Batet permite las ofensas al Rey en el Congreso en plena campaña contra Felipe VI desde el Gobierno

No le ha caído en suerte a la presidenta Meritxell Batet el Congreso de los Diputados más fácil de pastorear de la historia de la democracia. Tampoco el clima político más conveniente para ello. Sesión a sesión, extremistas y nacionalistas se enseñorean de la Cámara y convierten sus intervenciones en un aquelarre de ocurrencias, mofas e injurias más propio de las redes sociales que de la institución que representa la voluntad popular de los ciudadanos españoles.

Pero a esa peligrosa deriva populista no parece ajeno el hacer de una presidenta de la Cámara cuyo doble rasero –frecuentemente inflexible con la derecha, habitualmente tolerante con la izquierda y el nacionalismo– acabó dejando desamparado ayer miércoles al Rey frente a los insultos de Gabriel Rufián, tensando la interpretación del Reglamento de la Cámara hasta extremos difícilmente justificables desde el punto de vista jurídico y provocando las quejas de PP y Ciudadanos.

A la vista de lo ocurrido, tanto populares como naranjas decidieron ayer presentar sendos escritos de queja por la transigencia de Meritxell Batet con los ataques de Rufián a Felipe VI. Ataques en los que el republicano llegó a vincular al Rey con la extrema derecha y con Francisco Franco.

Ciudadanos presentó su queja ayer a media tarde y el PP se disponía a hacerlo en el momento de escribir este texto, según confirmó a EL ESPAÑOL el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.

Conceptos ofensivos

Por la mañana, Batet negó la palabra a Inés Arrimadas cuando la portavoz de los naranjas intentó, a la luz de los artículos 72 y 103 del Reglamento del Congreso, pedir que la presidenta "asegurase la observancia" del primero de esos artículos, que exige que los diputados sean llamados al orden cuando "profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad".

Sí pudo intervenir Pablo Casado para pedir amparo a la presidenta. "Según el presidente del Gobierno, los responsables atacan al Rey y los irresponsables lo defienden. Es el mundo al revés", dijo el líder del PP.

"La monarquía fue votada como forma política del Estado por el 90% de los catalanes y Felipe VI fue proclamado democráticamente Rey hace seis años en este mismo Parlamento", añadió luego Casado. "¿Cree usted que los presidentes del Parlamento británico, danés, holandés, belga, sueco o noruego no se referirían a esta intervención [la de Rufián] como le estoy pidiendo?".

En su escrito de queja, Ciudadanos pide que la presidenta explique los motivos por los que se le negó la palabra a Arrimadas. Pide también que defina "qué declaraciones, a juicio de la Mesa de la Cámara, se encuentran amparadas por la libertad de expresión y cuáles, en cambio, pueden ser causa de invocación de los artículos 72 y 103 del Reglamento del Congreso".

La lógica de la pregunta de Ciudadanos es inapelable a la luz de los hechos. ¿Por qué las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en las que la portavoz del PP recordaba la pertenencia del padre de Iglesias a un grupo terrorista, el FRAP, fueron retiradas del Diario de Sesiones del Congreso, y las declaraciones en las que Rufián vincula al Rey con la extrema derecha y el franquismo quedan sin embargo amparadas por la libertad de expresión e incluidas en el Diario de Sesiones?

El doble rasero de Batet fue tan evidente ayer miércoles que la misma Cayetana decidió responder con un nuevo vídeo en su canal de YouTube, CATilinarias. En él, la diputada acusa a Batet de "permitir graves insultos" al Rey y de "borrar" la verdad sobre el padre de Pablo Iglesias. 

La tolerancia de la presidenta Batet con los insultos de Rufián al Rey se produce en el contexto de una ofensiva del nacionalismo y de Podemos contra la Corona y en circunstancias complejas para unas instituciones que viven el que es probablemente su momento más frágil en 40 años de democracia.

Una ofensiva, protagonizada por Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Manuel Castells y el mismo Rufián, que no ha provocado, de momento, queja alguna por parte de Pedro Sánchez o de los miembros socialistas del Consejo de Ministros. Sí por parte de barones socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán, o del expresidente del Gobierno Felipe González. Nombres, en cualquier caso, cuya influencia en el Consejo de Ministros y el gabinete de Sánchez es pequeña, por no decir mínima. 

Críticas "respetuosas"

Las críticas a Batet no son nuevas, como tampoco lo son los choques con Ciudadanos y el PP. En marzo de este año, en plena expansión de la epidemia de Covid-19, la presidenta del Congreso obligó a Arrimadas a escoger entre la pérdida de su portavocía o poner en riesgo su embarazo al negarse a que la líder naranja interviniera telemáticamente, como esta había solicitado.

En esa ocasión, la habitual flexibilidad de Batet con el Reglamento se transformó en rigidez. Batet sí había permitido en cambio el voto telemático de los diputados para que estos votaran la prórroga del estado del alarma solicitada por el Gobierno.

El 3 de febrero de 2020, en su discurso de apertura de la XIV Legislatura, Batet destacó la labor realizada por la Monarquía en España y afirmó que las críticas, siempre que estas sean respetuosas, no sólo no debilitan a la Corona, sino que "la fortalecen". Sólo ha hecho falta medio año para comprender que el concepto de "respeto" de la presidenta del Congreso incluye calificar de franquista al Rey o vincularlo a la extrema derecha. 

Dos meses antes, el 3 de diciembre de 2019, los juramentos de los nuevos diputados en el Congreso se convirtieron de nuevo, frente a la pasividad de la presidenta, en un rosario de proclamas a caballo de lo surrealista, lo esperpéntico y lo abiertamente contrario al orden constitucional.

Ese día, Batet permitió que se jurara por las Trece Rosas, por el planeta, para que no haya una España desarrollada y otra vacía, por los presos políticos, por la constitución de la república catalana y por el regreso de los exiliados, entre muchas otras causas, algunas de ellas incompatibles con la democracia. 

Finalmente, en abril de este año, un grupo de juristas contactados por EL ESPAÑOL mostró su alarma por el hecho de que el estado de alarma vigente desde el 14 de marzo se hubiera traducido en la práctica en una "acusada disminución de los controles a la actuación del Gobierno". Una pérdida de calidad democrática de la que algunos de esos juristas acusaron a Meritxell Batet, como máxima representante de un Congreso que, según la Constitución, no debería haber interrumpido su funcionamiento ordinario.