El Gobierno se da hasta el 15 de diciembre, antes de reactivar la proposición que reforma el sistema de elección del CGPJ, para ver si el PP se sienta a cerrar los nombres de los futuros vocales, que están pendientes de ser concretados. Y mientras Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, contacta con Enrique López, consejero madrileño y secretario popular del ramo, Pablo Iglesias cree jugar con ventaja.
Los 12 consejeros que deben proceder de la carrera judicial han de ser elegidos de una lista de 48 nombres (inicialmente eran 50, pero dos renunciaron), que fueron los candidatos que se presentaron en 2018, cuando se puso en marcha el proceso de renovación. Los 8 consejeros juristas han de ser seleccionados por las fuerzas políticas.
El vicepresidente segundo quiere sacar a Carlos Lesmes del CGPJ, y ya este lunes lanzaba una amenaza: "O el PP desbloquea o tendremos que reactivar la reforma". Ahora ha dibujado un plazo de dos semanas para impulsar a Sánchez a sacar la reforma del cajón.
El 15 de diciembre es el último día del que dispone la mayoría parlamentaria para introducir en el orden del día del Pleno del Congreso la toma en consideración de esa proposición, presentada por el PSOE y Podemos el pasado 13 de octubre.
Esa iniciativa permitiría prescindir del PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces al establecer que, si en la primera votación parlamentaria no se alcanza la mayoría de tres quintos que exige la Constitución, los vocales pueden ser designados en segunda votación por mayoría absoluta de las Cámaras.
Empeño de Iglesias
La rebaja de las mayorías cualificadas es un empeño personal de Iglesias desde el inicio de su carrera política. De hecho, según las fuentes consultadas, la reforma es más iniciativa morada que socialista. Y de hecho, fue potestad del presidente "congelarla" al acabar la moción de censura presentada por Vox, el 22 de octubre. No del ministro Campo. Y, en realidad, por presiones de la Unión Europea, no por buena voluntad negociadora.
Ahora, Iglesias calienta la reforma para que se vaya descongelando, mientras el goteo de presiones consigue que el PP se siente a negociar. Pero a Sánchez se lo desaconsejan los mensajes llegados de Bruselas.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, tras su discurso en el Congreso.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, tras la calificación de la proposición de ley por la Mesa del Congreso el Gobierno dispone de 30 días para manifestar su criterio y su conformidad o no con la misma en caso de que suponga aumento o disminución de créditos presupuestarios. No es el caso de esta reforma, que no tiene repercusión económica.
Si transcurridos 30 días el Ejecutivo no ha expresado oposición, el texto está en condiciones de ser incluido en el orden del día del Pleno para su toma en consideración, que es un debate similar al de totalidad de los proyectos de ley.
Los grupos disponen de un cupo de proposiciones de ley, cupo que PSOE y Podemos perderían si no introducen su iniciativa en el pleno ordinario de diciembre. Éste -y dejar en evidencia el "incumplimiento" del PP en la renovación institucional- sería un argumento del grupo parlamentario de Iglesias para presionar a sus socios de coalición a favor de la tramitación de la reforma.
Negociación "indirecta"
La intención de Iglesias es sacar la reforma adelante y, como mal menor, que el PP acabe claudicando y acepte negociar, ya se haga en público o en privado. La del partido de Pablo Casado, que PSOE y Unidas Podemos retiren primero la reforma del registro del Congreso. Y la de Pedro Sánchez, conseguir que todo cuadre.
Por ahora, va tomando forma un formato de negociación en el que los populares no se tengan que sentar a la misma mesa que los morados. Eso salvaría la exigencia del PP de que Unidas Podemos "no esté en la negociación". Del lado de Iglesias, sería aceptable esta opción si los representantes socialistas en las reuniones fueran, expresamente, "en nombre del Gobierno y no sólo del PSOE".
Sería una suerte de negociación "indirecta" que salvaría la cara a todos. Pero siempre que se halle el modo de satisfacer a los populares en su empeño de que "se retire la pistola de la mesa", es decir, la proposición de ley del registro.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la presentación del borrador de Presupuestos para 2021.
Y eso es precisamente a lo que Iglesias se niega, al menos, por ahora. Quiere cambiar la ley, y tomar posiciones en ese poder del Estado, como primer paso para la reforma que realmente anhela, elección directa en urnas y por sufragio universal del CGPJ.
"No tiene sentido que hagan falta más votos para elegir el CGPJ que para un presidente del Gobierno", sostienen en las filas de la formación morada, para justificar su empeño en la reforma. Es decir, que el actual bloqueo no sólo es achacable al PP, como pretende Moncloa. A Unidas Podemos también le está conviniendo.