El diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, aspira a que el Gobierno "normalice" las relaciones diplomáticas con Venezuela y cree que "no es adecuada en este momento" la foto que Pedro Sánchez se tomó con el opositor venezolano Leopoldo López, aunque lo considera "un asunto interno" del PSOE.
En una entrevista con Efe, Santiago -que ejerce de portavoz de IU en el grupo confederal y es considerado muy cercano al líder de Podemos, Pablo Iglesias- responde así a la decisión del Gobierno de no sustituir al embajador en Caracas y de enviar en su lugar a un encargado de negocios, alegando que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron "justas ni transparentes", como sostiene la UE.
"Todas las elecciones de Venezuela han sido observadas por organismos internacionales, desde la fundación Carter a la OEA o la UE. No ha habido nunca ninguna impugnación, por lo cual para nosotros los resultados son absolutamente válidos y las distintas fuerzas pueden concurrir... Hasta el señor (Juan) Guaidó fue elegido diputado", sostiene Enrique Santiago.
Por ello, el líder del PCE espera que "se normalicen" las relaciones diplomáticas con ese país y con toda América Latina, pues tampoco en Bolivia, recuerda, hay en estos momentos embajador. "Creemos que es lo que corresponde", afirma.
Respecto a las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre que España es el epicentro de la conspiración contra su régimen, responde Santiago: "Él sabrá, tendrá motivos para decirlo, imagino".
Reforma del CGPJ
El diputado de Unidas Podemos defiende que la reforma del poder judicial presentada junto al PSOE era una "salida de urgencia" al bloqueo del PP, pero reivindica que el objetivo final de los de Pablo Iglesias es que el "gobierno de los jueces" se elija en las urnas y así lo promoverán en el Congreso de ser posible esta legislatura.
"Lo están pensando, es una propuesta que a nadie le parece mal", concreta a la pregunta de si la propuesta se ha hablado con el PSOE.
Santiago se muestra "escéptico" con la posibilidad de que el Gobierno y el PP alcancen un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque los de Pablo Casado han "tenido numerosas oportunidades", y por eso cree que habrá que mantener la propuesta de que 12 de los 20 miembros de este órgano puedan elegirse por mayoría absoluta y no de dos tercios.
No obstante, consideraría una buena noticia un acuerdo si con ello se consigue que el CGPJ "deje de estar al servicio de los poderosos" y que no se produzcan sentencias como la de esta semana del Castor. "Qué vergüenza que el Tribunal Supremo acordara entregar 1.300 millones de euros a los bancos a cuenta del fraude del Castor. Vamos a pagar todos los ciudadanos", lamenta.
De la situación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que un juez haya pedido al Tribunal Supremo su imputación, dice que es "imposible" que suceda y que habrá que ver "cuáles son las responsabilidades por organizar esta inmensa campaña de difamación" contra él.
Con respecto al secretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez, que no acudió a declarar de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad, pide "presunción de inocencia" y no cree que lo imputen.
"Si fuera condenado por un delito incompatible con la representación política claro que tendría que dimitir, pero eso es mucho avanzar... Si llega a ser condenado por una agresión a otro ser humano sea policía o sea barrendero sí me parece que sería muy indigno ostentar un cargo público", señala.
Presupuestos
El secretario general del PCE sostiene que el Gobierno cuenta con "un bloque de investidura con suficiente fortaleza como para acordar los presupuestos" y, aunque da la bienvenida al apoyo de Ciudadanos si es que los de Inés Arrimadas lo quieren dar, avisa de que sus votos son "innecesarios".
"No vamos nunca a estar de acuerdo en que, para garantizar unos votos que son innecesarios, se limite la inversión social o el dinero que se destina a la atención de colectivos sociales vulnerables", apunta Santiago, argumentando que en "términos generales" ya hay un "gran acuerdo" entre las fuerzas que apoyaron la investidura de Sánchez, entre las que menciona a ERC y el PNV.
Precisa que no es un pacto cerrado "al cien por cien". "Pero la línea general está más que preestablecida", asegura Santiago, que dice que Unidas Podemos ya trabaja en las enmiendas que presentará a sus propias cuentas para incluir peticiones de ayuntamientos, colectivos sociales u otros grupos políticos.
Además, pondera que Unidas Podemos logró el compromiso del PSOE de impulsar en un plazo de unos meses una ley estatal para regular el alquiler que convertirá a España -afirma- en el primer país europeo en controlar los precios, aunque dejará para más adelante la petición de que los pisos de los bancos se puedan poner a disposición de la ciudadanía.
Remarca el camino iniciado por el Ejecutivo para eliminar exenciones impositivas a empresas y subir el IRPF de las rentas altas, un aumento que se queda mucho más corto de lo que Unidas Podemos pretendía, pero justifica que "la correlación de fuerzas es la que es".
Estado de alarma
"Respeta las críticas en democracia" de algunos socios del Gobierno como Compromís y Más País porque el presidente Pedro Sánchez limite sus comparecencias a una cada dos meses durante el estado de alarma, pero defiende que "pocos países y pocos gobiernos han dado más información y sido más transparentes" que el de España.
Y dice que renovar la alarma cada 15 días "ha provocado un desgaste brutal", que no quiere que se den "oportunidades" a quienes han demostrado "que no tienen ningún interés por proteger el bienestar colectivo", afirma sobre la oposición.
"Vox es lo más parecido a la Falange Española que hemos visto en la vida, en su discurso, en su violencia, en su forma de actuar...", llama la atención Enrique Santiago, que opina que la "derecha neofranquista que siempre estuvo en el PP" ha aflorado "sin ningún tipo de complejos".
Tampoco comparte las reticencias a que fuese el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no el presidente, quien defendiese la prórroga. "Nunca acertaremos, siempre habrá críticas porque siempre pretenden atacar al Gobierno", zanja.