La Comisión Europea ya lo ha advertido: seguirá "muy de cerca" la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y "vigilará la aplicación de medidas de emergencia" sobre fake news, promulgada a través de una orden ministerial este jueves.
Además, ya dejó claro Bruselas que su recomendación es que los Estados miembros no estén en excepcionalidad constitucional más que "el tiempo estrictamente necesario", más allá de que el respeto a la propiedad privada y al libre mercado formen parte de los pilares de la Unión.
Ninguna de las últimas acciones del Gobierno de Pedro Sánchez son explícitas en mostrar afán de control, todas actúan por omisión, eliminando lo que no son obstáculos, sino diques democráticos.
Por eso mismo, tampoco ninguna de ellas supondría un desafío suficiente a los principios del Estado de derecho como para que España se viese en el riesgo de verse sometida a un procedimiento por el artículo 7 del Tratado, tal como indican las fuentes consultadas. Pero todas sumadas, y en tan poco tiempo, dan argumentos a quienes denuncian "una clara deriva totalitaria del Gobierno".
PSOE, PP y Cs
"Con la pandemia estamos viendo en diferentes gobiernos, incluido el español, un uso y abuso del poder", advierte la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua. "Algunas acciones se hacen sin control parlamentario, otras sin transparencia, otras aprovechando la zozobra creada por la Covid para tomar medidas partidarias que no favorecen el bien común".
La última de las iniciativas fue la publicación este jueves en el BOE de una orden ministerial que crea un nuevo organismo para monitorizar la información en los medios y las redes, con el declarado objetivo de "perseguir las campañas de desinformación". Pero la "deriva totalitaria de Sánchez", que denuncia la oposición -nada sorprendente, pues- pero que también "vigila" la Comisión Europea, preocupa a los expertos europeos.
Maite Pagazaurtundua, eurodiputada.
"La polarización con espíritu populista y la deslegitimación de cualquier obstáculo" que Pagaza advierte como riesgo en el Gobierno español supone una advertencia. "Hay miembros del Ejecutivo que practican la estigmatización de las ideas o personas que no les siguen la corriente".
Entonces, ¿hay riesgo de que España sea sancionada como Polonia o Hungría? "No, el procedimiento del Artículo 7 es larguísimo, y muy tasado", explica Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo y exministro de Justicia. "Quien dice eso exagera".
Pero no lo ve así el eurodiputado popular Esteban González Pons."El Parlamento ha creado un nuevo procedimiento de cumplimiento del Estado de derecho en el contexto del fondo de recuperación europeo tras la pandemia", explica el político valenciano. "Ya no hace falta un proceso tan largo como el del Artículo 7 para sancionar a un país... ahora te puedes quedar sin ayudas si en la UE se advierte que te estás cargando la separación de poderes".
¿Y está haciendo eso el Gobierno Sánchez?
1. Poder Judicial.
La reforma de la ley del Poder Judicial ha sido presentada por el Ejecutivo como "una solución de emergencia". Y se ha culpado al Partido Popular por "bloquear la renovación de las instituciones". Es cierto que los de Pablo Casado no tienen nada que ganar y han sido renuentes a la negociación. Pero también lo es que la parte morada del Gobierno ha alimentado el fuego de sus razones socavando las instituciones desde dentro del Consejo de Ministros.
Una semana antes de que se presentara la proposición de ley, ni siquiera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, estaba de acuerdo con hacerlo, y numerosos ministros socialistas atribuían el rumor a "un globo sonda interesado de Podemos". Porque la proposición tiene todos los visos de ser inconstitucional. Y porque los reiterados avisos de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa reclamaban un movimiento precisamente en sentido contrario desde hace más de una década.
Pablo Iglesias observa a Carlos Lesmes (presidente del Tribunal Supremo), en los actos del 12-O.
Además, la iniciativa se hace sorteando los informes del Consejo de Estado y del propio CGPJ, al haber sido impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, no por el Gobierno. Una treta que quedó desacreditada cuando el presidente anunció que la "congelaría" si Pablo Casado se sentaba a negociar ese mismo jueves en el que había destrozado a Santiago Abascal en la moción de censura... Casado se apresuró a recordar que al líder de Vox le había dicho que era "peligroso para España justo por ser igual que Sánchez".
2. Poder Legislativo.
El 9 de mayo, si se levanta el estado de alarma, Pedro Sánchez llevará sólo cinco meses y medio de Gobierno normal, frente a 10 meses y una semana en condiciones de (casi) plenos poderes.
Durante el confinamiento, los populares viajaron del sí al no pasando por la abstención en las sucesivas prórrogas del estado de alarma por dos razones principales. La primera, porque advirtieron que Sánchez estaba aprovechando sus "plenos poderes" para colar a Iglesias en el CNI, impulsar una ley de educación por el procedimiento de urgencia y otros "abusos". Y la segunda, porque reclamaban una reforma de las leyes sanitarias para no tener que acudir a la excepcionalidad.
El Gobierno la prometió en sus negociaciones con Ciudadanos y con Esquerra. Llegó incluso a anunciar la reforma la vicepresidenta Carmen Calvo. Y el presidente Sánchez comprometió su palabra... pero nunca llegó.
De ahí que la imposición de una nueva alarma y su consiguiente prórroga durante seis meses haya causado estupor en la oposición y sorpresa en Bruselas. La Comisión pidió a los miembros de la UE que no mantuvieran las situaciones de excepcionalidad "más de lo necesario", y buscaran soluciones en las leyes ordinarias. Todo en previsión de abusos... y sin embargo no se ha hecho nada en España, al contrario, se ha decretado un estado de alarma de seis meses y medio.
3. Cuarto poder
Este jueves, el BOE publicaba una orden ministerial con el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. La medida otorga a un nuevo organismo controlado por Moncloa la potestad de controlar los diferentes canales de comunicación -incluyendo medios digitales y redes sociales- y buscar mecanismos de respuesta ante la propagación de fake news.
Pedro Sánchez al término de una rueda de prensa, con Miguel Ángel Oliver a sus espaldas.
El escándalo fue inmediato, ya que la libertad de información es un derecho fundamental consagrado en el Artículo 20 de la Constitución. Es decir, que cualquier regulación debería haberse hecho a través de una ley orgánica.
La orden no define qué será considerado "desinformación", ni "campaña de información falsa", ni qué procedimientos se pondrán en marcha para "combatirlas". Sólo describe los poderes y organigramas. Es más, su ambigüedad ampara casi cualquier actuación de los nuevos titulares del derecho a decidir qué es una campaña de desinformación y cómo abordarla.
Bruselas ya ha advertido a España de que examinará el plan de Pedro Sánchez con el fin de determinar si se ajusta a las directrices de la UE. "Como ustedes saben, la Comisión está vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros durante esta pandemia", avisó un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Y la propia Pagaza -vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles y miembro de la comisión especial sobre desinformación creada en la Eurocámara- envió de urgencia una pregunta escrita al comisario de Justicia, Didier Reynders, para denunciar la iniciativa de Sánchez.
En conversación con este periódico, la eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos dentro de Renew, explica sus temores precisamente con el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias: "En momentos como éste es necesario un ejercicio de gobierno prudente, donde las decisiones se tomen con el suficiente consenso social. Por el contrario, vemos una situación muy polarizada, donde en ocasiones incluso miembros del Ejecutivo alientan esa polarización".
4. Libertad de Enseñanza
Hay otros dos aspectos que están levantando ampollas en Bruselas. La ley educativa que ha borrado el español como lengua vehicular en la enseñanza, y el atentado contra la propiedad privada de la intervención de los alquileres. "Aquí algunos no entendemos lo que está haciendo Sánchez", apunta Luis Garicano, líder de la delegación de los liberales españoles en el Parlamento Europeo. "Nos jugamos el prestigio, y lo estamos perdiendo".
Isabel Celaá, después de pasar el primer examen sobre su ley en el Congreso.
Este jueves se aprobó en el Congreso la enmienda negociada por Unidas Podemos, el PSOE y Esquerra para "blindar la inmersión lingüística en Cataluña". El cambio ha sido una cesión de los grupos del Gobierno para lograr el apoyo de los independentistas a la norma y facilitar su acercamiento con los Presupuestos.
El artículo 14.3) de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE dice expresamente: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas".
Precisamente con el objetivo de evitar incumplimientos a nivel europeo y constitucionales en España, la redacción de la ley ha quedado simplemente ambigua... aunque tanto, que el derribo por omisión de este dique democrático elimina la protección el español como lengua vehicular no sólo en las regiones con lenguas cooficiales, sino en toda España.
¡Y también el catalán! Algunos juristas han advertido al Ejecutivo no sólo de la inconstitucionalidad de la nueva redacción de la LOMLOE (la nueva ley de educación), sino de que la "demolición de los diques legales" para lograr sus objetivos "pone en riesgo la institucionalidad". Es decir, que la inconcreción es una puerta abierta al abuso. Y que con esa redacción de la norma, en un futuro, un Ejecutivo del signo ideológico opuesto podría imponer de nuevo la lengua castellana... o la china.
5. Derecho a la propiedad
La Comisión Europea tampoco ve con buenos ojos esta medida. "Las experiencias más recientes con el control de precios han logrado bajar los precios a corto plazo en las áreas que se aplican, pero han causado subidas en las zonas donde no. Además, el control de alquileres puede reducir la oferta de viviendas de alquiler a medio y largo plazo y tienen efectos indirectos, no deseados, sobre la demanda y los precios del mercado inmobiliario".
Aún quedan unos meses hasta que el Ministerio de Transportes cumpla con el compromiso que se alcanzó en el seno del Gobierno. Para lograr el pacto entre PSOE y Unidas Podemos en los PGE, los morados impusieron "cumplir ya" con una de los acuerdos de coalición: la intervención del mercado de los alquileres para poder "limitar e incluso bajar" los precios de las viviendas arrendadas. "En renovaciones de contrato e incluso en contratos en vigor".
Este atentado contra el derecho a la propiedad privada será enmendado por la oposición cuando llegue la nueva Ley de Vivienda, prometida para febrero. Pero "es también un pegamento para la mayoría de la investidura", explican las fuentes del Ejecutivo consultadas. Así que esa concesión política seguirá adelante con el apoyo de los partidos independentistas.
Pero es que es también ineficaz. La única capital europea que ha aplicado una medida similar hasta la fecha es Berlín: no se ha logrado frenar los precios más que nominalmente -ha crecido la economía sumergida-; se ha reducido en un 40% la oferta porque los propietarios han preferido vender antes que arrendar a unas tarifas tan bajas; y la "selección natural" por precio ha pasado a ser, por parte de los arrendadores, una "selección forzada" por estrato social del aspirante a inquilino.