recogió en el artículo 8.5), que no existía hasta el mismo lunes 24, según las fuentes consultadas.
Pero es que durante la semana también se acordó con el PNV ceder a los gobiernos autonómicos de País Vasco y Navarra la gestión del IMV. Eso no llegó hasta el jueves 27, y ya incluso el sábado 29 se cerraba el pacto con Esquerra Republicana para que Cataluña pudiera entrar en el reparto del pastel de cientos de millones de euros. A cambio, los republicanos apoyarían una "sexta y última" prórroga del estado de alarma -tras rechazar las dos anteriores-.
Y ese pacto soliviantó a otras regiones gobernadas por los socialistas, como la Comunidad Valenciana y Aragón, que el domingo levantaron la voz en la videoconferencia de presidentes... El nuevo reparto de un café de 3.000 millones anuales para todos, finalmente está previsto en el decreto en su disposición adicional cuarta.