Baleares sigue bloqueando que se investigue el abuso a menores tuteladas, 300 días después del escándalo

Han pasado ya 300 días desde que se destapó el escándalo. Corría el 12 de enero cuando el Diario de Mallorca daba la exclusiva: un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) llevaban años siendo prostituidas.

Lo que se había destapado era una red de explotación sexual de menores bajo tutela pública posibilitada por la inacción de la administración balear, que no atendió los numerosos avisos de trabajadores sociales y agentes de policía. Las niñas, de entre 13 y 17 años, eran explotadas sexualmente a cambio de drogas, regalos o dinero.

El caso salió finalmente a la luz gracias a la denuncia de una niña tutelada de 14 años, que fue violada por seis adolescentes en un piso del barrio de Corea, uno de los más conflictivos de Palma. El suceso quedó recogido en unos estremecedores mensajes que envió a su psicóloga del centro de acogida.

"Hay una negligencia absoluta por parte de los servicios sociales", comentaba un agente policial que había investigado estas prácticas en conversación con el periódico mallorquín. "Los trabajadores lo denuncian, pero cuando llega a los inveles superiores del IMAS los casos se minimizan, porque no tienen medios para evitarlo. Prefieren mirar para otro lado", se quejaba.

Desde entonces, nadie ha asumido responsabilidades políticas. El tripartito del Gobierno balear, compuesto por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca -marca homóloga de ERC en las Islas-, ha vuelto a impedir esta semana la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso. Una iniciativa que llevan tiempo reclamando los partidos de la oposición: PP, Ciudadanos, El Pi y Vox.

Tampoco ha habido dimisiones. No ha renunciado a su cargo el director del IMAS, el socialista Javier de Juan. Tampoco la presidenta de la comunidad, Francina Armengol (PSOE). Ni siquiera la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago (Podemos).

Comisión de Investigación

Este sábado se cumplen 300 días desde que se destapó el escándalo y aún no se han depurado responsabilidades. Y eso que el fenómeno era un secreto a voces en Palma: los expertos llevaban años proveyendo de informes internos a los responsables del IMAS sin que éstos tomaran medidas efectivas para ponerle freno.

Pero el tripartito balear -PSOE, Podemos y Més- sigue sin voluntad política de esclarecer lo sucedido. Y sin ajustar cuentas. Este martes, la izquierda y los nacionalistas tumbaban de nuevo la propuesta de la oposición de crear una Comisión de Investigación.

Así, ya son varias las veces que el Ejecutivo que preside Francina Armengol (PSOE) ha evitado rendir cuentas por la prostitución de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS).

El pasado 26 de octubre, las formaciones del tripartito propusieron la creación de una Comisión Política para "analizar la gestión del Consell durante las últimas legislaturas sobre los menores tutelados". Sin alusión directa a las menores prostituidas. Una estrategia encaminada a frenar una vez más la Comisión de Investigación que exige la oposición.

Hasta el propio Gobierno de España también impidió que se investigara el escándalo. El pasado mes de marzo, PSOE y Unidas Podemos se sirvieron de su mayoría en la Mesa del Congreso para paralizar la solicitud de PP y Ciudadanos de crear una comisión para investigar los abusos a menores bajo tutela pública en Baleares y Valencia.

¿Qué dice la oposición?

La oposición denuncia que el Gobierno balear está tratando de ocultar los hechos con el objetivo de impedir el escándalo público. Y por eso veta sus sucesivas peticiones para crear una Comisión de Investigación.

La portavoz de Ciudadanos Mallorca, Beatriz Camiña, lamentó este pasado martes en el Parlamento insular que "para evitar que sepamos lo que han hecho o dejado de hacer para proteger a esos menores, se escuden en que es un problema que ocurre en numerosos lugares de nuestro país".

"No sabemos nada del peor escándalo que ha sufrido esta institución en toda su historia", se quejó Camiña, que abundó: "Once meses después de saltar a la prensa no sabemos nada sobre lo que hizo el IMAS para evitar que los niños sufrieran explotación y pederastia".

Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Marga Durán, pidió "la dimisión de la consellera [Fina] Santiago", así como la del presidente del IMAS, Javier de Juan: "No es de recibo que nadie, ningún cargo ni del IMAS ni del Govern Armengol haya tenido la dignidad y la decencia de haber presentado su dimisión a día de hoy".

"Se entiende claramente el porqué el Govern de izquierdas, tanto en el Consell de Mallorca, como en el Parlamento se han negado sistemáticamente a una comisión de investigación, ya que tenían mucho que esconder", zanjó.