El Ministerio de Transportes está preparando la nueva Ley de Vivienda. Teóricamente, la están redactando mano a mano David Lucas y Ione Belarra. El secretario general de Vivienda, por el lado socialista del equipo de José Luis Ábalos, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, por el lado morado del equipo de Pablo Iglesias.
Pero la realidad es que hasta el momento, la redacción se hace en el bando del PSOE, y desde el de Unidas Podemos lo que llegan son enmiendas al texto. A la última, Ábalos ya le ha puesto un muro: "No vamos a forzar a los grandes propietarios a que saquen al mercado el 30% de sus pisos", advierten fuentes del lado socialista, "en una democracia, lo lógico es negociar para lograr tus objetivos, y no expropiar derechos para imponerlos".
Así lo explican fuentes del Ministerio de Ábalos a este periódico, después de que Belarra dedicase, el pasado martes, su comparecencia en la Comisión Mixta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a "algo más parecido a un mitin electoral" en el inicio de la campaña catalana.
Y es que la negociadora jefe de Iglesias planteó que la nueva Ley de Vivienda imponga que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
La idea, nunca antes propuesta en las reuniones para prearar la nueva ley, fue tomada por el lado socialista como "alimento para las bases de Podemos" y una apuesta por sacar titulares. "Es pura campaña, no podemos aceptar negociar con ese ambiente", explican fuentes del Ministerio de Ábalos. "Nos pondremos las pilas desde el lunes siguiente al 14-F", aseguran. Y aunque admiten que puede haber retrasos, asegura este portavoz que, "con voluntad política de las dos partes, Lucas y Belarra lo cierran todo en una semana, seguro".
Tregua de campaña
La negociación está parada porque el Ministerio de Transportes se veía venir una bronca constante durante las dos semanas de campaña electoral catalana. Si el mismo Iglesias no ha tenido problema en arremeter contra Salvador Illa, hasta hace nada compañero en la mesa del Consejo de Ministros, cuánto más podría hacer la formación morada con los trabajos en la Ley de Vivienda, un tema especialmente sensible en Cataluña.
José Luis Ábalos dio orden de que no hubiera más encuentros. La Ley de Vivienda "es mejor que llegue tarde a que llegue mal", explican fuentes del Ministerio de Transportes. Y la tensión electoral no iba a ayudar. A pesar de que por el momento sólo se han celebrado dos contactos exploratorios, "de generalidades, sin entrar en el fondo de los temas", fuentes de ambos lados del Gobierno confirman que hasta después del 14-F no habrá nuevas citas entre Lucas y Belarra.
Pablo Iglesias y Ione Belarra, con los representantes del Sindicato de Inquilinos en la sede de la Vicepresidencia.
A mediados de enero se acordó un calendario de reuniones y fuentes de Unidas Podemos ya abrieron la semana pasada filtrando a la prensa las "discrepancias sustanciales" con el PSOE en la negociación de la Ley de Vivienda. Los morados recuerdan que Sánchez dio orden de que Transportes y Derechos Sociales sean los "ministerios coproponentes" que lleven la norma al Consejo. Y que para eso, según lo pactado, queda menos de un mes "y todavía no hay avances".
Los morados acusaron a Ábalos de "falta de voluntad política" y de estar "frenando el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas" aportadas por Belarra. Aunque lo cierto es que muchas de estas medidas no están en ese acuerdo de coalición.
Tres frentes
Según los de Iglesias, el choque frontal está en tres frentes. El primero es éste que el ministro y secretario de Organización del PSOE ya ha advertido a los morados de que no será así, ni mucho menos.
La puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, como reclama Unidas Podemos, "es un objetivo compartido 100% por el PSOE", explican fuentes cercanas a la negociación. Pero lo que los socialistas no aceptarán "de ningún modo" es el planteamiento que lanzó Belarra hace una semana en la comisión parlamentaria. La dirigente morada habló de "la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique un 30% de sus viviendas al alquiler social".
El segundo, la "prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables", que Iglesias exige que se convierta en ley. Y que Ábalos ya ha aclarado en privado y en público que no será así, que la medida "es excepcional" y que su vigencia decae "con el fin del estado de alarma".
Y la tercera discrepancia grave es la "regulación de precios del alquiler", recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en pacto de los Presupuestos Generales. Según Unidas Podemos, Belarra le hizo llegar una propuesta al PSOE "hace cuatro meses a la que aún no han contestado".
Este punto fue un empeño personal de Iglesias en la noche final de la negociación de las cuentas públicas. Cuando Sánchez ya había anunciado a los líderes autonómicos -en su última conferencia de presidentes- que al día siguiente serían llevados al Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo se enrocó y alargó la negociación hasta la madrugada en el empeño de que Sánchez debía firmar que la Ley de Vivienda incluiría la intervención de los alquileres.
En la formación morada, la claudicación del presidente fue tomada como una de las mayores victorias de Iglesias, "es un gol por la escuadra lograr que el PSOE acepte que el Gobierno haga políticas para bajar precios", recuerdan. Pero del lado socialista ya se avisó a los morados el día que Sánchez forzó a Ábalos a "coproponer" esta ley con Iglesias: "Hasta marzo, pueden pasar muchas cosas".