La Cooperativa Kinema es una sociedad fundada por el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral en 2006. Un proyecto "autogestionado", tal como se presenta en su página web. Está integrada por un equipo de profesionales del derecho, la economía, las ciencias políticas, la psicología y las nuevas tecnologías.
Pero a pesar de esto último y de su ya larga experiencia, Kinema incumple requisitos de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio electrónico. En su artículo 10, esta norma exige que "todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información hagan constar los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos". Pero Kinema lo oculta.
Este periódico informaba el jueves de que la Cooperativa Kinema es una de las ramificaciones que están siendo investigadas en la denuncia presentada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. Al menos, así se deducía de la declaración ante el juez de Mónica Carmona, también exletrada de la formación. La antigua trabajadora del partido de Pablo Iglesias, testificó ante el juez del 42 de Instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla el pasado 28 de octubre.
Mónica Carmona, exabogada de Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general del partido.
El incumplimiento legal de la cooperativa en su página web es considerado por los artículos 38 y 39 de la citada ley como una "infracción leve", sancionada con una multa de hasta 30.000 euros. De hecho, en su auto del pasado 11 de agosto, el juez Escalonilla dictó: "Remítase mandamiento al Registro de Cooperativas" para que "remitan copia de la hoja de registro de Kinema".
Despedidos
Mónica Carmona -a cuya declaración ha tenido acceso EL ESPAÑOL- era la responsable de Cumplimiento normativo de Podemos cuando ella y Calvente fueron destituidos. Los despidos tuvieron lugar el pasado diciembre de 2019, después de que ambos hubieran abierto varios expedientes por presuntas irregularidades y administración desleal del partido.
Las presuntas ilegalidades detectadas iban desde la percepción de sobresueldos al presunto amaño de la licitación para las obras de acondicionamiento de la nueva sede de Podemos, en Madrid. Además, posibles desvíos de fondos a través de contratos simulados con la consultora Neurona en el marco de la campaña electoral del 28-A. Calvente fue acusado por la formación política de acoso laboral con agravante de género a una compañera para justificar la extinción de su contrato. Meses después, el partido admitió que nunca había ocurrido tal cosa.
En su denuncia, Calvente señalaba directamente a Mayoral: "Por la estructura jerárquica del grupo y por sus integrantes, así como por el destino de los fondos del partido bajo opacidad de la nueva Gerencia, parece ocupar el lugar de organizador y máximo destinatario de los fondos dispuestos".
En todo caso, en la web de Kinema ya no consta el nombre de Mayoral, actual portavoz del partido. El juez Escalonilla tampoco ha tomado ninguna iniciativa contra Mayoral quien, como diputado que es, sólo respondería ante el Tribunal Supremo, y si éste emitiera un suplicatorio al Congreso.
Incumplimineto de Podemos
Tal como informaba EL ESPAÑOL, Podemos también habría incumplido otra ley en 2019, en relación con Kinema. En este caso, la de Contratos del Sector Público (LCSP), al no sacar a licitación pública el pliego para la gestoría y asesoría laboral de la formación, adjudicada a la cooperativa.
Mónica Carmona ante el juez: "Podemos obliga a contratar a Kinema"
Los partidos políticos se rigen por la LCSP, que marca que cualquier contrato mayor de 15.000 euros debe ser sacado a licitación pública. Es decir, que no podrá ser adjudicado a dedo y se deberá emitir un pliego de condiciones, permitir que haya una concurrencia de empresas que oferten sus servicios y que, posteriormente, aplicando criterios objetivos y previamente comunicados, la dirección de la formación adjudique el contrato a quien reúna las mejores condiciones.
Además, explicaba Carmona en su declaración, "había mucho malestar en los territorios", en referencia a las Secretarías de Organización de Podemos en cada Comunidad Autónoma. Porque a todas las territoriales de Podemos "se les obligaba a contratar con esta gestoría", la de Kinema. Según la exabogada, "muchos me preguntaban '¿por qué no puedo ir a la gestoría que está al lado de la sede si me sale más barato?'".
De vicepresidenta a gerente
Desde su fundación, Podemos contrata sus servicios de gestoría y asesoría laboral con la cooperativa fundada por en Rivas-Vaciamadrid (una población madrileña tradicionalmente gobernada por IU) por Mayoral, las hermanas Elena y Ana Marcello (esta última exdiputada y actual secretaria de Círculos de Podemos) y Amanda Meyer, actual jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.
El pasado 29 de julio, Calvente declaraba en el mismo juzgado para ratificar su denuncia. El exabogado de la formación, antiguo responsable de Protección de datos para los morados, aseguró que Kinema presta en exclusiva el servicio de gestoría y asesoría laboral -elabora las nominas- en Podemos. De acuerdo a su testifical, Rocío Esther Val, gerente del partido y exvicepresidenta de la cooperativa, "ha bloqueado desde su nombramiento la licitación del servicio en beneficio de su anterior empresa".
La compañía asegura dedicarse al "trabajo asociado" y "agrupa a distintos profesionales que, desde diferentes campos", trabajan "para la promoción social y el desarrollo personal y comunitario". A pesar de ello, no es una pequeña empresa que dependa exclusivamente de la contratación con el partido, ya que según Calvente, "Kinema ha recibido cuantiosas subvenciones públicas municipales y elevados contratos de estados latinoamericanos".
La cooperativa está constituida como una sociedad "sin ánimo de lucro", lo que significa, tal como explica su web, que reinvierte "los beneficios económicos que genera" su trabajo en el fortalecimiento del proyecto "y en la mejora continua de los servicios" que ofrece. Sin embargo, Calvente sostuvo ante el juez que "la implicación de Kinema en la trama [de administración desleal] vendría determinada por su posible vinculación en las actividades presuntamente irregulares de Mayoral".