El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado la condición impuesta por el Partido Popular de que Podemos no forme parte de la negociación para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Los de Pablo Iglesias tampoco tendrán "personas dentro" de este órgano.
Así lo sostiene el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea: "Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el CGPJ. Este es el camino adecuado", ha afirmado, para añadir que en la negociación han pedido el relevo de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
"Este es el camino correcto para renovar las instituciones y fortalecer su independencia", ha afirmado García Egea en una entrevista en COPE en la que ha dejado claro que "el pirómano no puede elegir al bombero". "Esto es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante", ha añadido.
Fuentes de Moncloa confirman a EL ESPAÑOL, por su parte, que la negociación no se ha cerrado, en contra de lo sugerido por el secretario general del PP y en contra de lo informado desde el lado morado del Gobierno. "La negociación sigue abierta", explican desde Presidencia.
"Podemos no es necesario"
García Egea ha recordado que Casado puso a Sánchez tres condiciones para apoyar la la renovación del CGPJ: que Podemos quedara fuera de cualquier negociación, avanzar en su despolitización y el refuerzo de la independencia de este órgano. "El PSOE está aceptando la primera de estas condiciones", ha anunciado cinco días después de que el presidente del Gobierno llamara a Casado para abordar la renovación del CGPJ.
En este punto, el número dos del PP ha insistido en varias ocasiones en que Pablo Iglesias "no va a estar en la renovación" del CGPJ porque Podemos "tiene un pacto con Pedro Sánchez y no con nosotros". "Estamos hablando de un pacto parlamentario y Podemos no es necesario en absoluto y hay que seguir profundizando en ese camino", ha señalado.
Teodoro García Egea ha aclarado que Podemos no sólo no va a estar en las negociaciones, tampoco formará para del CGPJ. "No van a tener personas", ha apuntado.
Sobre el cese de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, el dirigente popular la ha acusado de utilizar la Fiscalía en favor de los intereses partidistas del PSOE por negociar con el excomisario José Manuel Villarejo o con el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Podemos sí tendrá puestos
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que tanto la cuota que le correspondería a la formación de Pablo Iglesias como los nombres que ocuparían esos puestos están cerrados, en un acuerdo expreso con Pedro Sánchez, desde el pasado verano. Pero Moncloa también niega ese extremo en conversación con este periódico, asegurando que "los nombres no están cerrados".
El ala morada del Ejecutivo considera que la información de García Egea es interesada, que no se corresponde con la realidad y que obedece más a la desesperación del PP por sacar pecho después del descalabro en las elecciones catalanas.
Unidas Podemos insiste en que la negociación no es entre grupos parlamentarios, sino que "es el Gobierno el que negocia", ya sea con el PP o con cualquiera. Y que eso también quedó claro en aquella reunión entre Sánchez e Iglesias del pasado verano.
Lo cierto es que esta semana está prevista otra cita mano a mano entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los líderes de ambas facciones del Gobierno, enfrentadas como nunca antes desde el acuerdo de coalición.
Reunión Iglesias-Sánchez
Desde el lado socialista y el morado del Ejecutivo admiten que las tensiones son las mayores del año largo en el que llevan compartiendo coalición, pero las dos alas desmienten cualquier riesgo de ruptura. "Sí, esto huele a reunión de Pedro y Pablo", apuntan las fuentes, anticipando la habitual solución aplicada hasta ahora para calmar los enfrentamientos.
En este punto, y respecto a la renovación de los órganos constitucionales, Unidas Podemos se niega a que los empeños del Partido Popular le marquen los ritmos. Pero este periódico ha podido saber que en la sede de los de Iglesias no hay ninguna expectativa de que sean ciertas las declaraciones de García Egea ni las informaciones que indican que el PSOE habría llegado a un acuerdo con el PP para dejarlos fuera de la negociación y de los nombres finales elegidos para el CGPJ y RTVE.
Este periódico ya informó de que el lado socialista ha ofrecido al PP la cogobernanza de la radiotelevisión pública a cambio de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y que los populares han logrado que el PSOE acepte que Podemos no pinte nada en la negociación.
¿Ruptura de Gobierno?
Unidas Podemos insiste en que todo lo tiene cerrado con el lado socialista y pactado entre Sánchez e Iglesias desde el pasado verano. Y que nada ha cambiado. Porque si esto ocurriera, la crisis podría significar la ruptura del Gobierno, por mucho que ninguna de las dos partes lo quiera.
Todo a pesar del ambiente de tensión de las últimas semanas que ha ido provocando sensación de agravio en el núcleo más poderoso de los ministros socialistas. Calvo, Calviño, Ábalos, Montero, Robles, Campo y Marlaska han sido atacados directamente por la formación morada. Y, a falta de esa reunión entre presidente y vicepresidente, cualquier movimiento en estos días es interpretado -a uno y otro lado- más por los titulares que provoca que por las motivaciones que lo impulsan. Lo que provoca malentendidos y más tensión.
En carne viva están las relaciones por la Ley de Vivienda y por la presentación de una proposición de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación en el Congreso, "cruzando todas las líneas rojas" e "invadiendo competencias" del Ministero de Irene Montero.
Un enfrentamiento que ha alcanzado su cénit por la violencia callejera y los tuits del portavoz parlamentario morado, Pablo Echenique, "alentándola" en opinión de la vicepresidenta Carmen Calvo. Las calles de Madrid y, sobre todo, de Barcelona se han incendiado sin condena expresa y con apoyo explícito de los morados justo en la semana en la que el Parlamento Europeo debe decidir sobre el suplicatorio de Carles Puigdemont... mientras una parte del Gobierno jaleaba la tesis de Pablo Iglesias de que España "no es una democracia plena".
El fin del periodo electoral en Cataluña y la ausencia de nuevas citas con las urnas en un par de años ha animado al PP a impulsar, ahora sí, el acuerdo con el PSOE. Y a los socialistas a aceptar, al menos de palabra, la exigencia de los de Pablo Casado de que Podemos, "una fuerza política que ataca las instituciones", quede fuera de la renovación de las mismas.
Pero, más allá de lo que haya anunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en los pasillos de la fuerza minoritaria del Gobierno están tranquilos y dan por hecho que, como mucho, los populares tratarán de vender que Unidas Podemos se queda fuera... pero que no será así. Ésa es la promesa que les hizo Sánchez, al menos.
Bloqueo
Desde el pasado verano, cuando se rompieron las negociaciones entre PP y PSOE, se ha incrementado la tensión por este bloqueo al registrar el PSOE y Unidas Podemos dos proposiciones de ley para reformar el órgano de gobierno de los jueces.
En la primera proponían que los vocales se eligiesen por mayoría simple, y no reforzada, y después aparcaron esta vía para tramitar una proposición que limita competencias del CGPJ como su capacidad de hacer nombramientos cuando su mandato ha caducado.
El PP ha rechazado esta reforma, que aún se tramita. Dudan de su constitucionalidad y ya han anunciado que pedirían amparo al Tribunal Constitucional porque el Congreso había decidido tramitarla por la vía de urgencia y sin escuchar ni al propio Consejo ni a la Comisión de Venecia, lo que a juicio del grupo contraviene la normativa europea.
La propuesta de PP
El partido de Casado quiere reformar también el CGPJ para que los propios jueces elijan a la mayoría de los vocales.
En concreto, proponen que los magistrados elijan los 12 del turno judicial, los que se nombran entre jueces en activo, y que el Parlamento vote a los ocho del turno de juristas de reconocido prestigio.
Esta reforma no se podría acometer en el proceso de renovación ya iniciado, admiten los 'populares', que entre tanto reclaman compromisos para garantizar la independencia judicial, por ejemplo que no puedan formar parte del CGPJ quienes hayan ejercido cargos políticos en los últimos 10 años.
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