"Madrid pidió tiempo y ha decidido no hacer nada". Salvador Illa compareció en rueda de prensa junto a Fernando Grande-Marlaska tras el Consejo de Ministros extraordinario histórico que impuso el tercer estado de alarma de la historia de la democracia -todos ellos bajo un Gobierno socialista-, y el primero acotado a una sola región del territorio español.
"No hay más ciego que el que no quiere ver, y hemos llegado aquí porque alguien ha querido". El ministro de Sanidad se mostró en su habitual tono comedido en las formas, pero con un discurso mucho más duro en su contenido de lo habitual. Sin duda, se traslucía en su gesto y en sus palabras la desazón por haber tenido que claudicar a un desafío. No lo dijo expresamente, pero Illa cree que Isabel Díaz Ayuso ha forzado la situación para poder lucir el victimismo de haber sido intervenida.
Y apoyó esa (no) afirmación el ministro en dos hechos que sí expresó ante el micrófono: "Siete veces ha pedido la Comunidad de Madrid la ratificación de medidas restrictivas a los tribunales. Seis de ellas, invocando la Ley General de Sanidad de 1986, y una sola amparándose en la de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario de 2003, esta última, que ha sido la rechazada por los tribunales".
El Gobierno decreta el estado de alarma en la Comunidad de Madrid
#sa, la primera andanada. La segunda, el detalle final de su relato cronológico, con el que abrió su comparecencia: "La presidenta habló anoche con Pedro Sánchez y pidió tiempo hasta este mediodía. Decidió no hacer nada y llamó para pedir una reunión cuando el Consejo de Ministros ya estaba en marcha".
Falta de explicaciones
En ambos puntos tiene razón Salvador Illa. Pero en ambos se le escapó explicar algunos matices. Fue su orden ministerial del 30 de septiembre, que traspuso al día siguiente la Comunidad, la que no invocó la ley de 1986 "que los tribunales han aceptado en todos los casos para limitar derechos fundamentales". Pudo haberlo hecho y no lo hizo.
Y tampoco aclaró cuál es la razón de haber tenido que acudir al estado de alarma impuesto unilateralmente si su Gobierno se comprometió a acometer las reformas legales que lo evitaran, en las negociaciones para lograr votos que le garantizaran las tres últimas prórrogas de mayo y junio.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, el pasado 21 de septiembre.
El PP lo lleva ofreciendo -"hágalo por decreto, tiene nuestros votos", ha insistido Pablo Casado desde hace cuatro meses- y la propia Carmen Calvo anunció en sede parlamentaria esos trabajos "ya en marcha". Pero nunca se acometieron para corregir "la regulación actual [que] resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación", en palabras del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en su auto del jueves, hizo decaer sus restricciones y nos trajo a esta situación.
En lo que no hay duda es en los datos que esgrimió el ministro Illa para justificar que "hay que actuar de manera contundente porque en Madrid no hay rebrotes, sino una transmisión comunitaria que amenaza con descontrolarse".
Según relató el titular de Sanidad, "en la Comunidad 498 personas se debaten ahora mismo entre la vida y la muerte en las UCI, se acumulan ya más de 250.000 contagiados, y el 70% de ellos sólo desde el 1 de junio. Ya han muerto 1.209 personas... y más de 1.400 sanitarios han resultado infectados".
Según Illa, "en política hay un 99% de cosas discutibles, pero proteger la salud de los madrileños está en el 1% de las cosas indiscutibles". Y por eso, dijo, el Gobierno se ha visto obligado a actuar: "Podemos cruzarnos de brazos o combatir al virus, y la obligación de un Gobierno es frenar la Covid y proteger la salud de los ciudadanos".
Las medidas
El nuevo estado de alarma aplicará las medidas que acordó el Consejo Interterritorial de Salud el pasado 30 de septiembre: esencialmente, el cierre perimetral, reducción de aforos al 50% en hostelería y del 30% en lugares de culto. "Son exactamente las mismas restricciones, ni una más ni una menos", remarcó Illa, "porque sólo hemos dado un soporte jurídico a un error formal" que, por supuesto, atribuyó al Ejecutivo madrileño, como ya hemos dicho.
Y estará vigente en nueve de las 10 localidades en las que se decretó entonces. Se queda fuera Alcalá de Henares, explicó Illa, "porque ya ha conseguido rebajar sus índices". Es decir, ya no cumple los tres criterios que se aplican a las ciudades de más de 100.000 habitantes. A saber: más de 500 casos de incidencia acumulada, más de un 10% de positividad en PCR y más del 35% de ocupación en UCI por Covid.
Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska dan cuenta en Moncloa del decreto de estado de alarma en Madrid.
En ese sentido, la vigencia de la alarma en Madrid ha sido aprobada para 15 días, y sin visos de que sea necesario reunir al Congreso para prolongarla: "Cuando se cumplan estas dos semanas llevaremos 23 días bajo estas restricciones, y confiamos en que estemos en un horizonte de remisión del virus", deseó el ministro.
Ese horizonte significa "doblegar la curva, no sólo parar el crecimiento, sino hacerla bajar claramente". Su esperanza es lograr un entorno de 150 casos por cada 100.000 habitantes en localidades que hoy están por encima de 750, "pero en otras ocasiones se ha conseguido, así que lo lograremos si las medidas se cumplen como es debido".
Para eso, para hacerlas cumplir, está el Ministerio del Interior, cuyo titular se sentaba a su lado. "Hay que evitar la difusión sin control del virus en este puente", cerró Illa, y cedió la palabra. Grande-Marlaska anunció que su misión comenzaba por "el despliegue inmediato de más de 7.000 agentes entre policías y guardias civiles".
Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establecerán puntos de control en los accesos y entradas de las ciudades afectadas e impondrán las multas "que sean necesarias y proporcionales".
El largo Consejo
Moncloa preveía un Consejo de Ministros extraordinario pero corto. La reunión comenzó a las 12.00 h del mediodía y la Secretaría de Estado de Comunicación convocó a los medios para una rueda de prensa sólo media hora después. Finalmente, después de más de dos horas de una reunión presidida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo -el presidente estaba en Barcelona, con el Rey-, el Gobierno de España anunció la imposición del estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Ministros extraordinario impone el estado de alarma en Madrid.
Durante la celebración del Consejo extraordinario, al otro lado de la capital, sucedían varias cosas extrañas.
La primera, que Isabel Díaz Ayuso llamaba por teléfono a Pedro Sánchez. La jefa del Gobierno regional madrileño solicitaba una reunión del Grupo Covid-19 en la que explicar su propuesta de nuevas medidas restrictivas, tras el ultimátum del presidente la noche anterior. Pero Sánchez le transmitió que el tiempo se había acabado. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la llamada se produjo pasadas las 12.25 horas, cuando en Moncloa ya llevaban los ministros deliberando un buen rato.
Además, la Orden redactada por los servicios técnicos de la región insistía en utilizar los criterios que rechazaba Salvador Illa: 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y no 500. Áreas sanitarias, y no municipios para perimetrar. Y otras claves accesorias distintas: vecindad con otras zonas contagiadas en lugar de presión hospitalaria o positividad por PCR.
El segundo evento excepcional que ocurría al tiempo que se reunía el Gobierno fue la comparecencia pública del consejero de Sanidad de la región. Enrique Ruiz Escudero explicó a los ciudadanos un plan de restricciones absurdo, porque nunca se iba a poner en marcha: Madrid ya sabía que Sánchez se había cansado de esperar y que el estado de alarma decretado unilateralmente ya era una realidad.