El decreto de los fondos de la UE se cambió para poder crear las empresas públicas que pide Podemos

Este periódico ha tenido acceso a dos de los borradores previos del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública. Uno fechado el 17 de noviembre y otro de "final de mes". Y ha podido comprobar que sólo en la redacción final, publicada en el BOE, aparece un artículo, el 69, añadido a última hora y colocado intempestivamente en último lugar del documento.

Con él, el Gobierno se dota de la capacidad de crear empresas con capital público o invertir en otras que hoy tengan sólo capital privado para recibir contratos "a dedo" financiados con los fondos de recuperación procedentes de la UE. Es decir, las ayudas incluidas en el instrumento Next Generation EU de hasta 140.000 millones de euros en seis años. Y el título del artículo ya lo dice todo: Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española a través de sociedades de economía mixta.

El PP ha anunciado este domingo que recurrirá la votación del decreto ante el Tribunal Constitucional. Y fuentes de la oposición, consultadas por este periódico, llaman la atención sobre la posibilidad de que éste haya sido el vehículo elegido por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para darle satisfacción a Pablo Iglesias. Porque el texto abre la puerta a la creación de nuevas compañías de capital público, como las que reclama el vicepresidente segundo.

Concretamente, el líder morado acabó el año recuperando su batalla por la "nacionalización de Endesa" o la creación de nuevas empresas públicas energéticas -como propone el programa electoral de Unidas Podemos-, para "competir con las eléctricas, bajar el precio de la luz y no dejar a nadie atrás".

A finales de 2020, la excusa de Iglesias era la batalla por evitar los cortes de suministros -cuya prohibición logró, finalmente, hasta el final del estado de alarma-. Y a principios de 2021, acusar a su socio en el Ejecutivo, el PSOE, de "no querer plantearse siquiera esa solución" contra el pico de alza en la factura eléctrica de los primeros días de enero, tras el paso del temporal Filomena.

Ahora, Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso, advierte de que "este artículo, que no estaba en los borradores, sólo se introduce a última hora si algún ministerio lo pide, porque ya tiene decidido vehicular los fondos que le toquen a través de una empresa con colaboración público-privada". Garcés formó parte de los gobiernos de Aznar y de Rajoy en diversos puestos de responsabilidad en la Administración.

"Adjudicación directa"

Lo cierto es que el decreto no habla expresamente de empresas públicas, sino "de capital mixto". Es decir, compañías en las que "concurra mayoritariamente capital público con capital privado". Pero el primer punto del mencionado artículo 69 explica que "podrá adjudicarse directamente" a este tipo de sociedades "un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios [...] relativo a un proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española".

Es decir, que estas compañías podrán licitar contratos con las Administraciones sin necesidad de una licitación pública. O lo que es lo mismo, que no se informa ni se publican las bases del concurso. "Esto llama mucho la atención", se pregunta Garcés. "¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Con qué empresas? ¿Las van a crear? ¿O van a meter dinero público en compañías privadas para poder darles contratos con fondos europeos sin publicidad ni concurrencia?".

Las preguntas son pertinentes, explica el ex secretario de Estado, porque el prolijo artículo 69, con una enorme cantidad de detalles y salvedades, incluso explica cómo estas "empresas de capital mixto" podrán "acudir a ampliaciones de capital" e incluso "titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomiende".

"In extremis"

El Real Decreto-Ley de los fondos europeos, aprobado en el último Consejo de Ministros del pasado año y convalidado por el Congreso de los Diputados justo 30 días después -gracias a Vox-, es un texto larguísimo de 61 páginas, 69 artículos, seis disposiciones adicionales, una transitoria, otra derogatoria y otras 12 disposiciones finales.

Farragoso y lleno de cambios legislativos, otras fuentes oficiales del Partido Popular han confesado a este periódico que estudian recurrirlo por haber utilizado esta figura legislativa para "desarrollar derecho comunitario europeo y modificar reglamentos". Según los populares, esto no está previsto para los decretos, que únicamente deben utilizarse para "medidas urgentes y excepcionales".

Pero la realidad es que el texto tiene muchos más puntos oscuros, legal y políticamente, por los que tanto la formación de Pablo Casado como otras de la oposición no despegan los ojos del papel, para ver cómo meterle mano. Y la principal es ésta ya descrita del artículo 69, "introducido in extremis", que llama especialmente la atención. Sobre todo, a la luz de su ausencia en los borradores con los que trabajó Moncloa durante la redacción, tramitación y consultas previas al paso del decreto por el Consejo de Ministros.

"Todos contentos"

Hace unos días, Pablo Iglesias comentó en una entrevista que no le temblaría el pulso "en nacionalizar farmacéuticas si tuviera el poder” y eso le asegurara un éxito de salud pública. Tres semanas antes, y tras permanecer en silencio durante los primeros días de la subida de la luz, entre nevadas y heladas, Podemos no supo reaccionar y se escudó en su poco peso dentro del Consejo de Ministros para no hacer nada.

La ola de frío disparó el precio de la luz a picos máximos de 100 euros el MWh. Pero tras limitarse a publicar un vídeo exculpatorio en las redes, Iglesias tomó las riendas, tiró de programa y acusó al PSOE de "no querer" aplicar las medidas que, en su opinión, "sí bajarían la factura eléctrica". Según el líder morado, Sánchez "se niega a intervenir el mercado eléctrico", obligar a las compañías "a renunciar a sus beneficios caídos del cielo" e incluso a "nacionalizar la malvendida Endesa". 

Garcés, una de las personas encargadas en el Grupo Popular de estudiar el decreto y marcar la posición del voto, que fue negativo, recuerda que "una sociedad de capital mixto nade con vocación de permanencia". Y que los fondos europeos son coyunturales, de 2021 a 2026. "¿Qué sentido tiene crear una compañía así, al calor de un dinero público que tiene fecha de caducidad? ¿O es que ya saben que seguirá llegando dinero público?".

Ahora, no es Endesa la que está bajo el punto de mira, sino Naturgy, sobre la que el fondo australiano IFM ha presentado una OPA por el 22,69% de su capital social. Una transacción que por ahora tiene parada el Gobierno, acogiéndose a la norma de la que se dotó durante la pandemia para tener "la última palabra" en este tipo de operaciones estratégicas.

Pero la pregunta ahora es si ese artículo 69 del decreto encaja en todo este embrollo. La oferta del fondo australiano representaría una prima aproximada de un 19,7% respecto al precio de cotización de las acciones de Naturgy a cierre de sesión anterior a la publicación del anuncio.

Un beneficio al que podrían no querer renunciar los accionistas si el Ejecutivo prohíbe la operación amparándose en razones de interés nacional -"la norma se hizo precisamente para estos casos", advirtió la portavoz del Ejecutivo hace dos semanas-, pero que podría compensar... amparándose en este decreto de los fondos europeos.

"Por unos 5.000 millones, el Estado podría entrar en el capital de Naturgy", recuerda Garcés. Y esto haría que los accionistas se llevaran su plusvalía, se abriría la puerta a que la compañía energética reciba contratos "a dedo" financiados con las ayudas europeas... y Pablo Iglesias tendría el embrión de su compañía energética pública. ¿Todos contentos? "Podría ser, queremos que el Gobierno nos lo explique", cierra el diputado del PP.