La Eurocámara pide explicaciones a Iglesias por el abuso a menores tuteladas en Baleares

El Parlamento Europeo pide explicaciones al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, por el caso de abusos sexuales a menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca (IMAS). El comité de Peticiones de la Eurocámara ha remitido una carta a Iglesias en la que le reclama que detalle "las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores bajo su tutela", según ha confirmado EL ESPAÑOL.

La Eurocámara ha solicitado también aclaraciones sobre este caso por carta al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. Las misivas están firmadas por la presidenta del comité de Peticiones, la popular Dolors Montserrat, y se enviaron el pasado 11 de febrero. 

Los abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares han llegado a la Eurocámara mediante una petición presentada por Jose Luis Sánchez Saliquet, que fue candidato de Vox al Senado. La petición denuncia la "práctica relativamente extendida de prostitución  y agresiones sexuales a varios menores tutelados por el Gobierno balear (compuesto por el PSOE, Podemos y Mes). Una situación que se destapó a raíz de una denuncia a la policía por abuso sexual de una menor de 13 años en diciembre de 2019.

El peticionario asegura que el Gobierno de Baleares "se ha mantenido inactivo y trata de ocultar lo sucedido", para lo que cuenta "con el apoyo del Gobierno central, cuyo signo político es el mismo". "Lo más dramático es que nuevos casos de abuso sexual y prostitución de menores tutelados han emergido, siendo el silencio de los responsables políticos del Gobierno balear todvía más atronador", concluye la petición, que ha sido remitida también a Iglesias, Grande-Marlaska y Armengol para que hagan sus observaciones.

El comité de Peticiones decidió admitir a trámite el caso el 13 de enero y lo debatió por primera vez el pasado 26 de enero. Allí, el representante de la Comisión Europea, Antonio Labrador, aseguró que "las alegaciones planteadas en la petición son muy preocupantes".

Expediente de Bruselas

Según recordó, el Ejecutivo comunitario ya ha expedientado a España por no aplicar correctamente la directiva de lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que incluye disposiciones contra la prostitución de niños. 

El procedimiento de infracción se inició en enero de 2019 y sigue abierto porque aún no se han resuelto todos los problemas detectados. "La Comisión continuará utilizando sus poderes de ejecución para garantizar una aplicación plena y completa de la directiva por parte de las autoridades españolas", explicó Labrador. 

Durante el debate en la Eurocámara, el PP, Ciudadanos y Vox defendieron que la Eurocámara investigue este caso. Su principal argumento es que el PSOE y Unidas Podemos han impedido crear comisiones de investigación tanto en el Parlamento de Baleares como en el Congreso. 

"Ha habido un fallo de las administraciones públicas en su papel de supervisión y control que no es puntual: ha durado en el tiempo y han sufrido numerosos menores", alegó el representante de Ciudadanos, Jordi Cañas. Un fallo del que ahora deben rendir cuentas sus responsables políticos, insistió. "Es el escándalo de este tipo más grave que ha acontecido en España en los últimos años", señaló el portavoz de Vox, Jorge Buxadé. 

Por su parte, tanto los representantes del PSOE como los de Unidas Podemos pidieron, sin éxito, que la Eurocámara archivara el caso por considerar que ya se está abordando en España. Los socios de coalición en el Gobierno de Pedro Sánchez acusan a PP, Ciudadanos y Vox de tratar de sacar rédito político del escándalo.

"No es de recibido que se utilice algo tan grave como lo que ha pasado con estas menores para hacer política de muy bajos vuelos", dijo la portavoz socialista, Cristina Maestre. Por su parte, la representante de Unidas Podemos, Idoia Villanueva, defendió que el Gobierno ha tomado medidas como la denominada 'ley Rhodes', una norma de "protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia".

El comité de Peticiones ha recibido una segunda denuncia sobre los abusos a menores tuteladas en Baleares y seguirá examinando el caso tan pronto como disponga de la respuesta de las autoridades españolas.