El Partido Popular derogará la Ley Celaá "cuando llegue a Moncloa". Pero entretanto confía en que el PNV pueda forzar al PSOE a cambiar la norma, al menos en alguno de sus aspectos. El partido del presidente Pedro Sánchez cuenta con los nacionalistas vascos como "socios preferentes de legislatura", y ésa puede ser la vía si los peneuvistas se mantienen en su empeño de defender la educación concertada.
"Confiamos en que sigan presionando para salvarla", aseguraba este domingo José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del partido y alcalde de la capital. Una ciudad atascada con más de 5.000 coches -según las cifras de la Policía Municipal- durante tres horas. Niños, padres y abuelos, banderas de España y miles de carteles, megáfonos y banderolas naranjas contra la LOMLOE.
Pablo Casado se bajó del coche en la Castellana y acudió a saludar -de lejos y con mascarilla- a unos cuantos, los más cercanos, de las decenas de miles de madrileños que llenaban los seis kilómetros largos que separan la plaza de Neptuno de la plaza de Castilla en Madrid. Toda la arteria principal de la capital atestada de vehículos, globos y lazos naranjas contra la Ley Celaá de Educación.
Pablo Casado a su llegada a la manifestación en Madrid.
Y el líder del PP hizo dos promesas: "Esta ley durará lo que tardemos en volver a la Moncloa", vamos que lo primero que hará será derogarla, y "el PP no aplicará las medidas más lesivas allí donde gobierne". En eso está de acuerdo con Ciudadanos -presente también en la concentración, encabezada por Begoña Villacís-, que integra en coalición Ejecutivos presididos por populares en Castilla y León, Andalucía, Murcia y Madrid.
A su lado, el alcalde capitalino, José Luis Martínez Almeida, posaba (se supone que) sonriente tras la mascarilla. Y asentía al unísono con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que confirmaba cómo hará eso el PP, lo de no aplicar la ley. "El Gobierno que presido está ya preparando una ley para defender la libertad de las familias, los padres y los niños madrileños", dijo. Si la Educación es una materia transferida a las Comunidades Autónomas, Ayuso pretende ejercer sus competencias hasta el final.
Manifiesto contra la Ley Celaá, en Madrid.
Pero eso son medidas paliativas y una promesa. Entretanto, miles de españoles en más de una treintena de ciudades le daban al claxon de sus coches. Logroño, Oviedo, Gijón, Santander, La Coruña, Zaragoza, Pamplona, Murcia, Sevilla, Badajoz, Huesca, Teruel, Cuenca... y exigían "¡libertad, libertad!" y que alguien pare ya la Ley Celaá. No en vano el lema de la Plataforma Más Plurales, convocante de las exitosas marchas, era #StopLeyCelaá.
Y esa solución la fía el Partido Popular no sólo a la presión de la calle -aún quedan más manifestaciones en lo que dure la semana, "y esto va a ser un no parar hasta ganar", explicaba a este periódico uno de los organizadores-, sino al PNV. Al menos, en uno de los aspectos de la norma: la defensa de la libertad de elección de los padres, "salvar la educación concertada".
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, en la manifestación contra la Ley Celaá.
Así lo explicaba, entre fotos con monjas, abuelas e infantes, el alcalde madrileño y portavoz nacional del PP a este periódico durante la manifestación. "Aunque parece imposible que la ley cambie en el Senado, porque luego lo podría levantar el Congreso, hay una esperanza en el PNV".
Senado y Presupuestos
La Ley Celaá de Educación salió del Congreso el jueves pasado, camino del Senado, tal y como entró: sin consenso, con buena parte de la comunidad educativa en pie de guerra y tras una gran bronca política. La norma prescribe la eliminación del español como lengua vehicular, incluye una amenaza cierta a la educación especial, permite promocionar con suspensos, vacía de competencias a la Alta Inspección y ataca a la educación concertada, a la que se le retira financiación mientras se cercena la libertad de elección de los padres.
Pero el objetivo es que los nacionalistas vascos retomen, en su negociación con el Gobierno, su iniciativa parlamentaria de la semana pasada, que reunió a extrañísimos compañeros de cama política. Vox se adhirió a una iniciativa del partido "que recogía las nueces del árbol que movía ETA", e incluso el Ciudadanos firmaba al lado de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont.
La enmienda decayó por muy poco, quedándose en 171 votos, pero todos juntos sentaron un precedente de futuro para una legislatura que ya todo el mundo da por sentado que será larga, una vez se aprueben los Presupuestos. "Nos quedamos a puntito", recordaba Martínez Almeida, hablando como portavoz popular. "Yo espero que el PNV siga presionando para salvar la concertada".
La idea del PP es que los peneuvistas jueguen una doble baza: la negociación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y la mayoría de bloqueo que podría formar con los de Pablo Casado en la mesa del Senado. De sus siete integrantes, tres son del PP y uno del PNV.
En los contactos discretos de populares y peneuvistas de la semana pasada ya se sondeó esta vía, dado que la enmienda no pasó por los pelos. Y aunque es cierto que la Cámara Alta funciona sólo como de segunda lectura de las iniciativas legislativas, también lo es que el PSOE no puede dejar de contar con el PNV en la aprobación de las cuentas públicas del año que viene.
"Ellos están en los Presupuestos", admitía Almeida, "confiemos en que puedan hacer algo". Y no es una idea tan descabellada, teniendo en cuenta que de esa negociación presupuestaria partió otro de los preceptos que sacaban a la calle a los manifestantes este domingo contra la Ley Celaá: la supresión del español como lengua vehicular se pactó entre PSOE, Unidas Podemos y Esquerra a cambio del apoyo de los republicanos en el trámite de los PGE.
En todo caso, la única vía segura para el PP es aplicar el mismo rodillo a la Ley Celaá que ésta le impone a la vigente Ley Wert, que dejó el Gobierno Rajoy en su momento. Derogarla nada más llegar al Gobierno. Para cambiarla, entonces, ¿por cuál? "Sólo hay una manera de que en este país hagamos una ley de Educación que concite el consenso de todos", respondía Almeida, "que el PSOE entienda que es una cuestión de Estado y que se tiene que abordar con esa perspectiva".