Pablo Iglesias ya tiene un plan alternativo para insistirle a Pedro Sánchez con la reforma del método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La teoría de la doble mayoría. Con ella cree que salvaría las objeciones formales y de fondo de quien teme una politización del gobierno de los jueces. Y, sobre todo, espera que el presidente reflexione en Navidades y "descongele" la reforma.
Este martes, Unidas Podemos y el PSOE dieron curso a la segunda de sus proposiciones de ley en el Congreso, la más light de las presentadas, que sólo prevé recortarle poder a un CGPJ en funciones. Eso sí, por la vía del trámite de urgencia y habilitando el mes de enero como hábil para "tener la ley aprobada como muy tarde en marzo".
Pero queda pendiente para el próximo periodo de sesiones la que eliminaba la mayoría de tres quintos en el Congreso para la elección de 12 de sus miembros. El Consejo actual -que lleva dos años en funciones- se rebelaba este mismo jueves exigiendo por unanimidad -conservadores y progresistas- que el Congreso someta esta reforma a su escrutinio y al de la Comisión de Venecia.
Decisión personal
La reforma se había presentado en contra de la opinión de gran parte del Gobierno, y con el mismo ministro de Justicia lejos de patrocinarla. Fue una decisión personal del presidente, presionado por su socio morado, "para forzar el desbloqueo" del PP en las negociaciones, según fuentes del Ejecutivo. Pero Bruselas dijo no y hubo que renunciar a ella. La Comisión Europea teme la senda de politización del Poder Judicial que se abriría y la falta de garantías constitucionales.
Así, Iglesias plantea ahora que sea una doble mayoría de diputados y de grupos parlamentarios la que sea necesaria -incluso en segunda votación- para elegir a los vocales del CGPJ. "La mayoría de tres quintos se sitúa porque en una época bipartidista", ha explicado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. "Eso pretende evitar que un único partido que tenga mayoría absoluta pueda nombrar a todos los vocales del CGPJ".
Pero lo que ocurre ahora, explican fuentes de la Vicepresidencia segunda, es que un solo partido tiene derecho de veto a todo. Y eso quieren revertirlo "garantizando la pluralidad" por la vía de que hagan falta la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara en esa mayoría absoluta que elegiría los miembros del Consejo. "Hay algunos juristas que defienden que una cláusula en este sentido podría ser interesante", ha explicado Echenique.
La excusa
El día en el que Pablo Casado se divorció de Santiago Abascal, el de la moción de censura fracasada presentada por Vox, Pedro Sánchez respiró aliviado. La circunstancia le abría una ventana de posibilidad para ofrecer la "congelación" de la reforma del método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Moncloa andaban deseando encontrar una excusa para volverse atrás, porque la Comisión Europea había avisado: así no.
El informe sobre cumplimiento del Estado de derecho publicado por el gobierno europeo a finales de septiembre había sido taxativo en la advertencia a varios países en general y a España en particular por sus deficiencias en la separación de poderes. Concretamente, en la independencia del Poder Judicial, deficiente y amenazada de politización.
Lo mismo había dicho en varias ediciones de sus informes el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa. Esta institución ha alertado por la falta de autonomía del Ministerio Fiscal en España -la misma queja que eleva el PP a escándalo por la elección de la exministra de Justicia para el puesto-, y por el bloqueo politizado y la reforma pretendida del CGPJ.
Bruselas no traga
Un alto dirigente del Partido Popular lo explicaba a este periódico en el patio del Congreso: "Es fácil, no vamos a bajarnos de nuestras exigencias. Primero, porque tenemos razón. Y segundo, porque la amenaza se les ha caído, sabemos que Bruselas no les permitirá esa reforma".
Este mismo jueves lo decía más clarito el vicepresidente de los populares europeos en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons: "Una reforma desacertada, a destiempo e inconstitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede tener consecuencias en los fondos que España reciba porque la condicionalidad política está tan vigente como la condicionalidad económica", advirtió el político valenciano en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum.
El empeño de Unidas Podemos es que el PSOE crea en esta reforma y la defienda ante Bruselas como suficientemente garantista. Si es así, incluso es posible que no haga falta reactivar la otra proposición de ley.
Y es que en realidad, la que ya se está tramitando es una especie de despiece de la primera, que la incluía en su articulado. No tendría sentido que el Congreso trabajara en paralelo en dos reformas de una misma ley presentadas por los mismos grupos parlamentarios.
Así, en las filas de los partidos del Gobierno ya se estaría pensando en la posibilidad e incluir el cambio del método de elección de los vocales del CGPJ por la vía de las enmiendas parlamentarias a la reforma ya activada. No hay método más rápido. Ni más expeditivo si Sánchez se convence y atiende los requerimientos de Iglesias, una vez más.