El juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo sospecha que, días antes de la DUI, Rusia le ofreció trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que el expresidente catalán rechazó.
Así lo mantiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en los autos de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a CDC y a ERC detenidos por la Guardia Civil -Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell-, en el marco de una causa que investiga el desvío de fondos públicos para pagar los gastos de Puigdemont en Waterloo.
El juez basa sus sospechas en dos archivos de audio intervenidos en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, grabaciones de dos conversaciones que este mantuvo con Madí y con Vendrell los días 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018, según los autos, a los que ha tenido acceso Efe.
Criptomonedas
Esas conversaciones, según el juez, apoyan su tesis de que Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Carles Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.
Según sostiene el instructor, en las conversaciones grabadas Terradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), el jefe de un "grupo ruso" con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana", pero el expresident "es va cagar a les calces" (se cagó en los pantalones).
"Tragedia"
De las conversaciones intervenidas el juez concluye que "Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont hasta el punto de haber trasladado a Cataluña a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales", apunta el magistrado.
El auto, basado en intervenciones telefónicas e informes de la Guardia Civil, sostiene además que el "grupo ruso" con el que Terradellas contactó "quería hacer de Cataluña un país como Suiza".
Según las conversaciones intervenidas, Terradellas llevaba cinco meses trabajando como "delegado" con "un grupo de Rusia", creado en la época de Gorbachov, para desarrollar la plataforma de criptomonendas y, en mayo de 2018, tenía previsto viajar a Rusia, a lo que Vendrell se ofreció a acompañarle.
Ese viaje, no obstante, no llegó a llevarse a cabo porque cuatro días antes de la fecha prevista de salida Terradellas fue detenido, en la causa de supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones afines a CDC que ha dado pie a la operación de hoy.
El auto añade que Vendrell sugirió a David Madí que comentara la posibilidad de la plataforma de criptomonedas con Xavier Vinyals -excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas que también ha sido detenido en la operación de este miércoles-, dado que es una persona a quien Puigdemont "hace encargos en temas internacionales".
Según el auto, el grupo de rusos con el que Terradellas trabajaba tenía interés en "participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures -director general de Mediapro- y, para ello, querían "colocar a una persona en primer nivel" y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones.
En las conversaciones investigadas, Vendrell expresó además su "preocupación" porque estaba "bajo vigilancia de los servicios secretos" y quería "garantizar la máxima seguridad para que no trascendiesen las relaciones con Rusia".
Assange
El juez de Barcelona también cree que el entorno de Puigdemont contó con apoyo de activistas como Julian Assange en su "estrategia de desestabilización" de la Unión Europea (UE).
El juez resalta en su auto que el 9 de noviembre de 2017 Oriol Soler se entrevistó en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, el responsable de Wikileaks, cuando se encontraba huido de la justicia estadounidense, para recabar su apoyo en la estrategia para la internacionalización del proceso independentista.
En su escrito, el juez recoge el contenido de un informe de la Guardia Civil que apunta a que esa reunión se enmarca en la "estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso".
Esa "narrativa general" sobre el colapso de la Unión Europea era el "principal mensaje" entonces de los medios de comunicación controlados por el Kremlin, entre los que la Guardia Civil sitúa a Russia Today y Sputnik.
Ante esta situación, según concluye el juez de los informes de la Guardia Civil, la "estrategia coordinada de comunicación" que el empresario y el activista activaron con motivo del 1-O "respondió a la combinación de diferentes instrumentos: uso de redes sociales, tuits de Julian Assange y Eduard Snowden, las fábricas de la Web con respecto a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en los que participa Oriol Soler".
En los atestados de la Guardia Civil que el juez refiere en su auto se destacan las vinculaciones de Oriol Soler con Julian Assange así como la posibilidad de que el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin hubiese recurrido al procés en el marco de "sus campañas geopolíticas de desestabilización, como el Brexit o la elección de Donald Trump".
"Con independencia de que las quejas diplomáticas hubiesen estado suficientemente fundadas acerca de la participación de Rusia en las campañas a favor de la causa secesionista en Cataluña, la realidad es que las relaciones de Oriol Soler y Assange, así como la participación de ciertos medios de comunicación rusos cobran sentido en atención a los propios planteamientos de la Generalitat de internacionalizar el conflicto obteniendo el respaldo de terceros países", recoge el juez.
Según resalta el auto, a partir de la información proporcionada por la Guardia Civil, con independencia de que Soler haya sido el artífice de campañas a favor del procés "en el libre ejercicio de sus derechos", como la libertad de expresión, "lo cierto es que sus relaciones con la Generalitat se vehiculan a través de cuantiosos contratos públicos y, sobre todo, subvenciones", que entre 2016 y 2020 alcanzaron los casi 3 millones de euros.