La eventual inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Supremo no servirá para que el bloque independentista en el Parlament recupere la anhelada unidad que insisten en reclamar. El presidente de la Generalitat buscará llevar su órdago contra el Estado hasta las últimas consecuencias y eso pasa por forzar a ERC a acatar su plan: no proponer candidato alternativo para presidir el Govern.
Estos días dirigentes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP han mantenido reuniones para intentar acordar una “respuesta consensuada” a la probable ratificación de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por parte del Supremo por la presunta desobediencia de Torra al mantener un símbolo partidista (una pancarta) en la fachada institucional en periodo electoral.
De momento, estos contactos entre el bloque independentista no han llegado a buen puerto, afirman las fuentes consultadas a EL ESPAÑOL. Y sectores de ERC, encabezados por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han emplazado a convocar elecciones. Un extremo que no contempla Torra ni Carles Puigdemont desde Waterloo.
“Nuestra petición, nuestro ruego incluso, es intentar acordar una posición común frente a la más que probable inhabilitación del presidente Torra”, afirmaba Rufián para, seguidamente, pedir “reforzar las instituciones frente a lo que viene”. “El único mecanismo para reforzar las instituciones se llama elecciones”, sostenía este martes tras la Junta de Portavoces en el Congreso.
Tras la probable inhabilitación, debería ser Pere Aragonès (ERC), en calidad de vicepresidente, el elegido para relevar a Torra. No obstante, los republicanos prefieren citar a los catalanes a las urnas y abstenerse de ocupar la presidencia tras una inhabilitación que ellos también han subrayado de “injusta”.
Al mismo tiempo, tampoco JxCat están por la labor de ceder gratis la presidencia a ERC. Con todo, el escenario más factible son la convocatoria de unas nuevas elecciones.
Ley de Presidencia
La Ley de Presidencia catalana estipula que en caso de inhabilitación del presidente, el presidente del Parlament tiene diez días para proponer un candidato alternativo. En caso de votación fallida, la cuenta atrás de dos meses hasta la convocatoria de elecciones empieza a contar.
El atrincheramiento de Torra al frente del Ejecutivo catalán obligaría a Roger Torrent, presidente del Parlament y dirigente de ERC, a proponer un candidato alternativo. Si se opone a cumplir con la legalidad, incurriría en un delito de desobediencia. Y los de Oriol Junqueras ya han manifestado su negativa a retomar la vía unilateral con el actual equilibrio de fuerzas.
Este acatamiento de la legalidad por parte de ERC sería el pretexto de los de Puigdemont para ir a elecciones y señalar a sus hasta ahora socios de Govern de “aliarse” con el Estado y avalar la “represión”. Aunque esto sería su plan B.
Su objetivo prioritario sigue siendo una combinación entre la llamada Vía Venturós, en alusión a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, que fue inhabilitada por desobediencia, pero no fue sustituida. Y que no comportaría ningún presunto delito de usurpación de funciones.
O amenazar con esta política de la silla vacía sui generis para mantener el pulso al Estado y, de paso, buscar la adhesión de ERC o la ruptura definitiva entre ambas formaciones antes de los comicios.