Ábalos no permitirá a Pablo Iglesias perpetuar la prohibición de desahucios tras el estado de alarma

Hasta ahora, sólo ha habido una reunión. El encargo del presidente, Pedro Sánchez, para que el equipo de José Luis Ábalos y el de Pablo Iglesias "acuerden la nueva Ley de Vivienda" se ha topado con una nueva pelea entre los dos bandos del Gobierno a cuenta de los desahucios. Y todo a pesar de que la cita, la semana pasada, fue una mera toma de contacto sobre generalidades entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, según fuentes gubernamentales. 

El equipo del ministro socialista evitará en lo posible una guerra mediática con el del vicepresidente segundo. Pero Ábalos no permitirá que se perpetúe por ley la prohibición de los desahucios a la que forzó Iglesias para que se protegiera "a las personas más vulnerables, al menos, durante la vigencia del estado de alarma".

Ésa es la pretensión de Unidas Podemos, confirmada por fuentes de la formación a este periódico. Ante ello, el ala socialista del Ejecutivo recuerda a la morada que "existe el derecho de propiedad" y que no cuenten con ellos para "ir contra un derecho fundamental para garantizar otro". 

Desde Unidas Podemos insisten, en conversación con EL ESPAÑOL, en que ésta será una de sus "principales demandas" en la negociación abierta con la parte socialista del Gobierno: incluir en la nueva ley "la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros a la población vulnerable".

Desde el lado socialista del Ejecutivo, por su parte, lamentan que los morados hayan optado por abrir el debate antes en los medios que en la mesa de trabajo.

Táctica negociadora

Lo que se huelen es una jugada táctica de Unidas Podemos para fortalecer su posición negociadora. Los morados estarían añadiendo reivindicaciones no pactadas en el acuerdo de coalición para redoblar la presión en lo tocante a la regulación y la intervención del mercado que permita limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado. 

Este punto ha sido una imposición morada a la que se lleva resistiendo Ábalos desde que el PSOE gobernaba en solitario, tras la moción de censura. Entonces ya provocó enfrentamientos entre ambas formaciones, al punto de que los morados -que apoyaba al Ejecutivo con sus 71 escaños, el doble que ahora. Entonces, la negociadora ya era Ione Belarra -hoy secretaria de estado de Iglesias- y Podemos se plantó votando en contra del decreto de los "viernes sociales" que había negociado con el Ejecutivo al no ver colmadas sus aspiraciones.

De hecho, cuando Sánchez impuso que la Ley de Vivienda fuera acordada entre Ábalos e Iglesias, fuentes socialistas del Gobierno ya advirtieron, respecto a la fijación de precios máximos en el alquiler que "de aquí a marzo aún pueden pasar muchas cosas". Y es que, por ejemplo, la medida no gusta nada en el equipo económico de Nadia Calviño.

Desde el lado socialista aseguran que la norma que se redacta en sus despachos contendrá medidas ponderadas y consensuadas con los sectores implicados. De hecho, ya han celebrado encuentros con el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -ambos colectivos, del entorno de Podemos-, además de con administradores de fincas, asociaciones del tercer sector, "y más actores".

Así, el lado socialista del Gobierno advierte al morado que la medida actualmente en vigor, que prohíbe todos los desahucios sin alternativa habitacional, tiene sentido durante la situación de alarma. Pero que cuando éste decaiga "lo que rige es la legislación española" y no se prevé más normativa excepcional. Sobre los cortes de suministros, remiten a Transición Ecológica, que regula la energía. No tiene cabida en una ley de Vivienda.

Una jugarreta a tiempo

En el Ministerio de Ábalos ya saben cómo se las gasta Iglesias. El vicepresidente segundo forzó el decreto en vigor con el movimiento táctico de presentar una enmienda junto a Bildu y Esquerra durante la tramitación de los Presupuestos. Algo que sentó muy mal a los socialistas y que se tomaron como una traición.

Sánchez se jugaba sacar adelante los Presupuestos, Iglesias sabía que después de eso perdería fortaleza dentro del Ejecutivo y mantuvo la apuesta hasta que el presidente claudicó. El jefe del Gobierno sólo logró apaciguar las aguas entre ambos bandos prometiéndole a Iglesias que se aprobaría el decreto y que Ábalos debería negociar la Ley de Vivienda con él.

La norma que están diseñando en el departamento de Transportes y Agenda Urbana será muy delicada, porque habrá de "conjugar dos derechos, el de la propiedad privada y el derecho constitucional a la vivienda", según fuentes del Gobierno. Es el departamento de Ábalos el que lidera, bajo la dirección de David Lucas, secretario general de Vivienda. Y el planteamiento del ministro del PSOE es muy distinto del vicepresidente de Unidas Podemos. 

El contenido de la ley

La ley arbitrará medidas para impulsar una revolución en el parque de vivienda social en alquiler, hasta ahora casi inexistente. Fuentes del Gobierno afirman que "en España se ha invertido mucho en vivienda pública protegida, pero siempre en propiedad, justo al revés que el resto de Europa". Han sido más de 2,3 millones de casas que han ido saliendo del circuito una vez que los beneficiarios podían "descalificar" el inmueble y venderlo. 

Por otro lado, el Ministerio prevé diseñar otro tipo de soluciones habitacionales más allá de la construcción de vivienda pública para el alquiler. Y, en todo caso, el texto contemplará políticas transitorias de ayudas que regirán los años que tarde en completarse la construcción de esos miles de pisos.

Además, Ábalos tendrá que cuidarse mucho de pisar callos autonómicos. La norma exigirá mucho estudio jurídico. Porque en este campo, una gran parte de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas.