La operación de la Guardia Civil contra el supuesto desvío de fondos públicos para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) se ha saldado con 21 detenidos, entre ellos el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el exdirigente de CDC David Madí.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado este miércoles, las detenciones se han practicado en el marco de la tercera fase de la Operación Volhov, dirigida por el titular del Jugado de instrucción 1 de Barcelona, que investiga una supuesta trama de desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona y la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas.
Los detenidos, entre los que también figuran el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, y el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals, están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
La investigación, que se tramitó durante año y medio en una pieza secreta, deriva de la causa abierta por el juez contra una trama de presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a CDC, uno de cuyos principales imputados es el exdirigente de este partido Víctor Terradellas.
Durante la investigación, la Guardia Civil descubrió entre otros aspectos la supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Villa Bugatti, gestionada por el exconseller de ERC Xavier Vendrell.
Por este motivo, la Guardia Civil se ha dirigido al Ayuntamiento de Cabrera de Mar, en uno de los 31 registros que se han llevado a cabo a lo largo del día en Barcelona y Girona en el marco de esta investigación.
Según han explicado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil ha tomado este miércoles declaración como investigado al alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y al arquitecto municipal, Ramon Vilà, para esclarecer su papel en adjudicaciones y subvenciones supuestamente relacionadas con el esquema fraudulento.
Además del proceso de recalificación de esa masía de lujo para que pasara de terreno rústico a urbanizable, la Guardia Civil también detectó supuestas irregularidades por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat en la concesión del concierto de la escuela.
Por este motivo, entre los investigados también figura la directora general de Centros Concertados y Privados del Departamento de Enseñanza, Pilar Contreras.
Entre los investigados se encuentran Antonio Fusté Piñol y Roc Aguilera Vaques, dos de los máximos responsables de la empresa Events de Igualada (Barcelona), dedicada entre otros asuntos al montaje de escenarios y que ya fue registrada antes de la celebración de 1-O.
En los 31 registros practicados este miércoles por la Guardia Civil por orden judicial se ha intervenido gran cantidad de documentación, así como soportes informáticos y telefonía móvil para su estudio y análisis.
Tsunami Democràtic
Según señaló a primera hora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la operación se enmarca en delitos relacionados con la corrupción y desórdenes públicos, y se remonta a la investigación que arrancó en 2016 por supuesto desvío de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona. Fuentes de la investigación han confirmado que se rastrea la relación de los detenidos con el Tsunami Democràtic, la plataforma que lideró los disturbios por la sentencia que condenó hace un año a los líderes independentistas.
Otros de los investigados son el presidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, Xavier Vinyals; empresarios relacionados con eventos deportivos como Antonio Fuste; Roc Aguilera; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, y el interventor delegado, Jordi Serra; y Pilar Contreras y Marta Molina.
Más detenciones
Según la Guardia Civil, la investigación continua abierta, por lo que no descartan que en los próximos días haya nuevas detenciones.
El juez, que ha precipitado la operación a raíz de los indicios recabados durante meses de intervenciones telefónicas, también investiga la relación de alguno de los detenidos con las actividades de Tsunami Democràtic, de lo que podrían derivarse delitos contra el orden público.