Hace menos de una semana reunió al Grupo de Contacto internacional para Venezuela. En aquella cita, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, diagnosticó las condiciones del país caribeño como "lejanas" a la posibilidad de organizar unas elecciones verdaderamente democráticas. La noticia calmó en parte a la oposición al régimen de Nicolás Maduro, aunque Borrell dejó la "puerta abierta" a un cambio de parecer si el mandatario de Caracas retrasaba la convocatoria seis meses.
Sólo en ese caso, dijo el político español, la Unión se vería en disposición de enviar una misión de observadores a los comicios. Porque habría dado tiempo a que los diálogos entre el régimen y la oposición democrática pudieran fructificar en medidas efectivas.
Sin embargo, antes de que se produzca una sola novedad al respecto, con las quejas oficiales del ministro de Exteriores chavista, Jorge Arreaza, y sin comunicarlo a ninguno de los miembros de la Unión Europea o del citado Grupo de Contacto, Borrell ha enviado a dos emisarios suyos como delegación especial.
Según publicaba ayer el diario Abc, Enrique Mora, director político y vicesecretario general para Asuntos Políticos, y Javier Niño, director de América del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior), llegaron en la madrugada del miércoles al jueves a la capital venezolana. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con su oficina, pero no ha logrado respuesta del Alto Representante.
La noticia ha levantado ampollas en sectores de las instituciones europeas. La jefa de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, califica de error la decisión de Borrell porque "este tipo de iniciativas puede contribuir a dar oxígeno a un régimen con un largo historial de violaciones de derechos humanos".
De hecho, la también exportavoz del PP en el Congreso recuerda, en conversación con EL ESPAÑOL, que "como acaba de confirmar el reciente informe de Naciones Unidas, Maduro es responsable de cometer crímenes contra la Humanidad, lo que demuestra que en estas condiciones es imposible que el 6 de diciembre se celebren unas elecciones con unas mínimas garantías democráticas".
"Blanqueo de una diplomacia errática"
De la misma opinión es Manfred Weber, presidente del Grupo Popular en la Eurocámara. Quien fuera el spitzenkandidat del PPE a la presidencia de la Comisión en las pasadas elecciones europeas ha asegurado que "legitimar al dictador Maduro con una misión clandestina de la UE es inaceptable".
Para el político alemán, "Maduro debe ser llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya" por las acusaciones de tortura y ejecuciones recogidas en ese informe de la ONU, "y no blanqueado por una diplomacia errática".
También los líderes del exilio venezolano en España abundan en esta idea. Así, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ha acusado a Borrell de "legitimar una dictadura" al dar este paso, en declaraciones al periódico caraqueño El Nacional.
"Debe explicarse"
Tanto Ledezma como Leopoldo López Gil y otros cinco opositores democráticos venezolanos residentes hoy en España opinan que el Ejecutivo de nuestro país debe liderar a la UE y a la comunidad internacional en la "respuesta firme" a Maduro, y no condescendiente.
En ese sentido, Montserrat insistía a este diario en que "Borrell debe explicar la agenda y los objetivos de esta misión enviada a Caracas para negociar con el régimen de Maduro". Máxime cuando esta delegación ha sido enviada "sin conocimiento del presidente legítimo de Venezuela y reconocido por la UE, que es Juan Guaidó".
Y es que entre los líderes del exilio consta López Gil, compañero de Montserrat en la bancada popular de Estrasburgo, quien advertía la semana pasada al presidente Pedro Sánchez, en una carta a la que tuvo acceso este periódico firmada junto a sus colegas venezolanos, de que el cambio de posición español con respecto a la "tiranía chavista" estaba perjudicando "la defensa de la democracia venezolana".