Moncloa cree que Iglesias puede acabar procesado en el 'caso Dina' por obstrucción a la Justicia

Hay dos posibles delitos por los que el juez ya ha hallado indicios de criminalidad en Pablo Iglesias. Indicios corroborados por la Fiscalía anticorrupción que participa en el llamado caso Dina. Uno es contra la intimidad, por guardarse la tarjeta de memoria procedente del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Y otro es el de obstrucción a la Justicia, ya sea por denuncia falsa o por destrucción de material informático.

Aún no hay más que dudas en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero así lo describe un alto funcionario de Moncloa a este periódico. En las oficinas del presidente no hay nerviosismo porque el vicepressidente segundo pueda ser imputado. Para eso, el juez Manuel García Castellón se tendría que inhibir y pasar el caso de la Audiencia al Tribunal Supremo, y que éste pida el suplicatorio... No inquieta, pero sí hay convencimiento de que esos dos posibles delitos están ahí. Y que el desarrollo de los acontecimientos procesales indica que "Iglesias puede acabar imputado".

¿Y procesado? Es posible, aunque ya más difícil, explica esta fuente de Moncloa. El delito contra la intimidad es un delito privado: bastaría con que Bousselham "perdonara" a Iglesias por haberse quedado con información suya durante meses, sin avisarle de que había tenido acceso a sus fotos, intimidades y documentos contenidos en el móvil presuntamente robado.

Pero, según las fuentes consultadas, para exonerar a Iglesias de ese delito privado, su exasesora debería retirar la denuncia. "Y eso haría caer toda la pieza", aclara... es decir, no habría caso Cloacas. Y el chiringuito construido por Unidas Podemos y su líder en las dos campañas electorales de 2019 para las generales se desmontaría.

¿Obstrucción a la Justicia?

El otro delito, el de obstrucción a la Justicia, es un delito público, "es decir, perseguible de oficio". Y parece un hecho que alguien robó el teléfono a Dina Bousselham, que la información contenida en la tarjeta de memoria de su móvil fue copiada en otros soportes y, después, distribuida. Al menos, una copia al excomisario José Villarejo -hoy en prisión preventiva por el caso Tándem, del que cuelga esta pieza separada-; otra, a la revista Interviú; y una más, al digital Okdiario.

Y de este delito también ha hallado el juez indicios contra Iglesias. El primero, que los abogados de Podemos nunca informaron -ni en la denuncia inicial ni en la ampliación de la misma- de que la tarjeta ya estaba en manos del líder del partido y hoy vicepresidente segundo del Gobierno. La segunda, que la tarjeta de su exasesora está "parcialmente quemada", y consecuentemente inutilizada. Y que la misma Bousselham declaró que fue así como Iglesias se la entregó... aunque luego se desdijo.

Y el caso es que además Iglesias no puede señalar a Villarejo, ni siquiera para defenderse. Porque, según las pruebas que obran en el caso, un informe policial entregado en el juzgado decretó que las copias que se le hallaron al expolicía en su ordenador -en noviembre de 2017, casi dos años después del presunto robo- eran posteriores a que Iglesias tuviese acceso a la tarjeta.

Entonces, ¿puede ser imputado por este segundo delito el número tres del gobierno? En Moncloa creen que sí. Más allá de que sería "muy difícil" que luego, en vista oral, quedase acreditado que él fue quien destruyó la tarjeta, opinan las fuentes. Pero añaden que "en Podemos los nervios crecen porque la única manera de librar a Iglesias de esta tensión es tirar abajo toda la historia, que Dina retire la denuncia".

Y es que García Castellón está empeñado en averiguar quién, cómo, dónde y por qué destruyó la tarjeta que Iglesias recibió un mes después del presunto robo y guardó casi un año año hasta que vio parte de su contenido publicado en Okdiario.

La sucesión de hechos

La información hallada en el ordenador del policía presuntamente corrupto y hoy en prisión José Villarejo era de abril de 2016. Pablo Iglesias admitió haber accedido a esa misma información en enero del mismo año. Eran dos copias diferentes de la tarjeta de memoria de un teléfono móvil, presuntamente sustraído en diciembre de 2015 a Dina Bousselham, asesora de Iglesias en su etapa, ya acabada, como europarlamentario.

La denuncia por el robo del teléfono se presentó en comisaría, por la vía normal, inmediatamente después de ocurrir. Pero todo comenzó a ser raro un mes después de los hechos.

Alberto Pozas, director de la revista Interviú, llamó a Iglesias -recién estrenado diputado de Podemos, una fuerza emergente a la que había guiado hasta los 69 escaños- en enero de 2016. Lo recibió en el despacho del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, para hacerle entrega de la tarjeta. ¿Por qué? El dispositivo había llegado a la redacción y habían decidido dos cosas: no publicar nada y devolvérsela al interesado.

Pero el interesado no era el legítimo dueño. Aunque se reveló claramente como interesado porque, tras examinar el contenido en ese despacho y llevarse la tarjeta, no se la dio a su propietaria. Y porque consecuentemente, tampoco avisó a la Policía, que ya investigaba el presunto robo, de que la información privada se había recuperado... y éste es el Primer posible delito: contra la intimidad.

De entera a rota

Iglesias sólo se acordó de entregarle el pequeño almacén de memoria a Bousselham después de que vio que aparecían publicados en un medio de comunicación algunos de sus contenidos. Un vídeo de Echenique y algunas capturas de pantalla de chats interno de Podemos, con comentarios suyos que comprometían su imagen. ¿Cómo las reconoció? Porque, efectivamente, él sí había accedido al dispositivo y conocía bien su contenido.

Pero tras entregarle la tarjeta a su exasesora, nuevamente, nadie avisó a los investigadores de que ésta existía y se había recuperado -al menos, una copia-. Es más, al ampliar la denuncia para incluir la revelación pública del contenido del teléfono, los abogados de Podemos no aportan esta información al expediente. ¿Por qué? El entonces equipo jurídico del partido alega que ni Iglesias ni Bouesselham compartieron con ellos esa información en ese momento.

¿Habría ayudado a la investigación? Sin duda. ¿Alguien tendría que haber dado explicaciones sobre el origen de esa copia? También. ¿La legítima propietaria de la información habría perdido -de nuevo- el control sobre el contenido de la misma? Sí, pues era una prueba de una investigación. ¿Tenía, pues, algo que ocultar y por eso no reveló su existencia?

Es en este momento del relato en el que hay que recordar que en julio de 2016, fecha de la publicación, todavía no se había registrado el ordenador de Villarejo, que todavía no había aparecido una copia del volcado de esa tarjeta en el ordenador del excomisario corrupto. Es importante esto porque, aun así, Pablo Iglesias hoy alega que se guardó la tarjeta entre enero de 2016 hasta meses después de que Okdiario revelara parte de su contenido sin dársela a su dueña "para no ponerle más presión encima" porque sus fotos, intimidades y datos "habían caído en manos de tipejos como Villarejo, Inda y otros miembros de las cloacas".

Campaña contra Podemos

O el hoy vicepresidente sabía algo que ni siquiera hoy ha contado o su imaginación iba en una sola dirección. Y lo cierto es tenía motivos para ello: ya habían aparecido informes policiales contra Podemos y su presunta financiación ilegal procedente de Venezuela e Irán -por ejemplo, el llamado informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima-.

Pero también es un hecho que no había un sólo indicio conocido que permitiera, en esos seis meses en los que el líder morado se guardó en su cajón la tarjeta, vincular el robo del teléfono, esa documentación policial contra el partido y lo que en Podemos dieron en llamar "las cloacas".

Y es en este momento del relato, también, en el que las cosas se vuelven confusas. Porque la asesora de Iglesias declaró hasta dos veces en la Audiencia Nacional que la tarjeta llegó a sus manos "inutilizada" y que no pudo "acceder a su contenido". Y éste es el segundo posible delito: obstrucción a la Justicia por denuncia falsa o por destrucción de material informático.

La trama de "la trama"

Sólo cuando el magistardo García Castellón unió los puntos -tarjeta estropeada, copia de Villarejo posterior- y, consecuentemente, le retiró a Iglesias su condición de parte perjudicada en la causa, Dina Bousselham cambió su versión de los hechos: entregó un escrito en la Audiencia asegurando que, en realidad, sí que había podido abrir los archivos, pero sólo en parte y que después ya nunca más funcionó el dispositivo.

Las fuentes de Podemos, en este punto, señalan al juez, a un interrogatorio en el que "se presionó a Dina como si fuese sospechosa, no víctima". Y que, por ello, acabó diciendo lo que no era, hasta que pudo repasar con calma los hechos.

La trama se complica por las filtraciones de un abogado despedido del partido en diciembre de 2019, José Manuel Calvente, al que Podemos acusó de acoso laboral por motivos de género a la que hoy es la letrada de Bousselham... y que lo fue al mismo tiempo de Iglesias: Marta Flor Núñez. Y por las presuntas relaciones íntimas de ésta con uno de los fiscales anticorrupción que lleva el caso Ignacio Stampa.

Las fuentes de Podemos alegan, sobre esto, que la abogada pudo exagerar su grado de relación con el fiscal, en conversaciones privadas. Y que tiene sentido que la Fiscalía y una de las partes perjudicadas en una causa tengan una relación fluida, dado que pueden compartir intereses.

Y se enreda todo más cuando el juez detecta que la letrada está defendiendo menos los intereses de la que aun sí es perjudicada en la causa, Dina Busselham, que los de su otro defendido, Iglesias, contra quien ya había indicios criminales. El magistrado le ordena cambiar de defensora... pero es Iglesias el que renuncia para que ella siga representada por Marta Flor.

Ahora el juez ya sabe que la copia que tuvo Iglesias no salió de la copia que tenía Villarejo, pues ésta era posterior. Esto hace decaer cualquier prueba sostenible en juicio de que "las cloacas" de Villarejo robaron el móvil en busca de información contra Iglesias y contra Podemos, y que luego pasaron la información a determinados medios de comunicación.

Conclusiones

¿Esto puede seguir siendo verdad? Sí, pero no hay indicios en el sumario. Es la versión que se mantiene desde Podemos y el entorno de Iglesias, molestos porque la atención mediática no se centre en el caso Tándem de la corrupción de Villarejo, sino en la pieza Dina, que se enreda.

Más creíble o menos, el propio excomisario ha declarado ante el juez que a él también le llegó la copia del contenido de la tarjeta de manos de Alberto Pozas, director de Interviú.

¿Hay una trama oculta de los aparatos del Estado que operó contra el partido morado? A eso se quiso agarrar Iglesias durante las dos campañas electorales de 2019. Y con un buen asidero real, además: porque Pozas dejó Interviú para trabajar... en Moncloa, como director general de Información Nacional del gabinete personal del presidente Pedro Sánchez. Y porque, además, sólo dimitió de su cargo en abril de 2019, cuando el juez lo hubo imputado en esta causa.

Entonces, ¿Moncloa tiene interés en que a Iglesias le vaya mal judicialmente? Ni sí ni no. Miembros socialistas del Gobierno se encogen de hombros ante preguntas así. Alguno incluso deja claro que "si lo imputan, pues problema para sus abogados", desentendiéndose de cualquier afectación al Ejecutivo.

Y en las oficinas de Presidencia lo que hay es desapego absoluto al asunto, salvo en un punto: el problema de que Iglesias "esté nervioso, y haya emprendido una campaña de desvío de la atención con sus ataques a la prensa y a la Monarquía"... ésa es la única derivada que interesa del llamado caso Dina.