La Fundación Francisco Franco fía su pervivencia a un recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja actualmente en un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que ampliará la norma aprobada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. La idea del Ejecutivo, según la vicepresidenta primera Carmen Calvo, es que el documento comience su tramitación parlamentaria este otoño.

Este texto -además de la creación de fondos para reabrir fosas o el lanzamiento de un banco de ADN para las víctimas del franquismo- recoge la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la dirección de esta estructura fía su supervivencia a que Vox "presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional".

El propio presidente de la Fundación, el general Juan Chicharro, reconoce en conversación con este diario, su "confianza" en que los de Santiago Abascal den la batalla a su favor tanto en el Parlamento como en los tribunales.

"En principio no debería preocuparnos. Con arreglo a la Constitución española es imposible que se nos ilegalice, aunque con este Gobierno socialcomunista todo puede ocurrir", reitera Chicharro. Una opinión similar a la que vertía cuando Moncloa anunció su intención de exhumar al dictador, algo que terminó ocurriendo.

"Además, esa Ley de Memoria debe seguir un trámite parlamentario", prosigue Chicharro, que confiesa: "Ahí cabría esperar que, como es inconstitucional, Vox presentara un recurso". "Nadie puede, con arreglo a la Constitución, hacernos pensar distinto de como pensamos", zanja este militar en la reserva otrora ayudante del Rey Juan Carlos.

Estructura y financiación

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) fue constituida el 8 de octubre de 1976, apenas un año después de la muerte del dictador. La organización dispone de personalidad jurídica como institución cultural.

Fue proyectada por 226 fundadores para "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos". Así lo reflejan sus estatutos.

Actualmente, según afirma su presidente Juan Chicharro, "la Fundación se financia exclusivamente con las cuotas de los afiliados". Recibió su última subvención con el Gobierno de José María Aznar, en 2003, por la digitalización y microfilmación de su archivo documental.

Su presidente ejecutivo es Juan Chicharro Ortega. Está dirigida por un Patronato de entre 40 y 50 miembros, y cuenta con unos 1.500 socios. Su presupuesto anual ronda los 100.000 euros. Lo conforman las donaciones particulares, los beneficios del merchandising y los derechos de algunos libros publicados. La estructura radica en una vivienda cercana al Santiago Bernabéu y el personal contratado no supera las cinco personas.

Cuatro décadas después de su creación, el Gobierno de España promueve ahora su ilegalización. Para impedirlo, la fundación se aferra a Vox.

¿Qué pasaría con el archivo?

El principal activo de la fundación es el Archivo de Francisco Franco, que contiene unos 33.000 legajos que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos del dictador: correspondencia con otros jefes de Estado, informes confidenciales, borradores de leyes con anotaciones manuscritas, etc.

Una de las grandes incógnitas es qué sucedería con todos esos documentos en caso de ilegalizarse la fundación. "Es un archivo privado, no lo pueden robar", alega el general Chicharro, que recuerda que tienen "un convenio con el Ministerio de Cultura en virtud del cual los contenidos del archivo pueden ser visitados por quien quiera".

-¿Han denegado alguna vez el acceso al archivo?

-Podríamos, pero jamás lo hemos hecho.

La Fundación Francisco Franco está regida por el Sistema Español de Archivos, según prevé el artículo 66 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Es, por tanto, un Archivo Privado de accesibilidad pública. En este sentido, tal y como recoge el artículo 105-B de la Constitución, cualquier ciudadano puede acceder a su contenido. "Nosotros nos encargamos de su mantenimiento", defienden desde la fundación.

Esta documentación estuvo durante años en las manos de la familia del dictador y de la fundación, hasta que en 2003 llegaron a un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar para la realización de copias microfilmadas que ahora se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Cobraron 150.000 euros por la digitalización de las copias.