España ha retrocedido seis puestos en el Índice de calidad democrática desde que PSOE y Unidas Podemos gobiernan. Así lo refleja el informe Democracy Index que el prestigioso semanario británico The Economist publica todos los años y que este miércoles ha visto su última edición.
En enero de 2020, justo cuando el Gobierno de coalición echaba a andar, el país aparecía en la 16º posición con una puntuación de 8,29. Un año después, el medio con sede en Londres otorga a España una nota total de 8,12 puntos y la relega al puesto 22º de la clasificación.
El estudio publicado por la unidad de investigación del semanario británico recalca que "la democracia recibió un gran golpe en 2020". Y es que "casi el 70% de los países" cubiertos por el estudio han retrocedido en "libertades democráticas" debido a las restricciones provocadas por la lucha contra la pandemia.
Ante este descalabro generalizado, el índice anual de The Economist arroja una puntuación media de 5,37 puntos sobre 10; la peor desde que se empezó a calcular en el año 2006. "El fenómeno es global y muy pronunciado en los regímenes autocráticos de África o de Oriente Medio", añade el medio.
España ha sido uno de los países más sacudidos de Europa, eso sí, dentro de esa merma democrática a nivel global. No en vano, el país ha caído seis puestos con respecto a 2019. Pese a ello, sigue considerándose una "democracia plena".
Si se desgrana la calificación, España obtiene un 9,58 en "procesos electorales y pluralismo", un 8,53 en "libertades civiles", un 8,13 en "cultura política", 7,22 en "participación política" y un 7,14 en "funcionamiento del gobierno".
En la última edición del Índice de Democracia, Costa Rica (18º), Mauricio (20º) y Japón (21º) adelantan a España. Inmediatamente por detrás de nuestro país queda Corea del Sur (23º) y otras "democracias imperfectas" como Francia (24º), Portugal (26º) o Italia (29º).
Noruega (1º), Islandia (2º) y Suecia (3º) encabezan el ranking, mientras que los países peor calificados son Corea del Norte (167º), República Democrática del Congo (166º) y la República Centroafricana (165º).
El Índice
El Democracy Index es una clasificación anual elaborada por la Unidad de Inteligencia de The Economist que tiene como objetivo determinar la salud democrática de los 167 países analizados. Los resultados se basan en sesenta indicadores diferentes agrupados en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
Una vez analizada la calidad democrática de los países en base a estos parámetros, éstos se agrupan en países con democracia plena (23 en el último estudio), países con democracia imperfecta (52), países con regímenes híbridos (35) y países con regímenes autoritarios (57).
"Este año no ha tenido un comienzo prometedor, con una insurrección en el Capitolio de Estados Unidos y un golpe militar en Myanmar. Con la relajación gradual de las restricciones de la Covid-19, los demócratas esperan tener más motivos para celebrar", analiza el estudio de este año.
Y es que no se recuerda otro impacto igual en el Índice de calidad democrática desde 2010, cuando todo el globo -especialmente Europa- sufrió la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Entonces, 91 países de los 167 analizados obtuvieron una puntuación inferior que en el año 2008. España, debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, pasó de una calificación de 8.45 a 8.15.
Gobierno opaco
Todos los indicadores nacionales e internacionales parecen volverse en contra del actual Gobierno de España. Y es que, tal y como desveló este medio, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias es el más opaco desde que existen datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB). Esto es, desde 2015.
En el pasado mes de diciembre, el cumplimiento de las resoluciones de este organismo público pero independiente no superaba las seis de cada 10. Con Mariano Rajoy en Moncloa, el sometimiento del Gobierno a las órdenes de Transparencia rondaba el 85%.
Cabe recordar que el Ejecutivo de coalición estuvo enredado en al menos tres procesos por incumplimiento del libre acceso a la información. Entre ellos, el que generó más polémica fue el proceso desatendido que exigía a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, que diera a conocer los nombres del "consejo de expertos" que asesoró al Ministerio -que ahora dirige Carolina Darias- en la desescalada de la primera ola de la Covid-19.
Finalmente, y con tres semanas de retraso, el Ejecutivo decidió cumplir con la orden del Consejo de Transparencia e hizo pública la identidad de "los expertos". Véase, Fernando Simón, 13 funcionarios de Sanidad y un asesor externo.