¿Es de izquierdas la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña? ¿Es progresista una norma que aboca a la desaparición de la Educación Especial que permite atender a niños con discapacidades físicas o psíquicas? ¿Contribuye a la llamada "justicia social" suprimir el límite de suspensos para pasar de curso?
No lo consideran así los nueve colectivos progresistas que han convocado para el próximo miércoles 2 de diciembre una concentración frente a la delegación del Gobierno en Barcelona para protestar contra la Ley Celaá de Educación.
Asociaciones como Izquierda En Positivo, el Partido Feminista, dCIDE, UNIDOS SÍ y Somos España -entre otras- pretenden demostrar que no sólo el centro-derecha está en contra del proyecto educativo que impulsan PSOE y Unidas Podemos y que recoge, entre otras enmiendas polémicas, la erradicación del castellano en el sistema educativo catalán.
Esta medida es la que más enfada a los convocantes, que señalan que algo así no tiene "nada que ver con la izquierda", contribuye a "marginar el español" y sólo responde a la voluntad del Gobierno de buscar el apoyo de los separatistas de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
En esta línea, EL ESPAÑOL publicó recientemente una encuesta realizada por Sociométrica que demostraba que cuatro de cada diez socialistas desaprueban la enmienda aprobada por el Gobierno junto a los separatistas de ERC.
"Demandamos a los partidos del arco parlamentario que se reclaman de izquierdas que rectifiquen ese nefasto proyecto de ley con las enmiendas pertinentes", zanjan las asociaciones en un comunicado compartido con este medio.
"Ley de desigualdad"
Entre los convocantes a la concentración progresista contra la Ley Celaá figura el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, el histórico socialista Javier Marín, que abandonó recientemente el PSC tras acusar a Iceta de haber traicionado los principios de la izquierda por mostrar connivencia con el nacionalismo.
En conversación con EL ESPAÑOL, Marín afirma haber "recibido ataques" por la convocatoria. "Están torpedeando nuestra concentración porque a la izquierda oficial le hace más daño una crítica desde la izquierda que aquella crítica que ya esperaban del centro-derecha", arguye.
"Es pedagógico que la gente de izquierdas expliquemos por qué nos oponemos a esta ley", reflexiona Marín. "No nos oponemos en bloque a la Ley Celaá", prosigue, en defensa de la medida que -en su opinión- "acaba con el adoctrinamiento religioso en las escuelas".
Sin embargo, el exmiembro del Partido Socialista de Cataluña considera injustificable que PSOE y Unidas Podemos estén "olvidando los principios de izquierdas, como el de la igualdad": "Esta ley practica de facto la desigualdad con los niños cuya lengua materna es el español".
"Esa desigualdad en la enseñanza después produce desigualdades en las oportunidades laborales. Cualquier estudiante que haya estudiado en Cataluña, si ha de trasladarse a trabajar a Aragón, tiene un problema gordo porque no domina el español", asegura Marín, que ha podido comprobar de primera mano esta realidad en su condición de profesor universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona -labor que desempeña desde 2007-.
En esta línea, Enric Martínez -portavoz del partido UNIDOS SÍ- defiende que el motivo de la concentración es "la defensa de los niños y jóvenes con el español como lengua materna, sobre todo de clase obrera, que tienen derecho a la igualdad de oportunidades en la escuela".
"Ahora, su fracaso escolar es el doble que para los catalanoparlantes", asegura el excandidato a secretario general de Podemos en Cataluña, en referencia a las bajas calificaciones y el abandono escolar.
"Cesión al separatismo"
Otro exmilitante socialista, Luis Carlos Nogués, está detrás de la iniciativa. El ahora secretario general de Somos España se alejó del PSOE, dice, por "discrepancias ideológicas". "El Partido Socialista hace mucho tiempo que dejó de ser de izquierdas", sostiene en conversación con EL ESPAÑOL.
Nogués critica que por culpa del partido que preside Pedro Sánchez ahora se asocie a la izquierda con la "descentralización, la fragmentación y el derecho de autodeterminación". "La izquierda no tiene nada que ver con eso", asegura, aunque admite que iniciativas como la Ley Celaá sólo ayudan a afianzar ese estigma.
"Para ridiculizar a los críticos, el PSOE pone en nuestra boca cosas que no decimos", dice el promotor de la concentración en referencia a que la izquierda crítica no asevera "que el español esté en peligro y vaya a desaparecer", sino que "decimos lo que pone en la ley". Es decir, "que se elimina el español como lengua vehicular".
"Esta enmienda la exige Esquerra Republicana, una formación separatista, a instancias de Plataforma per la Llengua, que es una plataforma catalanista llena de fanáticos", apunta.
Además de "institucionalizar" la desaparición del español como lengua vehicular -algo que, por otro lado, lleva siendo así en la práctica desde hace tiempo en Cataluña-, desde Somos España denuncian la "desaparición de la figura del inspector de educación", lo que permitirá que "la Generalitat nombre a dedo a inspectores de su cuerda, que harán la vista gorda ante más atropellos al español".
-¿Lo consideran una cesión al separatismo?
-Una más. A cambio de que les aprueben los Presupuestos, ceden ante todas sus exigencias, como cuando en plena crisis de la Covid-19 los separatistas chantajearon con la Mesa de Diálogo. Se aprovechan de la debilidad del Gobierno para chantajear con sus criterios identitarios. Llegará el momento en el que cada taifa, cada comunidad autónoma tendrá su propio itinerario.
Con respecto a otras enmiendas polémicas, como la asfixia a la educación concertada o el ataque a la Educación Especial, el secretario general de Somos España dice no querer "poner el foco en esto" y prefieren centrar su crítica en la eliminación del castellano como lengua vehicular y en la supresión del límite de suspensos para pasar de curso: "¿Es de izquierdas regalar los títulos a los estudiantes y no fomentar la meritocracia? No lo creo".