La enmienda se presentó a traición, el pasado martes mientras se reunía el Consejo de Ministros, y sólo cuatro días después de que en Moncloa se reunieran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para acordar una estrategia conjunta. Pero el vicepresidente segundo se la saltó y llevó al Registro del Congreso, junto a Esquerra Republicana y Bildu, un añadido a la ley de acompañamiento de los Presupuestos la prohibición de todos los desahucios en España hasta el 31 de diciembre de 2022.

Aunque en Moncloa sentó a cuerno quemado y se destapó la caja de los truenos, con una semana de reproches cruzados entre ministros del PSOE y de Unidas Podemos, este periódico ha podido confirmar que los socialistas y los morados ya están negociando una iniciativa conjunta.

Según las fuentes consultadas, Iglesias ya sabe de boca de Sánchez que habrá una solución que pueda satisfacer a Unidas Podemos, pero con la premisa de proteger a los vulnerables "sin romper nada" en el tejido financiero, ya muy endeble por la crisis socioeconómica causada por el coronavirus.

Tal como indican las fuentes gubernamentales consultadas por este diario, la iniciativa no sería conjunta entre los grupos parlamentarios de PSOE y UP, sino un Real Decreto ley del Gobierno de coalición. Y es que ya dejó claro Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos que "no conviene mezclar los temas, y la política de Vivienda es un asunto distinto que las cuentas públicas". Así se expresó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes pasado, cuando fue preguntada por la enmienda que acababan de presentar Jaume Asens, Gabriel Rufián y Oskar Matute.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes y de quien depende la política de Vivienda, abundó en este aspecto, afirmando que "si ese asunto no estaba incluido en el acuerdo de Gobierno es porque ya se discutió y no se aceptó".

La propuesta que está encima de la mesa, según han revelado fuentes parlamentarias a Efe, es que la fecha de aplicación sea hasta que finalice el estado de alarma (9 de mayo de 2021) y no hasta diciembre de 2022.

Eso ya sería un avance, para los morados, sobre lo vigente, que sólo opera hasta el 31 de enero de 2021. En todo caso, Iglesias exige también que se prohíba todo tipo de desahucios para quien carezca de "alternativa habitacional". Es decir, impagos hipotecarios, de rentas e incluso para quien haya visto cumplido su contrato de alquiler.

Es la hora de presionar

En Unidas Podemos se sabe que éste es el momento de apretar con la presión al PSOE, antes de que se aprueben las cuentas públicas del año que viene. Tal como informó este periódico, desde Presidencia ya se ha advertido de que "una vez superado el objetivo común, se romperán los platos, porque habrá menos estímulos para mantener la unidad" dentro del Ejecutivo.

Queda pendiente otro de los aspectos de la enmienda de Unidas Podemos junto a Bildu y ERC, la prohibición de los cortes de suministros. Esta medida, que estuvo vigente hasta el pasado 30 de septiembre, fue levantada por el Ejecutivo en el último decreto sobre medidas socioeconómicas contra la crisis de la Covid, para gran enfado de los morados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Europa Press

Pero el caso es que ahora Sánchez ya ha dado la orden de satisfacer una demanda de Iglesias que amenazaba con encallar la tramitación presupuestaria en el Parlamento. Y es que, en caso de mantener la posición que defendió María Jesús Montero durante sus reuniones con Nacho Álvarez -ambos fueron los negociadores de cada banda del Gobierno para cerrar un borrador conjunto-, los socialistas se verían obligados a votar en contra de una enmienda de su socio de coalición gubernamental.

Tal como explican en Moncloa, Pedro Sánchez quiere evitar dar una imagen de desunión que abundaría en la guerra abierta en los últimos días. Otra cosa es lo que ocurra una vez que el Congreso apruebe las cuentas públicas. Previsiblemente, esto será el 29 de diciembre, que es cuando está convocado el Pleno provisionalmente, siempre que el proyecto de PGE no se encalle en el Senado.

Una vez que se tramiten las enmiendas esta semana en ponencia y comisión, en el Congreso, la ley pasará al Senado, que aún la podría vetar, enmendar o dar curso sin cambios. Ni lo primero ni lo último es previsible, pero el juego de enmiendas puede ralentizar todo el proceso.

Así, llevar esta nueva regulación de los desahucios por la vía del decreto ley es la opción con más ventajas para la estabilidad del Gobierno. Evita el veto a una enmienda de uno de los grupos del Gobierno; calma las aguas en el seno de la coalición; da tiempo a que Moncloa halle una solución de compromiso entre Calviño e Iglesias; evita el debate en el Congreso, al ser un decreto; no frena los Presupuestos -"que es lo único que importa", tal como dijo este domingo Sánchez-; y acelera la entrada en vigor de la medida, que operaría inmediatamente se publique en el BOE, una vez aprobada en Consejo de Ministros.