Podemos incumplió la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2019 al no sacar a licitación pública el pliego para la gestoría y asesoría laboral del partido, adjudicada a la Cooperativa Kinema. Así consta en la declaración judicial de Mónica Carmona, exabogada del partido de Pablo Iglesias, ante el juez del 42 de Instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla el pasado 28 de octubre.
La acusación de Carmona se produjo en el marco de la denuncia presentada por José Manuel Calvente, despedido junto a ella en diciembre de 2019. La abogada añadía que "además, se obligaba a todas las territoriales a trabajar" con esta gestoría.
La sociedad Kinema fue fundada en 2006, entre otros, por el hoy diputado de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz del partido morado, Rafa Mayoral. La contraprestación económica satisfecha por Podemos a Kinema el año pasado superó los 15.000 euros, límite que establece la citada LCSP para permitir la contratación a dedo.
Mónica Carmona ante el juez: "Podemos no licitó el contrato de Kinema"
Y según lo explicado por Carmona en las tres horas de declaración -a cuyo vídeo ha tenido acceso este periódico-, todo el Comité de Cumplimiento Normativo era consciente del incumplimiento legal. Este organismo, bajo la supervisión de la entonces secretaria jurídica de Podemos, Gloria Elizo, estaba formado por el responsable económico-financiero, Denis Maguire; el de Finanzas, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Esther Val; y el tesorero, Pablo Manuel Fernández Alarcón.
"Todos lo sabían"
De esta grave irregularidad, además, hay constancia por escrito, según lo declarado por Carmona, en las comunicaciones cruzadas por sus miembros, a través de la red de mensajería de Telegram. Tal como declara la antigua responsable de Cumplimiento Normativo del partido político, a preguntas, del juez, "fue el mismo Denis Maguire el que advirtió de que debería licitarse la gestoría de Podemos, que es Kinema, ya que era superior a 15.000 euros anuales", a lo que añade: "Pero no me consta que Kinema haya sido licitada".
Más tarde, a preguntas de Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox -que ejerce la acusación popular-, Carmona entra en detalles: "Lo que dijo Maguire fue que 'lo que aquí tenemos gordo es lo de Kinema. Esto tiene que ser licitado y hay que ver qué contratos tenemos con otras empresas superiores a 15.000 euros porque habrá que licitarlos'".
A esto, respondió De Frutos "admitiendo la irregularidad y diciendo 'ya os pasaré la lista de los contratos que hay que licitar', pero no se licitó nada en 2019 ni en 2020", asegura la abogada.
Sobresueldos y un falso acoso
Carmona y Calvente fueron despedidos por el partido en diciembre de 2019 cuando estaban investigando "varias irregularidades en la gestión interna de Podemos". La de la contratación de Kinema era sólo una de las muchas por las que ya habían abierto expedientes.
Otra de las investigaciones por administración desleal que trata de desentrañar Escalonilla en su juzgado son las irregularidades en el contrato de las obras para la reforma de la nueva sede del partido. Según la denuncia de Calvente, los documentos demuestran que los trabajos comenzaron antes de la licitación y que luego se duplicaron el importe de 649.000 euros a casi 1,4 millones.
Mónica Carmona, exabogada de Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general del partido.
Además, los "contratos simulados con Neurona" para la campaña electoral del 28-A que también investiga este juzgado -y el Tribunal de Cuentas-, o "los sobresueldos irregulares" para determinados dirigentes del partido. "Nadie colaboraba, y quien denunciaba, lo hacía exigiendo confidencialidad". Ambos recurrieron internamente y ante los juzgados por su destitución.
El propio José Manuel Calvente, además, tuvo que afrontar una falsa acusación de "acoso laboral con agravante de género", que fue lo que alegó Podemos para justificar su despido. El pasado octubre, Podemos evitó el juicio oral acordando extrajudicialmente con Calvente la admisión de que no hubo conducta delictiva alguna.
"Investigación sigilosa"
La supuesta víctima del acoso era otra de las abogadas de Podemos, Marta Flor Núñez, quien no sólo es la letrada de Dina Bousselham en la pieza Tándem del caso Villarejo -la del robo del móvil a la asesora de Iglesias cuya tarjeta se quedó el líder del partido durante meses sin comunicarlo a la interesada ni a la Policía-, sino que es una de las "al menos tres perceptores de sobresueldos irregulares" que investigaban Carmona y Calvente cuando fueron despedidos.
En la declaración ante el juez, la abogada despedida especifica que Núñez, junto a Rocío Esther Val y Pablo Manuel Fernández Alarcón, recibían entre 200 y 300 euros al mes en sus nóminas "amparados en unos complementos a los que no tenían derecho" y, sobre todo, inexistentes "en el convenio y las tablas salariales" por las que se rige el partido.
"Teníamos que llevar nuestras investigaciones de manera sigilosa", admite Carmona en otro pasaje de su declaración, "porque dos de los implicados en las irregularidades eran nuestros superiores y, ambos, miembros del Comité de Cumplimiento". Según la abogada, "esto son hechos, no conjeturas ni opiniones, esos sobresueldos eran irregulares".
Sin presupuestos en 2019
Asimismo, se da la circunstancia de que en el año 2019, Podemos no aprobó sus presupuestos y se condujo todo el ejercicio sin ellos, lo que "pudo favorecer" las irregularidades que ella y Calvente investigaban. Entre ellas, de nuevo, la contratación a dedo de Kinema, la cooperativa fundada en 2006 por Mayoral "y cuya exvicepresidenta", precisamente, "es la actual gerente de Podemos, Rocío Esther de Val", apunta la declarante a preguntas de la abogada de Vox.
Mónica Carmona ante el juez: "Podemos obliga a contratar a Kinema"
"Había mucho malestar en los territorios", añade, en referencia a las Secretarías de Organización de Podemos en cada Comunidad Autónoma. "Porque a todos los territorios se les obligaba a contratar con esta gestoría", la de Kinema. Según Carmona, "muchos me preguntaban '¿por qué no puedo ir a la gestoría que está al lado de la sede si me sale más barato?'".
Los partidos políticos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que marca que cualquier contrato mayor de 15.000 euros debe ser sacado a licitación pública. Es decir, que no podrá ser adjudicado a dedo y se deberá emitir un pliego de condiciones, permitir que haya una concurrencia de empresas que oferten sus servicios y que, posteriormente, aplicando criterios objetivos y previamente comunicados, la dirección de la formación adjudique el contrato a quien reúna las mejores condiciones.
Y todo esto no se hizo en Podemos cuando adjudicó la gestoría del partido a la Cooperativa Kinema.
Cambio de ley favorable
En marzo de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo un cambio en la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo era dotar de una mayor transparencia a lo que se había convertido en un coladero de corruptelas mediante el fraccionamiento de cantidades y la sucesión de varias firmas consecutivas por un mismo servicio, para evitar la licitación pública del mismo.
La reforma bajó de 18.000 a 15.000 euros el umbral para contratar a dedo, sin licitación pública. E introdujo varias salvaguardas de transparencia, como la de no poder acumular más de un contrato de este tipo entre los mismos clientes y proveedor en el mismo ejercicio. El objetivo, evitar la división de un mismo servicio en varios contratos consecutivos.
Curiosamente, esta exigencia fue eliminada a través de un Real Decreto ley del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. La reforma se aprobó en el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2020, con Unidas Podemos ya en el Gobierno.