Pasar de curso sin límite de suspensos, el atentado a la meritocracia que repele la comunidad educativa

La enmienda transaccional de la Ley Celaá que, a propuesta de PSOE, Podemos y ERC, pretende que los escolares españoles de Secundaria puedan pasar de curso sin límite de suspensos ha puesto en guardia a la comunidad educativa.

Colegios, profesores, padres y sindicatos temen que el degradado estado de la educación estatal –es decir el de los mal llamados “colegios públicos”, que en realidad son colegios estatales, puesto que la concertada también es educación pública– se degrade aún más.

España es el farolillo rojo de la educación en Europa. Lo ha sido con los gobiernos del PSOE y lo ha continuado siendo con los gobiernos del PP, en dura batalla con países como Malta, Rumanía o Bulgaria. Las quejas de los profesores y de los padres acerca del bajo nivel de los escolares españoles son habituales desde hace años en los medios de comunicación.

De acuerdo a los datos más recientes, los de 2019, el 17,3% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años, hayan o no obtenido el título de la ESO, carecen de un título postobligatorio y no han continuado estudios de ningún otro tipo.

La cifra, es cierto, ha descendido de forma sensible desde 2004, cuando ese porcentaje fue del 32,20%, pero sigue muy lejos del objetivo marcado por la UE para el resto de países europeos, que es del 10%. De hecho, España ni siquiera ha alcanzado todavía el modesto objetivo que la UE estableció para ella en 2020, que es del 15%.

No hay que confundir, sin embargo, ese porcentaje, cuyo nombre técnico es abandono escolar temprano (AET), con el fracaso escolar, que alude a los alumnos de hasta 16 años que no terminan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero no se corresponden con exactitud.

PSOE-Podemos-ERC

La medida de PSOE, Podemos y ERC ha levantado las sospechas de haber sido diseñada para sacar a España del furgón de cola de la UE, aunque sea de forma artificial y sin atender al fin último del sistema educativo. Que es el de dotar al alumno de una formación básica en materias elementales y proporcionarle las herramientas necesarias para desenvolverse en su vida adulta e insertarse laboralmente con unas garantías mínimas.

En la actualidad, la Fiscalía investiga la decisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de permitir que las comunidades autónomas decidan con cuántos suspensos se puede pasar de curso, e incluso obtener el título, en ESO, Bachillerato y FP. La orden de la ministra fue publicada el pasado 24 de abril en el BOE y obtuvo el rechazo de las comunidades de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, y del País Vasco, gobernada por el PNV.

La investigación podría conducir a una acusación por prevaricación o usurpación de funciones, ya que la ley educativa actualmente vigente, la Lomce, más conocida como Ley Wert, determina claramente el número de suspensos con el que se puede pasar de curso: tres en la ESO y dos en el Bachillerato.

La Constitución, además, atribuye en exclusiva al Estado las condiciones para la expedición de títulos. Y de ahí que la cesión de esa facultad a las comunidades haya despertado dudas sobre su constitucionalidad.

La Lomloe, la ley destinada a sustituir a la Lomce, habilita a las autonomías para que sean estas las que determinen con cuantos suspensos se podrá superar el curso u obtener el título de ESO o de bachillerato en las escuelas de su territorio. En la práctica, la Lomloe permitirá que los alumnos pasen de curso incluso con todas las asignaturas suspendidas.

De acuerdo a la mencionada enmienda transaccional, “los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica”.

¿Degradación?

"Degradar más la educación en España es difícil a la vista de nuestros niveles de fracaso escolar y nuestras tasas de abandono", dice Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, que gestiona siete escuelas concertadas en varias ciudades españolas.

"Clama al cielo sobre todo la generalización de la mediocridad, como si esta fuera algo aceptable. Pero la ley no es mala tanto por lo que dice como por lo que no dice. Y lo que no hace es una apuesta valiente por una reforma del sistema”.

"Pero dicho esto", añade la presidenta de Trilema, "yo estoy totalmente en contra de repetir curso. En España se abusa de la repetición de curso, cuando todos los estudios demuestran que es una medida totalmente ineficaz. No ayuda en nada, ni a mejorar el nivel, ni a mejorar el sistema, ni a superar el fracaso escolar".

"El problema no está en pasar el curso con suspensos”, puntualiza Pellicer. “El problema es cómo hace una escuela para que no haya suspensos y para que cada niño tenga los recursos que necesita, el acompañamiento que necesita, el modelo educativo que necesita para no fracasar. Esa es la raíz del problema. No si pasan con suspensos o no".

Según Pellicer, el fracaso del sistema educativo español es un problema de filosofía, pero también "de organización, de recursos, y de modelo. De metodología docente y de evaluación de la calidad del profesorado. Hay que evaluar los centros, hay que evaluar a los profesores y hay que hacer que nuestros alumnos aprueben".

El objetivo de la Ley Celaá es que la repetición de curso sea algo excepcional. También permitirá conseguir el título de Bachillerato con una asignatura suspendida, algo que hasta ahora era imposible. Lo hace a imitación de la universidad, que permite el aprobado “por compensación” en casos similares.

Si aun así los profesores deciden que un alumno concreto repita, la Ley Celaá impone nuevos limites. En Primaria sólo se podrá repetir una vez. La ley obligará además a diseñar un plan de refuerzo específico para el alumno repetidor. En Secundaria se permitirá repetir un curso una sola vez. El límite será de dos repeticiones en toda la etapa.

La ministra calificó el pasado mes de octubre de “falso” que se pueda superar de curso con suspensos, tal y como establece el Real Decreto-Ley 31/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus. Decreto que, a su vez, ha inspirado las medidas de la Ley Celaá.

Lo hizo, sin embargo, con una trampa dialéctica. La de que los profesores deberán garantizar que el alumno haya superado los “objetivos generales” del curso. La trampa está en que los suspensos no serán determinantes ni indicativos de que el alumno haya fracasado. Si los profesores determinan que el alumno ha conseguido los “objetivos generales” a pesar de haber suspendido una o más asignaturas, el curso se dará por superado.