Nunca hubo un comité de expertos para la desescalada. Eso ya se sabía, lo reveló el ministro de sanidad, Salvador Illa, cuando dijo que las decisiones se habían tomado con criterios de los expertos del Ministerio. Pero lo hizo después de pelearse públicamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, quejosa de que nadie le daba las razones por las que su región no podía avanzar de fase.
Y lo hizo, también, después de mostrar todas las reticencias posibles a dar sus nombres. Los reclamaban el PP, Ciudadanos y Vox. Los exigía Isabel Díaz Ayuso, con el altavoz de los medios más críticos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia. Y Moncloa permitió, así, que fuese más noticia el presunto oscurantismo del Gobierno que el hecho de que los altos funcionarios de Sanidad estaban suficientemente preparados para tomar esas decisiones.
Ahora, una vez más, el Ejecutivo ha caído en la trampa de que se le pueda acusar de falta de transparencia. Porque con tres semanas de retraso, Moncloa ha decidido cumplir con la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que el pasado 30 de noviembre le dio 10 días para dar a conocer el nombre de "los expertos". La información se ha hecho pública a la vez que Pedro Sánchez hacía su balance del año en directo.
Ilustración: Tomás Serrano.
Los 15 técnicos fueron, finalmente, Fernando Simón, 13 funcionarios de Sanidad y un asesor externo. El Ministerio ha hecho públicos los nombres del comité que asesoró al Gobierno en mayo y junio para decidir qué Comunidad Autónoma pasaba de fase en la desescalada tras la primera ola de la Covid, según consta en una resolución del Portal de Transparencia.
En concreto, los expertos que formaron parte de este comité fueron 14 técnicos del Ministerio de Sanidad: el citado Fernando Simón, María José Sierra, Berta Suárez Rodríguez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Lucía García San Miguel, Oscar Pérez Olaso, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez y Paloma González Yuste; a los que hay que sumar el citado experto externo, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), Javier Segura del Pozo.
Autodefensa en 'The Lancet'
Simón, como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y Sierra, su número dos, lideraban este comité. Junto a ellos, Berta Suárez es jefa de Área del CCAES; Carmen Varela es científica titular del Centro Nacional de Epidemiología (CNE); Pilar Soler es técnico superior de la Dirección General de Salud Pública; y Pello Latasa es el actual director general de Salud Pública de La Rioja pero era técnico del CCAES.
Además, Elena Vanessa, Silvia Rivera y Lucía García San Miguel son técnicas del CCAES y Paloma González epidemióloga también del CCAES; Óscar Pérez y Susana Monge son médicos adscritos a este organismo; Carmen Olmedo es jefa de Área de Programas de Vacunación del Ministerio; y María C. Vázquez pertenece a la Dirección General de Salud Pública.
La mayoría de estos expertos firmaron la carta en la revista científica The Lancet en la que el doctor Simón defendió la gestión hecha en España y criticó la politización de la pandemia. Junto a Simón, participaron en este documento nueve de los 15 miembros del comité de expertos de desescalada.
En su texto, los firmantes afirmaban que habían contado con expertos externos que les han asesorado a la hora de tomar decisiones estratégicas. "La colaboración entre la administración de salud pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en curso desde enero, y expertos externos han asesorado decisiones estratégicas. Existen múltiples grupos de trabajo interterritoriales, desde niveles técnicos hasta altamente políticos, que se reúnen al menos una vez por semana, logrando un diálogo interterritorial fluido y una toma de decisiones coordinada", afirmaron.
En la resolución dada a conocer este martes, Sanidad justifica que "la elaboración de informes técnicos de valoración de la epidemia de Covid-19 en cada una de las CCAA durante el proceso de desescalada realizado en los meses de mayo y junio fue responsabilidad del Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del CCAES".
De la misma forma, argumentan que "este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación".
El Gobierno menos transparente
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el más opaco desde que existen datos del Consejo de Transparencia, en 2015. Su cumplimiento de las resoluciones de este organismo público pero independiente no supera las seis de cada 10. Con Mariano Rajoy en Moncloa, el sometimiento del Gobierno a las órdenes de Transparencia rondaba el 85%.
La respuesta a este requerimiento del comité de expertos llegó hace una semana al CTBG, es decir, con tres de retraso sobre la exigencia inicial. Y todo después de que Illa y la misma vicepresidenta Carmen Calvo pusiesen en duda el hecho mismo de atender el requerimiento del organismo independiente: "Lo estamos estudiando". Sin embargo, hasta hoy no se conocía con detalle la identidad de estos técnicos.
En su comunicado, el Ministerio defendió que, negándose a publicar estos nombres, "ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo estando amparados por el artículo 14.1.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad".