El brote por Covid-19 en Lleida está acorralando al Gobierno de Quim Torra y amenaza con convertirse en el principal cisma entre socios del ejecutivo, ERC y JxCat. Nadie quiere hacerse responsable de la propagación del virus, pero los errores que han cometido desde a la administración catalana empiezan a ponerse sobre la mesa.
La restricción de movilidad decretada por el Govern en la comarca del Segrià fue el primer indicio del alcance del problema, que presentaba un rápido crecimiento de contagios diarios (1.400 casos, que podrían superar los 3.000 semanales). Aunque la consejera de Sanidad, Alba Vergès (ERC), negó en un primer momento la necesidad de reclusión, el presidente de la Generalitat impuso la medida.
Los médicos del Hospital Universitario de Arnau de Vilanova fueron los primeros en alertar de la situación. La consellera del ramo habló de que la situación en la comarca no era “ninguna broma” pero trasladó la responsabilidad a los ciudadanos y a la adopción de medidas de higiene personal. Sin embargo, los principales sindicatos médicos critican la “falta de previsión” de la Generalitat de un brote que ya se ha exportado a la localidad guipuzcoana de Ordizia (con 30 positivos) y a Oviedo (un hombre que provenía de Cataluña).
“Lo que ha pasado en Lleida era bastante previsible. Los departamentos de Agricultura y de Salud deberían haber hechos sus previsiones en el mes de Marzo para asumir la campaña de la fruta. No se han cubierto las necesidades de los temporeros en medio de la pandemia”, explica Álex Ramos, secretario general del Sindicato Médico Catalán (SIMECAT), a EL ESPAÑOL.
El inicio del brote se produjo durante la campaña de la fruta, que es una de las principales actividades económicas de la región y no se resolvieron los problemas de las condiciones de alojamiento de este sector. “Los primeros contagiados eran trabajadores sin tarjeta sanitaria y el Govern no hizo ninguna planificación para ayudarles ni cubrir sus salarios si tenían síntomas. Ahora ya son familias enteras de catalanes que están infectadas y mujeres embarazadas”, añade la secretaria de organización en temas sanitarios de Comisiones Obreras en Cataluña, Amparo Loren.
Vista la gravedad de la situación, tampoco se descarta que se aplique un confinamiento domiciliario a partir de este viernes cuando terminen las pruebas de Selectividad.
Fuga de sanitarios
Otro de los principales problemas es que no hay suficientes sanitarios en los hospitales de la provincia. Lleida es la provincia española con más fuga de sanitarios, según el Estudio sobre Demografía Médica publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM): en 2017 un total de 233 galenos (el 11,5% del total) se fueron de Lleida.
El lunes la Consejería de Sanidad pidió a sanitarios y trabajadores sociales voluntarios del resto del territorio que acudieran a esta demarcación ante el aumento de casos de coronavirus. “Falta personal, sobretodo enfermeras. Estamos preocupados. Nos dijeron que el rebrote sería en octubre y el 15 de julio empiezan las vacaciones de la mayoría del personal. Hoy nos hemos quedado sin dos enfermeras de UCI porque se han dado positivos en sus casas”, relata Loren.
Sin trazabilidad
Por su parte, Ramos asegura que “no se ha controlado el brote” y que “el rastreo se ha perdido”, lo que significa que “hay transmisión comunitaria”. “El call center de Ferrovial que se planteó no era de expertos. Al final se anuló el contrato y se pasó a la Atención Primaria que está saturada y no le pertoca la tarea epidemiológica”.
“Ha fallado la administración catalana, que le correspondía hacer test, cuarentenas y seguimientos. En todo esto no vale culpar a Madrid”, apostilla el galeno.
Otra de las decisiones del Govern que han suscitado más críticas es el vacío al frente de la Agencia de Salud Pública en medio de una crisis sanitaria de esta magnitud. Este organismo es el que tiene las competencias de vigilancia epidemiológica y se encuentra sin dirección desde el pasado 28 de mayo, cuando dimitió su secretario, Joan Guix.
El contrato adjudicado a Ferrovial por 18 millones de euros para hacer el seguimiento telefónico de los contactos quedó en suspenso el 8 de junio, sin que el Departamento liderado por Vergès haya aclarado aún si alguien está realizando este seguimiento.
Desde los sindicatos médicos consultados explican que, en el caso en cuestión, el rastreo lo está haciendo el Departamento de Salud Pública de Lleida en lugar de los servicios de Atención Primaria. Pero aseguran que la situación está “descontrolada”.
Las principales críticas se focalizan en la falta de un responsable del ente que controla la evolución de la pandemia y en la ausencia de sistemas de vigilancia epidemiológica para hacer el seguimiento de los contactos y cortar las cadenas de contagio. Mientras otros países cuentan con apps, la Generalitat no ha hecho los deberes desde el fin del estado de alarma para controlar una situación que los profesionales del ramo consideran que era "evitable".
Contra el Gobierno
Los principales partidos de la oposición, Ciudadanos, PSC y PP, han criticado que el cierre de la comarca “llega tarde”. “El lunes nos decía la consejera de Salut que estaba todo controlado. Cuatro días después, hospital de campaña y confinamiento en Lleida. La verdad es que el Govern tranquilidad y seguridad transmite poca", escribió en Twitter Daniel Serrano, secretario general del PP en la región.
Las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, de que le hubiera gustado que la Generalitat “confinara antes” tampoco fueron bien recibidas en el Ejecutivo catalán, que volvió a cerrar filas contra Madrid.
La portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, contestó que le "sorprende que el Gobierno nos diga a nosotros que vamos tarde en esta toma de decisiones". Y es que la Generalitat utilizó el argumento del retraso a la hora de adoptar medidas para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el estado de alarma e incluso dejó entender que en una Cataluña independiente se hubieran producido menos muertos.
Esta estrategia, sin embargo, empieza a languidecer. El hecho de que el brote de Lleida se ha producido después del estado de alarma y con una campaña de la fruta fijada en el calendario con antelación ha dejado al descubierto la falta de planificación y los bandazos del Ejecutivo competente que, en este caso, es el que lidera Torra.