El 74% de los españoles rechaza que la Ley Celaá elimine el español como lengua vehicular

Es una mayoría aplastante de españoles la que se rebela contra la Ley Celaá de Educación. Concretamente, frente a la eliminación del español como lengua vehicular en la enseñanza. Así, el 73,9% de los ciudadanos rechaza esta enmienda, aprobada hace dos semanas durante la tramitación parlamentaria de la norma.

Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, son sólo uno de cada cinco españoles los que aprueban este precepto de la LOMLOE (21,4%). La norma, tramitada por el procedimiento de urgencia a pesar de ser una ley orgánica, ha recibido una contundente contestación de la oposición, y se aprobó el pasado jueves en el Congreso tras un debate final bronco, que terminó con medio hemiciclo aplaudiendo y la otra mitad protestando al grito de "¡libertad, libertad!".

Ésa era la misma consigna que se escuchaba este domingo a mediodía una treintena de capitales de toda España, donde la Plataforma Más Plurales convocó a los españoles para que se manifestaran a bordo de sus vehículos. En Madrid, los seis kilómetros de la arteria principal de la ciudad, el Eje Prado-Recoletos-Castellana desde la Fuente de Neptuno hasta la plaza de Castilla, se llenaron en sus dos sentidos de coches, motos, bicicletas y peatones con lazos, globos y banderas naranjas, serigrafiados con el lema #StopLeyCelaá.

La norma ha sido polémica no sólo por sus contenidos, sino por lo que Ciudadanos ha llegado a calificar de "fraude de procedimiento". Fue introducida en el Congreso en plena pandemia, aprovechando los dictámenes consultivos de hace dos legislaturas y para la que no se han organizado apenas sesiones informativas en la comisión parlamentaria.

Rechazo del centro derecha

De este modo, los votantes del partido naranja son, junto con los de Vox y PP, los que con más peso desaprueban la octava ley de Educación de la democracia. Los simpatizantes de Inés Arrimadas desaprueban en un 97,4% que se haya eliminado el español como lengua vehicular. Los de Santiago Abascal, en un 98,9%. Y porcentaje llega al 98,7% entre los de Pablo Casado -que ya ha anunciado que la derogará en cuanto llegue a La Moncloa-.

La Ley Celaá se salió del Congreso como entró: sin consenso, y con buena parte de la comunidad educativa en pie de guerra y tras una gran bronca política. Una norma que no sólo elimina el español como lengua vehicular, sino que supone una amenaza a la educación especial, según las asociaciones de padres; permite promocionar con suspensos, vacía de competencias a la Alta Inspección y ataca a la educación concertada a la que se le retira paulatinamente financiación.

La enmienda sobre la lengua fue negociada con Esquerra Republicana por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. Y fue presentada de manera conjunta en un intercambio de cromos con los independentistas catalanes en plena negociación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales de 2021. Y así, Ciudadanos ya ha anunciado que si esa enmienda no se retira ahora que la ley va al Senado, será el partido naranja el que se retire... de los Presupuestos.

Una politización del asunto, más allá de la cuestión cultural y lingüística, que ha convencido a la mitad de los votantes socialistas (49,9%) y a casi todos los de Unidas Podemos (89%). Aun así, casi cuatro de cada diez simpatizantes de Pedro Sánchez (39,7%) rechazan la eliminación del español de las escuelas, frente a sólo un 2,3% de los seguidores de Pablo Iglesias.

En realidad, la intención de ERC era la de lograr un blindaje a las políticas de inmersión lingüística en catalán para su Comunidad Autónoma. Pero dadas las sentencias acumuladas en el Supremo y el Constitucional, que determinan que el castellano, como lengua vehicular, debe reunir al menos un 25% de las materias troncales de cada curso, la única vía para cumplir esa premisa política era optar por retirar la protección jurídica a todas las lenguas.

Finalmente, la ley no habla de catalán ni de español, y con una redacción ambigua simplemente se borra toda referencia a cuál debe ser la lengua vehicular y se elige un texto que garantice el cumplimiento "de la Constitución y los Estatutos de Autonomía". Eso sí, dejando en manos de cada CCAA su aplicación.

Ficha técnia

Se han completado 2.088 encuestas aleatorias, a través del panel online propio de SocioMétrica (n=7.100), representativo de toda España, gestionado a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 19 y el 21 de noviembre. La submuestra resultante se ha ponderado para el censo total nacional por sexo, edad, tamaño municipal, hábitat rural/urbano, y situación laboral, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción para el total nacional, que es del 97% según algoritmo implementado en Barbwin de Tesi (c). Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.