Fue en diciembre de 2018 cuando "se montó toda la trama" del llamado caso Dina, y él se negó a participar de ella porque "procesalmente no tenía recorrido". José Manuel Calvente, entonces coordinador del equipo legal de Podemos, advirtió de que no había sostén probatorio para acusar al expolicía José Villarejo, entonces ya con un año largo de prisión preventiva, de estar detrás del presunto robo del móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado. "Y entonces es cuando empezó el hostigamiento contra mí, me enfilaron", explica en conversación con este periódico. "Según los indicios, ella era tan sospechosa como cualquiera de haber filtrado la información".
Calvente trabaja hoy como abogado laboralista y vive pendiente de que se señale fecha de juicio en su demanda por despido nulo contra Podemos, que en diciembre de 2019 lo despidió acusándolo de los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones. "Hay pruebas contra él, están los pantallazos de sus conversaciones, todo consta en el expediente", explican las fuentes internas del partido político.
La presuntamente acosada por Calvente era Marta Flor Núñez, miembro del equipo de abogados del partido. Núñez es, precisamente, la letrada que (todavía) representa a Bousselham en la investigación que sigue el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional por el robo del teléfono... un caso que acabó en su juzgado cuando en noviembre de 2018 se hallaron en el ordenador de Villarejo algunos de los archivos copiados de la tarjeta de memoria de su móvil. Copias que también tenía Iglesias, y que guardó durante meses sin avisar a su legítima dueña.
Pablo Iglesias y Dina Bousselham.
Como si fuese una madeja enredada, este miércoles la Fiscalía ha empezado a tirar del hilo que aclare el culebrón. Y lo ha hecho pidiendo el archivo de la causa que justificaría el despido procedente de Calvente como empleado de Podemos. Se empieza a caer, así, el castillo de naipes que, según el abogado purgado hace ahora siete meses, se construyó mandándole al paro a partir de una acusación falsa de acoso que "lo único que buscaba era quitarme de en medio, porque no comulgaba con esa estrategia".
La presunta 'caja B'
Además, así el partido evitaba que él y su compañera, Mónica Carmona, siguieran "investigando las irregularidades internas". De hecho, el miércoles que viene, Calvente declara en el juzgado 42 de Barcelona por el caso de la presunta caja B de Podemos, en el que se dilucidan posibles delitos de malversación y administración desleal del partido.
La Fiscalía de Madrid le daba este miércoles la razón en todo a Calvente y pedía a la juez de Madrid Rosa María Freire, que investiga los hechos, el sobreseimiento de la querella interpuesta el 23 de diciembre de 2019 por Marta Flor, abogada de Iglesias, en la que aseguraba que Calvente había cometido los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones.
Las desavenencias que detecta el escrito de la Fiscalía son de índole profesional, rechaza que cualquiera de ellas fueran causantes de daños psicológicos e incluso concluye que, más allá de las pruebas, de lo declarado por la presunta acosada tampoco se desprendía ningún delito.
Según Calvente, su falta de sintonía con la estrategia ordenada pro la cúpula del partido se sustanció en su rechazo a que Núñez le pasara información "confidencial" de la propia Dina al fiscal Ignacio Stampa, encargado del caso en la Audiencia.
"Una bocazas"
Marta Flor alardeó ante sus compañeros de tener una relación especial con Stampa, y de haber podido acceder a información pirvilegiada del caso Tándem -el sumario principal contar Villarejo- y de la misma pieza Dina gracias a ello. Tras la publicación de estas informaciones, Núñez admitió que había exagerado su relación para "darse importancia", y admitió ser "una bocazas".
Dina Bousselham, a la izquierda, con su abogada, Marta Flor Núñez.
Recientemente, Pablo Iglesias ha renunciado a la representación legal de Marta Flor Núñez, en un intento de evitar que lo tuviera que hacer Bousselham. Sin embargo, el juez ha rechazado el recurso, alegando que sigue habiendo "conflicto de intereses", ya que la abogada es empleada de Iglesias -como secretario general de Podemos-, contra el que el magistrado ahora advierte indicios de criminalidad. Así, García Castellón forzará a la exasesora de Iglesias a cambiar de letrado para asegurar la "tutela de los intereses" de Bousselham, como perjudicada en la causa.
"Éramos amigos", apunta Calvente, en contra de lo que apunta Podemos en la querella, "con cientos de horas de trabajo juntos... y ella presentó unos pantallazos de conversaciones de chat sacados de contexto, que yo completé", explica el abogado a EL ESPAÑOL. Tras examinar todas las pruebas aportadas a la causa, de una y otra parte, la Fiscalía ha concluido que no hay caso.
Con este incio de desenredo, en todo caso, aún quedan pendientes en los juzgados la demanda contra el despido presentada por Calvente -"Iglesias dijo que si había algo que fuera al juzgado y le tomé la palabra, ahí nos veremos", apunta-, el caso de la presunta caja B de Podemos -"con irregularidades financieras, en material laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias"-, y el caso Dina, por el que incluso en Moncloa creen que Iglesias puede acabar procesado ante el Tribunal Supremo.