El decreto para prohibir los desahucios de la población vulnerable durante el estado de alarma sigue siendo motivo de conflicto en el seno del Gobierno de coalición. Esta semana, Pablo Iglesias ha visto saltar por los aires su plan de llevar el acuerdo al Consejo de Ministros y desde su equipo culpan a los socialistas del retraso por insistir durante la negociación en compensar "con dinero público" a los grandes tenedores de vivienda.
"Tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del decreto de paralización de los desahucios propuesto por Unidas Podemos", apuntan a Europa Press fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.
El principal motivo de discrepancia radica, según estas fuentes, en la exigencia por parte de los ministerios de Economía y Justicia de desplegar una "compensación" a los grandes tenedores de vivienda para que "no vean reducidos sus beneficios por esta medida".
En concreto, relatan que el PSOE apuesta por abonar "con dinero público" a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos de inversión, "el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios".
Frente a esa posición, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido durante toda la negociación la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que "gozan de beneficios millonarios" por el negocio inmobiliario que generan en España, "arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas".
"Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación", han recalcado las fuentes consultadas sobre el planteamiento que ha transmitido Belarra a la parte socialista del Ejecutivo.
Tensión
La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios viene generando una fuerte tensión entre los socios de Gobierno desde hace semanas. El acuerdo parecía cerca despues de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntara a la posibilidad de abordarlo en el próximo Consejo de Ministros ya que solo quedaban los flecos relativos a ajustar aspectos jurídicos. Pero parece no ser así y la polémica se ha vuelto a reavivar.
Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, Unidas Podemos volvió a plantear a finales de octubre, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previos a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.
Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario de la formación morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado morado, recalcaban que era un asunto prioritario, como medida sanitaria y desde el plano de protección social.
A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.
El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma.
Ese consenso pautaba abarcar a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y encargaba a las comunidades autónomas ofrecer la opción de realojo en forma de vivienda digna, cerrando la puerta a derivar a las familias en albergues o centros de acogida.
Cortes de suministro
Otro punto de fricción, más profundo si cabe, es la prohibición de cortes de suministros básicos, que estuvo vigente hasta finales de septiembre, y que Unidas Podemos aspira a recuperar. De hecho, el lado morado del Ejecutivo buscaba vincular ambos asuntos pero finalmente se desligaron para desatascar en primer lugar los desahucios.
Las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE (por medio del Ministerio de Transición Ecológica) tampoco han avanzado hasta el momento y los planteamientos de ampliar el denominado bono social eléctrico no satisfacen al socio minoritario.