El 21 de junio se dará en España una situación paradójica. El Gobierno pondrá fin al estado de alarma en España, pero la Comunidad de Madrid, Barcelona y parte de Cataluña, y Castilla y León deberán entrar en fase tres, en la que la libre movilidad de los ciudadanos aún está restringida. Por ello, los presidentes autonómicos de estas comunidades no contarán con los resortes legales para confinar a sus ciudadanos, tal y como está previsto durante la última fase.
Desde Moncloa han sostenido en todo momento que la desescalada -que debía ser "prudente y sensata"- había seguido una planificación ad hoc para las distintas comunidades siguiendo criterios exclusivamente sanitarios. Sin embargo, con la sexta prórroga del estado de alarma, Sánchez se comprometió a delegar en los presidentes autonómicos la "gobernanza absoluta". De este modo, Isabel Díaz Ayuso, Quim Torra y Alfonso Fernández Mañueco podrán -y deberán, conforme a la ley- poner fin al confinamiento cuando sus respectivas comunidades teóricamente podrían no estar aún preparadas.
En rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se limitó a esquivar la polémica este martes: "Corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas la adopción del pase a la nueva normalidad".
El Gobierno había sostenido hasta ahora que el estado de alarma terminaría cuando todas las comunidades hubieran completado las tres fases de la desescalada. Sin embargo, la debilidad de sus los apoyos parlamentarios le impide, por un lado, seguir aprobando nuevas prórrogas y, por otro, satisfacer a los líderes nacionalistas dejando en sus manos el control.
Pero eso deja a algunos presidentes autonómicos ante un dilema: romper el confinamiento cuando -según los criterios sanitarios esgrimidos por el propio Gobierno- todavía no estarán listos para hacerlo o continuar confinando a sus ciudadanos pese a que no dispondrán ya con las herramientas legales para ello.
Sin socios
La realidad es que Pedro Sánchez ha ido desangrándose en las negociaciones hasta llegar a este callejón sin salida. PNV, Compromís, Ciudadanos y Esquerra han dejado de confiar en el presidente del Gobierno después de haber sufrido en sus carnes los constantes volantazos.
"Nuestro depósito de confianza ya está en la reserva", advirtió Andoni Ortuzar, presidente del PNV. El partido nacionalista pasó de "sorprendido" al conocer el pacto de PSOE y Podemos con Bildu, a hacerse el ofendido pasados los días.
Lejos de ir atemperando los ánimos, el lehendakari Iñigo Urkullu se presentó a la undécima videconferencia con un órdago en la mano: "Presidente, acabe con estas citas semanales, son inútiles". Sánchez hubo de claudicar, y prometió que les echaría el cierre al culminar la desescalada.
Adriana Lastra (PSOE) conversa con Pablo Echenique y Enrique Santiago (Unidas Podemos) y con Mertxe Aizpurua (EH Bildu).
El acuerdo del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral fue criticado duramente por Ciudadanos. Edmundo Bal lo calificó como "pacto para mantener el Gobierno Frankenstein". Sin embargo, la formación naranja ratificó su pacto para apoyar la sexta prórroga del estado de alarma arguyendo que era "absolutamente imprescindible, la herramienta jurídica necesaria para mantener el confinamiento" e incorpora, además, mejoras para todos los ciudadanos. El partido liberal recalcó en todo momento que apoyaban el estado de alarma pensando en el "interés general", pero el acuerdo con los abertzales se vio como una traición entre los máximos dirigentes.
Incluso Joan Baldoví (Compromís), uno de los socios más fieles del PSOE en el Congreso, votó no en la última prórroga del estado de alarma, harto de que el reparto de los 16.000 millones a las CCAA no atienda a sus requisitos.
Esquerra, por otro lado, votó las dos últimas prórrogas en contra, y Gabriel Rufián anticipó que "el espíritu de la investidura se va por el sumidero". La postura de JxCat es la de que nunca se fiaron de las promesas de Sánchez y, aunque se avino a negociar, no encontró satisfechas sus demandas soberanistas.
En definitiva, la impotencia de Sánchez para llegar a acuerdos estables y contentar a sus socios ha provocado que el fin del estado de alarma llegue cuando Madrid, Cataluña y Castilla y León continúan con la desescalada. Todo ello, consecuencia de padecer al Gobierno parlamentariamente más débil en medio de una de las situaciones más difíciles que se recuerdan.