La cooperación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid anunciada el pasado lunes por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso no ha durado ni una semana.
Mientras la Comunidad acusaba al Gobierno de contraprogramar la rueda de prensa en la que Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad del gobierno regional, anunció las nuevas medidas contra el Covid-19, una palabra –más bien un número– empezaba a asomar ayer en los medios y las redes sociales: 155.
El temido artículo 155 de la Constitución, la bomba nuclear jurídica que permite al Gobierno tomar el control de una administración díscola, se convirtió ayer viernes en algo más que una posibilidad de política ficción.
El 155 se llegó a reclamar desde el propio PSOE por medio de un comunicado de la corriente interna Izquierda Socialista titulado "¡Nos dejan morir!". "No vamos a consentir que nos eliminen en ghetos", dice el texto en el que se pide la intervención de la Comunidad.
Mientras tanto, a última hora de la tarde, el diario El País publicaba la información de que el Gobierno maneja dos opciones si Ayuso insiste en "desobedecer" las recomendaciones del ministro de Sanidad Salvador Illa: decretar un nuevo estado de alarma, incluso sin petición expresa por parte de Ayuso, o aplicar el 155 y tomar el control de la Comunidad desde el Gobierno.
La pregunta es obvia. Si el Gobierno se ha visto obligado a escenificar su malestar y a defender por boca de portavoces autorizados, como el propio ministro de Sanidad, que la Comunidad no está siguiendo las recomendaciones dictadas por los técnicos, ¿por qué no toma el control de la lucha contra la epidemia utilizando para ello el estado de alarma o el artículo 155 de la Constitución?
"Lo incomprensible es que el ministro pida restricciones en Madrid, pero no las pida al resto de España. Es una discriminación a la que ya nos vamos acostumbrando", decían en la Comunidad tras conocer las palabras de Illa.
Un simple vistazo a las redes sociales prueba que el globo sonda de Moncloa fue interpretado ayer por muchos ciudadanos como una rama más en la hoguera de la batalla entre administraciones a cuenta de la lucha contra la epidemia.
El estado de alarma le permitiría al Gobierno confinar a toda la población de la Comunidad e imponer restricciones en función de las necesidades del momento y la evolución de la epidemia.
La aplicación del 155, por su lado, le permitiría al Gobierno tomar el control ejecutivo de la Comunidad, arrinconando a la administración regional hasta que la epidemia remitiera y se doblegara la curva de infecciones.
Interés general
El artículo 155 de la Constitución fue el utilizado por Mariano Rajoy en octubre de 2017 para tomar el control de la autonomía catalana tras la declaración de independencia en el Parlamento regional por parte de los líderes del procés.
El 155 puede ser aplicado, de acuerdo a la propia literalidad del artículo, cuando "una comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".
En el caso de la Comunidad de Madrid, sería este segundo supuesto –actuar de forma que atente gravemente al interés general de España– el que debería invocar el Gobierno para solicitar la aplicación del 155.
El procedimiento legal es sencillo. El Gobierno debe requerir oficialmente al presidente de la Comunidad y, caso de no ser atendido, solicitar la aprobación del 155 por parte del Senado para poder ejecutar la aplicación forzosa de esas órdenes.
Arma de doble filo
Es muy dudoso, en cualquier caso, que la rueda de prensa de Salvador Illa de ayer pueda ser esgrimido como un "requerimiento oficial". En primer lugar, porque de las palabras de Illa no se deriva una orden explícita a la Comunidad de Madrid, sino más bien una opinión acerca de las medidas que el ministro considera convenientes.
En segundo lugar, porque es el propio Gobierno el que ha delegado toda la responsabilidad de la gestión de la segunda ola del Covid-19 en las comunidades autónomas.
El Gobierno no cuenta además en el Senado con la mayoría suficiente –133 votos– para aprobar el 155. El PSOE cuenta con 112 senadores, y el grupo de la Izquierda Confederal, en el que se encuadran partidos como Más Madrid, Compromís o Catalunya en Comú Podem, 6.
Para la aprobación del 155, el Gobierno necesitaría por lo tanto del apoyo del PNV, que cuenta con 10 senadores, y de ERC, que cuenta con 13. Contaría sin embargo con el apoyo prácticamente seguro de Teruel Existe, que tiene 2 senadores.
La aprobación del 155 para un caso como el de la Comunidad de Madrid sería también un arma de doble filo para el resto de comunidades.
Madrid es, de acuerdo a la incidencia acumulada durante los últimos 14 días, la región europea más afectada, con 700 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no presentan tampoco buenas cifras Navarra, con 503; Castilla-La Mancha, con 398; La Rioja, con 380; País Vasco, con 353; y Aragón, con 343, por no mencionar otras como Melilla, Murcia o Castilla y León.
¿Recomendaciones u órdenes?
A falta de confirmación oficial, no hay mayor prueba de que el Gobierno se plantee la aplicación del 155 que las palabras de Illa de ayer.
Según el ministro, la Comunidad no ha seguido cuatro de las "recomendaciones" que el Gobierno le dio el lunes y que se basan, a su vez, en recomendaciones de "los técnicos": la extensión de las medidas a toda la ciudad de Madrid, la recomendación de evitar traslados innecesarios, la prohibición del consumo en barra y la restricción de la ocupación de las terrazas al 50%.
Hasta qué punto unas "recomendaciones" deben ser obedecidas por la comunidad que las recibe es materia de debate. Jurídicamente, parece difícil sostener la tesis de que esas recomendaciones sean de obligado cumplimiento.
"Iremos viendo qué hay que hacer en el futuro, pero no voy a entrar en reproches. Van a venir semanas muy duras y complicadas, pero saldremos adelante si hacemos lo que tenemos que hacer", dijo Illa para zanjar el debate. El debate, sin embargo, cobró vida propia tras su comparencia.
La Comunidad respondió ayer mismo a las palabras de Illa diciendo que "un espacio de colaboración no debe ser un espacio de imposición". El gobierno de Ayuso ha justificado su decisión de no hacer caso a las recomendaciones con el argumento de que "hay que ser muy cautos a la hora de plantear medidas que puedan afectar a la economía".
La presidenta ha insistido por su parte en un punto sobre el que la Comunidad no tiene mayor poder: el control de las entradas en el aeropuerto de Barajas.
Esa recomendación también ha sido desoída. Pero esta vez por el Gobierno.