Carmen Calvo encarga la nueva ley de "memoria democrática" al equipo que exhumó a Franco

La Vicepresidencia primera ha cambiado de planes. El pasado 30 de junio, Carmen Calvo anunciaba en el Senado que en la segunda mitad de julio llevaría al Consejo de Ministros su anteproyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica, que data de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007.

Pero pasaban las semanas y nunca se llevó el texto a la reunión semanal del gabinete. Este periódico ha podido confirmar en fuentes de Moncloa que a la vuelta de verano se presentará una ley de "memoria democrática" completamente nueva.

La norma cambiará el nombre, igual que ocurrió cuando la Dirección general de Memoria Histórica, dentro del Ministerio de Justicia, pasó a ser la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, bajo el paraguas de la Vicepresidencia de Calvo. Una nomenclatura importada de sus socios de coalición, Unidas Podemos, quienes ya habían registrado una proposición de ley en el Congreso cuando Sánchez pasó a gobernar en solitario tras la moción de censura a Rajoy.

El plan inicial

El plan inicial, anunciado en junio, lo había deslizado Calvo de rondón en unas declaraciones a la prensa a propósito de las medidas de prevención puestas en marcha por Patrimonio Nacional para reabrir con seguridad las visitas a los Reales Sitios.

Así, aprovechando el trabajo de su equipo en Moncloa, que tras la exhumación del dictador Francisco Franco avanzaba en los planes de "resignificación" del Valle de los Caídos, el departamento de Calvo empezaba a colocar iniciativas políticas e ideológicas tras la desescalada del virus.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática depende de su Ministerio, y la vicepresidenta no quiere dejar pasar más tiempo para "poner al día", según fuentes de su entorno, "una norma que fue muy avanzada en su momento, que era necesaria, pero que se ha quedado obsoleta". 

El caso es que, una vez puestas manos a la obra, estas mismas fuentes han confirmado a este periódico que habrá "una nueva ley desde cero". La ley de "memoria democrática" ha sido encargada, además, al mismo equipo jurídico de Moncloa que diseñó la salida de los restos del dictador del que fue su emplazamiento durante casi 44 años.

Al frente de ese equipo está el secretario de estado de Memoria, Fernando Martínez, quien ya ocupaba la dirección general hasta enero, cuando dependía de Justicia. Y junto a su equipo colabora la oficina de Presidencia, sobre todo Félix Bolaños, secretario general y colaborador cercano de Calvo, también, en otros actos relevantes, como la organización del Homenaje de Estado a las víctimas de la Covid del pasado 16 de julio en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, en el Valle de los Caídos. EFE

Esta nueva norma pretende profundizar, con un nuevo articulado, en la equiparación de "la Dictadura o la figura del dictador Franco" con "el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas", como rezaba el proyecto anterior de los socialistas. Además, planteará excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización que ensalce o defienda este tipo de figuras, instituciones o situaciones.

Lo cierto es que fuentes del lado morado del Gobierno se lavan las manos respecto a este proyecto y atribuyen su maternidad exclusivamente al departamento de Calvo. Según el entorno de Pablo Iglesias, ellos querrían ir más lejos, pero están satisfechos con que el proyecto avance.

El texto que Unidas Podemos registró hace ya dos años, aún en la oposición, era una proposición de ley de "Memoria democrática" con un articulado aún más revisionista. De hecho, extendía el franquismo hasta el año 1982 y reclamaba la creación de la figura de "víctimas de la Transición", ya que endosaba a la época de la UCD "violencia de origen institucional".

Aunque esta nueva ley de Calvo no pretende revisar el régimen del 78 como sí hacía la elaborada por Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado por IU, sí que reescribirá más la Historia que la norma del Gobierno Zapatero. Así, el nuevo texto declarará el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura.

La fecha tiene una significación: es la frontera entre un régimen y el otro, pues fue en esa jornada de 1978 cuando fue aprobada la Constitución en el Congreso y el Senado.

Exhumaciones, multas y colegios

Bolaños no sólo planificó el operativo logístico del traslado de los restos de Franco, sino que lidió con la familia y con todo su equipo jurídico. "Fueron meses larguísimos de recurso tras recurso, defendieron su postura con todas las armas posibles", explica una fuente conocedora del proceso. De ahí que ahora colabore en este nuevo texto legal. 

El helicóptero con los restos de Franco abandona el Valle de los Caídos.

Ésa fue la exhumación más emblemática, pero la nueva norma articulará un mecanismo, financiado por el Estado para que, "tantas décadas después, por fin deje de haber españoles en las cunetas o en los sembrados", explican las fuentes.

Además, se establecerá un régimen sancionador a corporaciones locales u otros entes que cometan infracciones como, por ejemplo, "el mantenimiento de simbología de exaltación de la Dictadura franquista" -tal como estaba expresado en la reforma previa- o sean halladas culpables del "deterioro de las placas identificativas de los lugares de memoria histórica".

Las multas podrían llegar hasta los 100.000 euros y "serán acordadas e impuestas por el ministro competente en materia de memoria histórica", en este caso la propia Carmen Calvo.

Además, y tal como se comprometía el PSOE en su programa electoral, se incluirá "en el sistema educativo español el conocimiento de la historia democrática española, tanto del alumnado como del profesorado".

Y las universidades deberán fomentar, en particular, "las investigaciones orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas".