"Hemos llegado a un nivel de confrontación al que no se había llegado hasta el momento y nos preocupa mucho". Los constantes pulsos y choques en el seno de la coalición del Gobierno han alcanzado esta semana máximos. Lejos de las previsiones, que auguraban que la tensión se rebajarían tras los comicios catalanes, los últimos días han supuesto una escalada de enfrentamientos que incluso, admiten ya desde las filas moradas, está poniendo en peligro la gobernabilidad del país.
Tanto desde el PSOE como desde Podemos afirman que el pacto no corre peligro, que hay una hoja de ruta clara y que la coalición "goza de una gran estabilidad", pero las últimas desavenencias, cuanto menos, están "debilitando" los mimbres del Ejecutivo.
Lo afirman ya públicamente desde las filas moradas. "Nos preocupa por lo que pueda afectar a la gobernabilidad del país y al propio proyecto progresista que queremos empujar entre los dos", ha admitido este sábado en RNE el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Txema Guijarro, que ha apuntado además a "una cierta actitud prepotente" de sus socios de Gobierno.
No es la primera declaración en esta línea de un dirigente de Podemos. Este mismo viernes, el líder del grupo en el Congreso, Jaume Asens, admitió que las relaciones entre los socios "no pasan por el mejor momento". Las causas de ello se encuentran, en parte, en los diversos choques que esta semana se han escenificado tanto en el debate público como en el Congreso de los Diputados.
El primero parte de las diferencias entre sendas formaciones en marteria de Igualdad. El día después de las elecciones Catalanas, el ministerio competente, dirigido por Irene Montero, fechó para el 23 de febrero la presentación de las leyes trans y LGTBI en el Consejo de Ministros.
La parte socialista lo rechazó de plano y el choque se trasladó al Congreso un día después, donde se debatía la Ley de Igualdad de Trato, conocida como ley Zerolo, que acabó poniendo directamente en entredicho la coordinación parlamentaria de los grupos que forman el Gobierno de coalición.
Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso de los Diputados.
Los socialistas llevaron a la Cámara Baja la norma sin contar con los planteamientos del Ministerio de Igualdad, según criticaron desde las filas de Podemos, desde donde se lanzaron múltiples afrentas contra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a quien acusan de ser una de las claves del aumento de la tensión.
Los morados critican las reticencias de la socialista para cederles la competencia en esta materia. "Fíjese que si le costó [ceder el Ministerio de Igualdad], que cualquiera diría que no lo ha asumido", ha espetado Guijarro. Podemos, finalmente, se abstuvo en la toma en consideración de la ley y un día más tarde el PSOE votó a favor de la iniciativa de la formación morada de reformar de la ley del aborto, a pesar de que la semana anterior mostró su discrepancia con el texto.
En la parte socialista del Ejecutivo admiten que Igualdad es el ámbito que más tensa a la coalición, al margen de otros temas creen que los de Iglesias buscan únicamente ganar visibilidad por ser el socio minoritario.
Hasél y la democracia
Las manifestantes que llevan cuatro días causando disturbios por la entrada en prisión de Pablo Hasél se han erigido como otro de los asuntos que marcan estas divergencias y la excusa para los de Iglesia para seguir esgrimiento la falta de "normalidad democrática" en España.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, fue el primero en encender la llama con un mensaje en el que expresó "todo su apoyo" a los manifestantes "antifascistas". Estas palabras desataron un vendaval de críticas en la oposición pero tampoco sentaron bien en el sector mayoritario del Ejecutivo.
Calvo reprochó a sus socios que "una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos" y el ministro José Luis Ábalos dejó claro que el Gobierno no comparte la opinión "personal" del dirigente de Podemos.
Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió este viernes a ello, condenando los actos violentos y dejando claro, en alusión a Podemos, que "en una democracia plena es inadmisible el uso de la violencia". "No hay excepción a esta regla", dijo.
Pese a todo, esta sigue siendo una divergencia azotada por los morados. Este sábado, Asens ha asegurado que "Hasél ha sido la chispa que ha incendiado la indignación de mucha gente" y ha pedido que los disturbios no impidan "ver las razones que hay detrás de esa indignación".
No obstante, esta postura está encontrando divergencias incluso entre las filas moradas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este sábabo que "defender la libertad de expresión no justifica en ningún caso" los destrozos y ataques ocasionados en la ciudad y ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad.
"Los altercados no son la solución y no están justificados", ha dicho, aunque ha defendido también que "hay razones para el malestar" y ha instado a los partidos políticos a trabajar juntos "para ofrecer soluciones".
Ley de vivienda
Otro de los cismas entre los socios de Gobierno tiene que ver con la legislación sobre vivienda. PSOE y Podemos retomaron la negociación del anteproyecto, interrumpida hace más de 15 días por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El jueves, los socialistas entregaron su propuesta a la Vicepresidencia de Derechos Sociales pero el encuentro no hizo más que evidenciar que ambas posturas se mantienen bloqueadas. Mientras que el departamento de Ábalos acusa a los de Iglesias de "sectarios", los morados se quejan de que los otros sigan sin contemplar medidas en materia de desahucios, control de precios del alquiler y grandes propietarios, todos ellos compromisos firmados en el acuerdo de Gobierno.
Las divergencias hacen peligrar el acuerdo que PSOE y Podemos suscribieron en el marco de la negociación de los presupuestos de 2021 para llevar un texto al Consejo de Ministros antes de que finalice febrero.
Riesgo de ruptura
Desde ambas formaciones niegan en rotundo el riesgo de ruptura y sitúan en la normalidad las diferencias que puedan emergen en un Gobierno de coalición. El propio Guijarro así lo ha manifestado después de admitir las fisuras. El dirigente morado ha dicho confiar en que la utilidad del Ejecutivo para una mayoría ciudadana es "garantía" de que habrá gobierno y ha advertido de que seguirá "fuerte", aunque desviarse de ese camino marcado lo "debilitará".
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se pronunció con más rotundida en los últimos días, asegurando que la coalición "goza de una gran estabilidad y tiene una hoja de ruta muy clara que quiere desarrollar en los próximos tres años".
Según Montero, el que se trabaje "coco con codo" en el Gobierno no quita que en "cuestiones singulares o algunas materias" los líderes o grupos parlamentarios puedan expresar opiniones particulares o no coincidentes con las que del Ejecutivo.