El anuncio de Pedro Sánchez a los líderes autonómicos de que este martes el Consejo de Ministros aprobaría, por fin, el anteproyecto de Presupuestos para 2021 parecía indicar que había fumata blanca. Pero no.
En realidad, la solemnidad del marco, la XXIII Conferencia de Presidentes, sólo era una política de hechos consumados para cancelar la negociación con el lado morado de la coalición. Pablo Iglesias se quedaba sin la reunión prometida en Moncloa con el presidente y los ministros económicos se salían con la suya: si ya había acuerdo en el borrador, no se daba más.
Pero el vicepresidente segundo, indignado, movilizó a su secretaria de Estado, Ione Belarra. El objetivo, dejarle claro a sus contrapartes de Hacienda y Moncloa que sin el paquete completo no habría acuerdo, y que Unidas Podemos estaba dispuesta a dejar colgando la palabra del presidente y aplazarlo todo para un Consejo extraordinario el viernes.
¿Y qué más quería Iglesias? Como advertía este periódico a media tarde, su negociador, Nacho Álvarez, ha dedicado las últimas tres semanas a aceptar las rebajas que María Jesús Montero le hacía a cada una de sus propuestas en el paquete fiscal, verdadero nudo que impedía desmadejar el texto final del anteproyecto. Pero a cambio, Álvarez introdujo dos exigencias, como ya informó este diario: la intervención del mercado de los alquileres y mejoras en la tramitación y universalidad del Ingreso Mínimo Vital.
Al final, pasadas las 22.40 de la noche, Iglesias doblegó la resistencia de Sánchez y hubo acuerdo. Se regularán los alquileres de aquí a cuatro meses -como anticipó EL ESPAÑOL, en una ley que ya trabaja el Ministerio de José Luis Ábalos- y se facilitará el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Este martes se conocerán los detalles.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la sala de prensa de Moncloa.
Para salvar estos últimos escollos estaba previsto el mano a mano en Moncloa entre presidente y vicepresidente, agendada para la tarde del domingo o la mañana del lunes, tal como confirmaron fuentes de ambos lados del Gobierno. Pero el enfrentamiento que mantiene Nadia Calviño -junto al resto del equipo económico del Gobierno- a las posiciones del lado morado del Ejecutivo acabaron triunfando en el ánimo de Sánchez, que tras hacer el anuncio en la mañana, evitó convocar a Iglesias por la tarde.
"Ahora mismo", explicaban fuentes cercanas a la vicepresidencia a las 19.21 horas, "estamos negociando que la contraoferta del PSOE tenga garantías". Traducido al castellano: que a Podemos no le vale "que el Ministerio de Transportes diga que está preparando una Ley General de Vivienda en la que incluirá lo de los alquileres". Iglesias quería atar ese compromiso, y encargó a Belarra la negociación final para evitarse "traiciones a lo firmado" como las de los decretos de los "viernes sociales", que los morados llegaron a votar en contra al sentirse engañados.
¿Esperar al viernes?
En caso contrario, y mientras no hubiera un acuerdo que incluyera estas dos medidas sociales junto al paquete presupuestario, el vicepresidente sopesaba rechazar el pacto y tratar de forzar un Consejo extraordinario este viernes: "El 30 de octubre todavía es octubre, ¿no?", explicaban desde su entorno, "pues si el compromiso es aprobar los PGE antes de fin de mes, estaríamos cumpliendo".
Pablo Iglesias y Ione Belarra, con los representantes del Sindicato de Inquilinos en la sede de la Vicepresidencia.
La realidad es que Sánchez se había permitido el ninguneo final a su socio a sabiendas de dos cosas: la primera, que en ningún caso provocaría una crisis en el Gobierno. "No van a romper la coalición, no dejarán el Ejecutivo en ningún caso", diagnosticaba una alta fuente de Moncloa. "Este país necesita un Gobierno de izquierdas ahora, aunque sea renqueando", alegaban desde Unidas Podemos, "y eso no lo vamos a romper aunque haya que tirar del PSOE toda la legislatura".
Y la segunda era que el contexto de la pandemia y de las exigencias de reformas y consolidación fiscal que llegan desde Bruselas le dan una coartada que ni Iglesias podía obviar. Por mucho que le indignara la jugarreta de última hora de Sánchez.
Así las cosas, este martes será un Consejo histórico: se aprobará la petición de prórroga del estado de alarma al Congreso por seis meses -pese a la negativa del PP- y el anteproyecto de las cuentas públicas. Y si bien se sabe que serán sumamente expansivas (incluyen el techo de gasto más elevado de la historia), todavía están llenas de interrogantes.
Las dudas estriban en las subidas de impuestos como el IRPF o el IVA y del IPREM. "Llevamos meses negociando y dejan todo esto para el final", lamentaba una fuente morada, "no es serio": la parte gubernamental de Unidas Podemos quería aplicar el grueso del paquete fiscal incluido en el pacto de coalición con toda su fuerza, mientras que el bando socialista lo ha atenuado.
Las incógnitas
Aunque el grueso de la reforma fiscal acordada y anunciada en enero ha sido pospuesta por el presidente -a indicaciones de Calviño y Bruselas- hasta que la economía recupere sus bríos, parece que el IRPF para rentas altas sí subirá. La idea es llenar el incremento de recaudación tributaria que se prometió en esta figura impositiva a la Comisión Europea. Pero, ¿a partir de qué tramo?
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
Aquí es donde encalló la discusión entre Montero y Álvarez. Mientras que los socialistas quieren que el alza del IRPF se aplique a rentan a partir de los 200.000 o de los 300.000 euros, en Unidas Podemos insisten en que la subida se aplique a partir de los 130.000.
Por otro lado, el Gobierno también espera lograr unos 1.500 millones de recaudación adicional a través de impuestos indirectos, campo en el que la figura a retocar que más papeletas tiene es el IVA.
Para ello, el Ejecutivo recurrirá a la supresión, o atenuación, de determinados beneficios fiscales que ha analizado y criticado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en esta figura fiscal, concretamente los tipos reducidos.
Sin embargo, todavía no se ha trasladado cuáles se "retocarán". Esta parte de la negociación se están conduciendo con suma confidencialidad. Como adelantó este periódico, el Gobierno había puesto sobre la mesa suprimir la exención del IVA con la que cuentan la sanidad y la educación privadas. Aunque esto parecía desechado, hoy nadie lo descarta.
Queda también el interrogante de la fiscalidad verde. Aunque el Gobierno ha comunicado a Bruselas que espera sacar a través de impuestos medioambientales más de 1.300 millones de recaudación adicional, todavía no se aclara cómo. Lo único que está claro es que la equipación tributaria del gasóleo con la gasolina formará parte de esta medida.
Por otro lado, se espera que también se supriman deducciones y exenciones, es decir, beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades y que benefician a las empresas.
El otro gran motivo de discusión es el IPREM, que es el índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo en España. Lo utilizan muchos ministerios, Comunidades Autónomas e incluso administraciones locales para fijar los límites por rentas para su acceso.
Aunque los cambios en este indicador son decididos por el Ejecutivo sin tener que obedecer ninguna evolución económica, alzarlo aumentaría la cantidad de familias que pueden acceder a determinadas prestaciones pero también el gasto público de las distintas administraciones.
Negro sobre blanco
Más allá de estos interrogantes, hay novedades que se han añadido al proyecto de Presupuestos en las últimas semanas, después de conocerse el Plan Presupuestario, y que ya están negro sobre blanco. Una de ellas es la subida del salario de los funcionarios. Como adelantó este medio hace dos semanas, finalmente el sueldo de los funcionarios públicos subirá un 0,9% en 2021, aproximadamente lo mismo que el IPC.
Lo mismo ocurrirá con las pensiones públicas. El Gobierno amarrará que los pensionistas cobren un 0,9% más, amén de que el proyecto presupuestario incluirá los primeros pasos para que el Estado asuma parte de los gastos impropios de la Seguridad Social y se inicie el camino para reducir el importante déficit que afronta su Tesorería.
Iglesias, vicepresidente segundo; Montero, portavoz y Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Sin embargo, la más importante novedad en materia de pensiones es que, a través de los Presupuestos, el Gobierno creará un fondo público de pensiones para facilitar el acceso de los trabajadores a planes de ahorro a largo plazo. Además, esta herramienta está pensada especialmente para autónomos y pequeñas y medianas empresas, a imagen y semejanza de los fondos colectivos de pensiones de País Vasco.
Es decir, que el Gobierno da los primeros pasos para incentivar los planes de pensiones colectivos o de empresa, que tendrían menos gastos de gestión y más rentabilidad para los trabajadores.
Los perdedores de esta decisión serán las entidades gestoras de fondos de pensiones individuales. El Gobierno restará parte de los beneficios fiscales con los que cuentan. La previsión es que se queden en una cuarta parte de lo que eran.
Por otro lado, sí que están confirmadas algunas de las fuentes de ingresos suplementarias con la que espera contar el Ejecutivo en 2021. A través de medidas como los nuevos impuestos a los Servicios Digitales, a las Transacciones Financieras y a los envases de plásticos o la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, así como las iniciativas contra el fraude fiscal, el Ejecutivo espera obtener unos 3.477 millones.
El proyecto de Presupuestos incorpora un adelanto -con cargo a deuda pública- los 27.000 millones en ayudas de la Comisión Europea que España recibirá en 2021, de los que la mitad serán para proyectos propuestos por las Comunidades Autónomas.