Sánchez reabre la reforma constitucional con el argumento de incorporar el lenguaje inclusivo

Ahora que Pedro Sánchez (casi) tiene sus Presupuestos, ya se ha asegurado al menos un par de años más en Moncloa. Pero el presidente, que juega con los tiempos como ninguno de sus predecesores, incluso habla de sí mismo en el Gobierno con el horizonte de 2026, es decir, con la tarea de reconstruir España tras la pandemia al ritmo de los fondos europeos -que caducan en ese ejercicio-.

Total, que todavía cuenta con otra legislatura... así que, dados los socios que lo acompañan en la aventura, quiere abrir el melón constitucional.

Por ahora, la intención de Moncloa es sondear el mercado de una reforma de la Carta Magna, dejando caer un simple retoque lingüístico. Uno con el que difícilmente se puede estar en desacuerdo: modificar el artículo 49 de la Constitución para quitar el término "disminuidos" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad" no hallará oposición objetiva.

Eso sí, cualquier opción de retocar el texto fundacional del llamado régimen del 78 puede ser material sensible. Unidas Podemos plantea cambiar el modelo monárquico de Estado; Bildu, "tumbar el régimen del 78"; Esquerra, la ruptura de la soberanía... y si esos compañeros de viaje repelen al Partido Popular para siquiera acercarse al PSOE para un simple pacto de renovación del CGPJ, cuánto más para hablar de la Constitución.

Segundo intento

Al poco de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez ya llenaba titulares con giros de guion sorprendentes, como éste. Y el día que cumplía sus primeros 100 días en el Gobierno, el líder socialista redobló su apuesta de estadista: reformemos la Constitución.

La cosa iba por acabar con los aforamientos, una bandera del Ciudadanos de Albert Rivera que le venía bien al presidente para regresar del verano vendiendo centrismo mientras negociaba los Presupuestos con Unidas Podemos.  

Algo parecido le pasa ahora, en este segundo intento de tocar la Carta Magna. Y aunque aquello quedó en nada, también era una propuesta fácil de tragar: eliminar los privilegios de los políticos era una propuesta que constaba en el programa de muchos partidos.

La Constitución Española, en el Congreso de los Diputados. María Peral

Pero, a pesar de prometer que la reforma podría entrar en vigor "en apenas 60 días desde el inicio de su tramitación en el Congreso", el PSOE nunca llegó siquiera a presentar la iniciativa en el registro de la Cámara Baja.

Y sin embargo, Sánchez vuelve a agitar la reforma constitucional. Esta vez con la excusa de aplicarle el lenguaje inclusivo y para "mejorar los derechos de las personas con discapacidad". Y también con algo de premura: "Será la primera medida que aborde el Consejo de Ministros una vez que decaiga el estado de alarma", aseguran desde la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo, departamento impulsor de la iniciativa.

Lo cierto es que ahora mismo no se puede impulsar esta reforma. Y aunque la iniciativa se ha retomado en la semana del aniversario de la aprobación de la Carta Magna, al estar vigente el estado de alarma no es posible la modificación. Tal como reza el artículo 169, "no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116", es decir, en estados de alarma, excepción o sitio.

Control de medios

Una de las obsesiones del Gobierno de Pedro Sánchez es no dejar ni un hueco sin llenar, ni un minuto sin dar noticias, ya sea repitiendo asuntos, anticipando otros, compareciendo en la tele, viajando de gira autonómica... Así, cuando hay un día con poca información, siempre hay alguien que en Moncloa saca un comodín y alimenta las ansias de la prensa. 

Pero para este control de medios hace falta que los equipos de Presidencia trabajen con un calendario anticipatorio: cumbres europeas, asambleas de Naciones Unidas, Consejos de Ministros, comparecencias en el Congreso, alguna campaña electoral por ahí rezagada -en breve, por ejemplo, la catalana-... estos hitos fijos dejan huecos libres que completar con los planes políticos de la agenda programática y con los movimientos estratégicos para generar marcos comunicativos propicios.

La reforma constitucional fue un asunto tabú para Mariano Rajoy, que llegó al Gobierno en 2011 con una mayoría absoluta holgadísima y la intención de abordar "cambios puntuales" que luego nunca impulsó. Y antes, para José Luis Rodríguez Zapatero, quien venía encargado de hacerse cargo de la eliminación de la discriminación de la mujer en la línea sucesoria de la Corona y, finalmente, sólo tocó -con agostidad y algo de prisas- el artículo 135 para sortear la intervención económica de la Unión Europea.

Ya lo intentó

Pero ya ha habido dos momentos en los que la maquinaria de Moncloa ha visto la oportunidad. Uno, durante la primera legislatura del Gobierno de Sánchez, con la idea de los aforamientos y esta misma iniciativa de la reforma del lenguaje inclusivo. De hecho, en diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a los derechos de las personas con discapacidad.

Entonces, la reforma que tuvo el apoyo de todo el arco parlamentario en la Comisión Constitucional. Y se tramitó, efectivamente, a la vez que los Presupuestos de 2019, aquéllos cuyo rechazo por el Congreso hicieron decaer la legislatura... y con ella la reforma.

Ahora, como entonces, se pretende actualizar el texto constitucional para adaptarlo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006. Se prevé modificar íntegramente el artículo 49, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido. Las personas con discapacidad pasarán a ser, según afirman las fuentes de Moncloa, "las protagonistas del derecho" y "se prohibirá expresamente cualquier tipo de discriminación".

Se reconocerá la obligación de los poderes públicos de promover su "libertad e igualdad real y efectiva". Además, se reconocerá expresamente, y por primera vez en la Constitución, la "protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado".